El 28 de enero de 2019, un desconocido y presunto empresario agropecuario, de nombre Pedro Etchebest, radicó una denuncia ante el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla, un magistrado muy cercano al kirchnerismo y con un puesto en la filial marplatense de la agrupación judicial k Justicia Legítima, en perjuicio del falso abogado Marcelo D´Alessio, a quien acusó de intentar extorsionarlo en nombre del Fiscal de Comodoro Py, Carlos Stornelli, que por aquellos años procuraba la sensible causa de los cuadernos de la corrupción kirchnerista. Al tiempo, también fue involucrado el periodista Daniel Santoro, cuyo procesamiento fue revocado el pasado 11 de diciembre.

Pocos meses antes de aquel sonoro episodio, más precisamente el 14 de septiembre de 2018, el Juez Federal de Mar del Plata, Dr. Santiago Inchausti, en el marco de la causa 29.337, dictó el procesamiento de Matías Albano Etchebest, por los delitos de “trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por la cantidad de víctimas y sujetos activos, por el abuso de situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de menores de edad, bajo las modalidades de captación, traslado y acogimiento en concurso ideal con el delito de haber facilitado la permanencia irregular de personas extranjeras en el territorio nacional -siendo un total de 15-,doblemente agravada por el abuso de su necesidad, y por tratarse de menores de edad”. El procesado es hijo del denunciante de Stornelli. Además, también fue procesado por “tenencia ilegítima de armas de fuego”.

Pese a que entre 2008 y 2018,el departamento Judicial de Mar del Plata encabezó el ránking nacional de las jurisdicciones con más condenas por trata de personas, según un informe difundido en diciembre de aquel año por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), con 271 sentencias en las que fueron condenadas al menos 564 personas, actualmente la causa está virtualmente “congelada”. Cuenta una alta fuente judicial que “el expediente está totalmente dormido”, añadiendo con cierta sugestión: “No se movió una hoja desde 2019”.

No conforme con ello, la titular del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que fuera el denunciante original del proceso contra los Etchebest, la psicóloga Zaida Gatti, consideró a comienzos de 2020 que la ciudad “tiene un altísimo nivel de trata de personas”, al tiempo que destacó “la desarticulación de redes afincadas” en el distrito. Pese a ello, resulta muy sugestivo que el expediente en cuestión no muestre avances desde hace más de 2 años. El mismo lapso en el cual la causa contra Carlos Stornelli y Daniel Santoro, entre otros, fue agotando varias etapas procesales.

La causa contra Matías Etchebest por trata de personas

Las suspicacias se incrementan cuando se accede a los detalles del procesamiento que no solo involucró a Matías Etchebest, sino también a otras personas. Algunas de las cuestiones detalladas en la resolución judicial son escalofriantes. La causa, procurada por la Fiscalía 2 a cargo por entonces de Nicolás Czizik, se inició a partir de “una denuncia efectuada a la línea 145 del Servicio Social Sierra de los Padres dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredón respecto de una presunta situación de explotación laboral en un campo emplazado en la Ruta Nacional 226 entre los kilómetros 19 y 20 del barrio Gloria, La Peregrina”. La quinta en cuestión se dedicaba a la cosecha de kiwis y frutilla, y los hechos tuvieron lugar entre el 28 de enero y el 16 de julio de 2018.

En General Pueyrredón se estima que hay 400 hectáreas de kiwi. El dato más contundente que refleja la producción de la ciudad es que allí se produce el 80% del kiwi nacional que se consume en el país. Plantar una hectárea de dicha fruta cuesta entre 30 y 40 mil dólares. Pero para el que empieza de cero, es difícil que lo haga en menos de diez hectáreas. Y eso significa una inversión de gran magnitud. Pedro Etchebest posee 48 hectáreas.

En la entrevista mantenida con la Licenciada Ana Cordonnier, de Servicio Social, el 17 de mayo de 2018, la denunciante, de nacionalidad boliviana, manifestó que vivía “en ese campo desde hacía dos meses junto a su pareja, su hijo menor de edad y con otros grupos familiares también oriundos del Estado Plurinacional de Bolivia”, como consta en los autos de procesamiento. También señaló que “el patrón –sin dar su nombre o alguna otra referencia– les abonaría los pasajes para viajar hacia la Argentina y les daría vivienda y buena paga”, aunque luego de arribar al lugar, “les manifestó que debían devolver el valor de los pasajes, por lo que dicha deuda los imposibilitaba para retornar hacia su país de origen, y les dio una sola habitación y un baño para 12 personas”. Asimismo, habría referido que “los niños y adolescentes estaban sin escolarizar y que trabajaban en las mismas tareas que realizaban los adultos”.

