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Acaba de producirse en Argentina la mayor compraventa empresaria en muchos años. Un grupo de inversores encabezados por el exjefe de los diputados menemistas en los 90, José Luis Manzano, le compró al grupo Pampa, liderado por Marcelo Mindlin, las acciones que alcanzan para controlar Edenor, una de las mayores distribuidoras eléctricas de América latina, que brinda el servicio de luz en el norte de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
La operación está llena de curiosidades. Una es el monto: apenas 95 millones de dólares, lo cual habla, para empezar, de la pérdida de valor de la Argentina en general. Otra es que la venta tiene lugar cuando, se supone, están por renegociarse las tarifas eléctricas, hoy tan bajas por el congelamiento que hace que las distribuidoras como Edenor (y Epec, y Epe y cualquier otra) no puedan siquiera pagar la electricidad que reparten. En semejante situación, el congelamiento terco puede servir para “incentivar” a alguien a vender y la promesa de descongelar puede servir para premiar al que compra, si es un amigo, apenas meses después de realizada la compra. Son pliegues del siempre opaco intervencionismo estatal.
Pero vista desde el interior del país la operación contiene otro dato que en Buenos Aires se tiende a ignorar. Justo una semana antes de que se cerrara la venta, la Nación se hizo cargo de una voluminosa deuda que municipios del Conurbano tenían con Edenor y Edesur. Hay dos versiones respecto de cuánto le tocó a Edenor. Una dice 3.100 millones de pesos; la otra dice 1.100 millones de pesos. 3.100 millones de pesos no son moco de pavo: equivalen a un tercio de lo que pagará Manzano por Edenor. Es evidente que la cancelación de la deuda facilitó la venta de Edenor.
La deuda se acumuló desde que, hace unos años, los barones del Conurbano se comprometieron a pagar la electricidad de las villas miseria. Por supuesto, no cumplieron. Ahora, por decreto, a esa deuda la pagará la Nación, con el presupuesto y los impuestos de todo el país.
A nadie se le mueve un pelo. A nadie se le ocurre que la Nación debería dejar de poner plata en los barriles sin fondo del Conurbano o bien debería ponerla en todo el territorio del país. ¿Por qué razón la Nación paga la luz de las villas miseria de La Matanza y no de las de Rosario, Tucumán, Córdoba o Mendoza? Silencio.
Una vez más, los intranjeros, los argentinos que vivimos en el interior pero somos tratados como extranjeros, tenemos que pagar nuestros propios servicios y, con lo que nos sobra, financiar los servicios públicos semigratuitos del Gran Buenos Aires, algunos de los cuales ni siquiera tenemos, como los trenes de pasajeros.
Todo sucede en nuestras narices. No sólo los opacos traspasos de manos de empresas públicas, sino, sobre todo, la grotesca, abierta y explícita discriminación que nunca termina.
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