De acuerdo a la pesquisa instruida por el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal 3 de Mar del Plata y subrogante del 1, allí habrían vivido 7 adultos y 8 menores de edad, “todos ellos oriundos de Bolivia, con su situación migratoria irregular, en condiciones de hacinamiento y en casillas de ostensible precariedad, quienes habrían sido víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación laboral ya que los adultos y los adolescentes de entre 13 y 16 años de edad habrían trabajado en el mismo lugar en jornadas de excesiva duración, sin contrato laboral ni registración ante los organismos administrativos correspondientes, percibiendo por sus tareas salarios ínfimos o no acordes con la labor desarrollada, las que se habrían realizado además sin las correspondientes medidas de seguridad ya que no habrían sido provistos de elementos y herramientas propias para los trabajos que habrían realizado”.

También, según el magistrado, “se verificó la existencia de 4 casillas precarias con camas y colchones en mal estado”, por lo que se procedió a la detención de 6 personas, entre ellas, Pedro y Matías Etchebest, a quienes se los imputó por “haber participado desde el día 24 de enero de 2018 hasta el día 17 de julio de 2018, en las maniobras de captación, traslado y posterior acogimiento para su sometimiento a servidumbre con fines de explotación laboral”.

De acuerdo a los testimonios de las víctimas, la oferta consistía en un pago de $100 por hora trabajada (al cambio de aquella época, unos U$S 4) y vivienda, “con la posibilidad de escolarización para sus hijos y guardería”. Pero una vez arribadas al predio rural, “habrían sido provistas de una casilla de dimensiones reducidas en la que habrían vivido en condiciones de hacinamiento durante casi 2 meses”. Ello originó el reclamo de las familias, por lo que les fue “facilitado materiales para construir 2 pequeñas y precarias casillas con madera, chapas, nylon y plástico, en las que en bajas temperaturas se calefaccionaban con leña y solo tenían un sanitario precario construido en el exterior para todos”.

A través de las entrevistas llevadas a cabo por el Programa de Rescate y del trabajo de la División Trata de Personas, Área Interior de la Superintendencia de Investigaciones Federales, de la Policía Federal Argentina, las víctimas confirmaron que “durante casi dos meses todas las familias vivieron en una casilla de dimensiones reducidas compuesta por una habitación y un baño y que se habían alojado allí en condiciones de hacinamiento, llegando a dormir todos “abollados” como ellas mismas lo describen”. Posteriormente, les otorgaron “maderas, chapas, plásticos y nylon, pudiendo construir 2 pequeñas casillas de ostensible precariedad con un sanitario en el exterior”.

Las víctimas aseguraron que “el tiempo dedicado a la construcción de dichas casillas no fue reconocido como horas de trabajo y, por lo tanto, no fueron remunerados por dicha labor, por lo que debieron realizar por fuera del horario de trabajo en la cosecha para no perder el dinero de la producción”.

Además, transcurrido el primer mes, “los trabajadores habrían sido intimados a acelerar la producción y la remuneración se habría fijado unilateral y discrecionalmente en una paga quincenal de entre $45 y $47 por hora”, es decir menos de la mitad de lo prometido, y que encima “luego pasó a ser por cantidad de producción, oscilando entre los $ 10 y $ 25”. Asimismo, según la instrucción, la modalidad de captación apuntaba a conseguir trabajadores con familias e hijos, con el presunto objetivo de aumentar la producción. El juez afirma que “ante la insuficiencia de los pagos que recibían las presuntas víctimas, los menores de edad se veían obligados a trabajar para contribuir con los ingresos de sus familias, no teniendo así la posibilidad de escolarizarse ante las extensas jornadas de trabajo a las que estaban expuestos al igual que los adultos, las que en verano eran de 12 horas diarias, llegando algunos días a ser de hasta 16 horas diarias”.

De esta manera, señala el magistrado instructor, “los menores sufrían igualmente la explotación a la que se encontraban sometidos sus padres y bajo las mismas condiciones reprochables de trabajo que aquéllos”, conformando el delito de trabajo infantil.

Respecto al principal imputado, Matías Etchebest, si bien luego delegó el mando de las tareas que habrían de llevarse a cabo para desarrollar la actividad frutihortícola, “lo cierto es que surge como director suplente South Star International, sociedad bajo cuya órbita era explotado el predio, por lo tanto no podía desconocer la forma precaria en que los trabajadores llevaban adelante sus labores diarias”.

Tal como ya consignara este medio, en el Boletín Oficial se publicó el 5 de mayo de 2010 la constitución de la firma South Star International SA, cuyas autoridades son Matías y Pedro Gastón Etchebest. Comenzó con un capital social de $12.000 y tiene domicilio en la calle Bolivar 3330 de la ciudad de Mar del Plata. Sus actividades descriptas son de lo más diversas: desde venta al por mayor de frutas y bienes muebles e instalaciones para la industria, hasta servicios de asesoramiento empresariales y reparación de edificios residenciales.

 Para trasladar a todas las víctimas hacia Mar del Plata, “Matías Albano Etchebest les habría comprado los pasajes de ómnibus, pero al arribo de éstas al predio les habría dicho que con el trabajo que habrían de realizar en la quinta debían devolver el costo de esos pasajes y las sumas de dinero que les había anticipado para la compra de víveres, por lo que debían trabajar más de 4 meses para pagar solo el costo de los pasajes”, asegura el juez.

En un párrafo de su resolución, afirma que “la captación, traslado, acogimiento y sometimiento” de las víctimas, “para vivir y trabajar en el predio rural sindicado tuvo éxito debido al aprovechamiento por parte de los imputados de la vulnerabilidad socioeconómica en la que se hallaban”. Al entrevistarlos, el Programa Nacional de Rescate determinó que “todos ellos se encontraban en situación de vulnerabilidad desde antes de empezar a vivir y trabajar en el predio investigado y que esa situación se agravó con la estadía y las labores prestadas allí”.

Matías Etchebest, junto a su padre y un grupo de personas más, fueron detenidos, aunque por pocos días. El 31 de agosto prestaron declaración indagatoria, ya privados de su libertad. Y el 14 de septiembre el hijo del presunto empresario agropecuario fue procesado, junto con su mano derecha, Ariel Dell´Aquila, y los hermanos Juan Marcelo y Ceferino Javier Villca, capataces del lugar. Cabe consignar que a Pedro Etchebest le fue dictada la falta de mérito. Pero no así su hijo, quien quedó muy comprometido.

En su declaración, manifestó que había ido “sólo 3 o 4 veces al predio rural desde que lo compró” y que la última vez había sido “hace 3 o 4 años”, agregando que “no conocía a ningún trabajador de nacionalidad boliviana según los nombres de las presuntas víctimas que le fueron leídos”, y declaró que “quien estuvo a cargo del campo en un principio era su hijo Pedro Gastón Etchebest y que éste, por razones de seguridad, se fue a vivir a Estados Unidos, por lo que el control del predio pasó a manos de su otro hijo, Matías”.

De acuerdo a la instrucción, uno de los hechos que se resaltan es que tanto Dell´Aquila como los hermanos Villca, para amenazar a las víctimas de que no denuncien nada, se jactaban aduciendo importantes “contactos e influencias” por parte de Matías Etchebest. Esto se corrobora, según surge de la causa, que presuntamente le habrían advertido que la justicia iba a realizar un allanamiento al campo, por lo que dispuso que todos se fueran y que el mismo “quedara limpio”.

A pesar de todo lo descripto, el proceso quedó detenido en el tiempo. Apenas 4 meses después de la resolución de Inchausti, el padre del principal procesado radica su denuncia en el juzgado de Ramos Padilla. Y aunque la causa cuadernos fue elevada a juicio oral, lo cierto es que aún pesan sobre Carlos Stornelli dos imputaciones, que la Cámara de Mar del Plata confirmó. No son pocos los que suponen que por allí pueden apuntar nuevamente contra el Fiscal de Comodoro Py.

El 20 de octubre de 2020, bajo el título “La trata de personas en el mundo del trabajo”, la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas de Mar del Plata/Batán propuso un conversatorio para abordar este delito con la mirada puesta en el sector rural. Allí estuvo, entre otros, el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y amigo del Papa Francisco, Gustavo Vera. Uno de los presentes sostuvo que “está instalado que está bien trabajar de sol a sol, que el salario sea más o menos, que no haya vacaciones; es normal que no haya jubilación, es una forma de enseñanza que los niños también trabajen”. Lo dicho parece una descripción exacta de lo que ocurría en el campo de los Etchebest. Y agregó que la lucha contra la trata en la zona “nació a partir de la visión y compromiso del fiscal Daniel Adler”.

A partir de la renuncia de Nicolás Czizik, quien procura la causa en la actualidad y la tendría paralizada, según las fuentes consultadas, es el titular de Justicia Legítima en Mar del Plata, Daniel Adler.