En los juegos de azar la banca siempre gana. En la ruleta del presupuesto, los jubilados siempre pierden.

Perón reconoció en 1973 –en un discurso que este oficialismo prefiere ignorar– que la falla de origen es haber dejado la administración del ahorro previsional de los trabajadores en manos del Estado.

Para financiar el déficit permanente entre recaudación impositiva y gasto público, se desfinanció a los jubilados. No alcanzó y se aplicaron más impuestos. Tampoco fue suficiente y se echó a andar la maquinita.

Los jubilados perdieron por partida doble. Les manotearon la porción del salario que están obligados a ahorrar. Y les fueron comiendo sus billeteras flacas con el impuesto inflacionario. El más regresivo, porque pagan más quienes menos ingresos tienen.

Los constituyentes imaginaron una solución jurídica para preservar el poder adquisitivo de los haberes en una economía inflacionaria. Establecieron una cláusula de movilidad automática para que los jubilados no perdieran la carrera contra los precios.

Ese derecho constitucional fue letra muerta. Las urgencias fiscales pueden más.

Remiendo tras remiendo, se fue construyendo el Frankenstein que es hoy el sistema previsional.

La regla general, como dijimos, es que los jubilados siempre pierden. Pero determinados grupos con poder político o corporativo se acovacharon en bolsones de privilegio que, aun con retoques, todavía sobreviven. Al empobrecimiento de la mayoría se sumaron inequidades irritantes.

El fallo que acaba de dictar un juez militante lleva esa injusticia a un extremo pornográfico. Hizo lugar a un privilegio, contrario a la ley, que ella reclamaba. Con la misma convicción que declamó en el acto de La Plata, exigiendo a su Gobierno que defienda los ingresos de los jubilados.

Les meten la mano en la billetera exhausta, los confinan a sobrevivir en la indignidad y les mienten con cara de cemento. Anoche pudimos escuchar en Diputados arengas encendidas que pretendían vender gato por liebre. Con el silencio cómplice de los militantes de las pedradas y los morteros.

Las dictaduras militares avasallaron los derechos más elementales de los ciudadanos. Los jubilados no iban a ser la excepción.

La democracia recuperada en el ’83 tampoco los rescató. Desde la emergencia previsional de Alfonsín para acá, todos los gobiernos los ajustaron. Todos: Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor, Cristina, Macri y Alberto Fernández.

Un extremo notorio fue la confiscación de los depósitos de los trabajadores en las AFJP. El Gobierno de entonces la envolvió en un packaging atractivo para cierto “progresismo” superficial.

La clase política elude de manera sistemática el debate de una reforma de fondo que asegure la sustentabilidad del régimen previsional y termine con los privilegios.

Los sistemas jubilatorios de casi todo el mundo enfrentan un problema estructural. Disminuye la relación entre aportantes y beneficiarios, por el alargamiento de las expectativas de vida de las personas.

Argentina le suma los problemas propios del des-desarrollo que padece hace décadas. Aumento explosivo en la cantidad de jubilados sin aportes. Caída del número de aportantes por reducción del empleo en blanco. Expansión del trabajo en negro, que tampoco contribuye al sistema. Hay apenas un activo por cada pasivo. Se necesitan al menos cuatro.

El bache se completa con impuestos corrientes. La jubilación se ha ido desnaturalizando hasta convertirse casi en un subsidio más del Estado.

El cuadro se completa con un sobreajuste a los jubilados sin capacidad de presionar al poder. Se les quitan recursos para financiar las prerrogativas de otros y el despilfarro en diferentes áreas del Estado. Los sucesivos zarpazos se instrumentan por leyes inconstitucionales. Por lo tanto, achican un pasivo actual pero devengan otro a futuro. La Justicia sentencia inexorablemente en contra. Los fallos se incumplen o se ejecutan a medias con otro parche. Hasta el próximo recorte.

El “vamos viendo”, que patea los problemas hacia adelante, es la política de estado más sólida en la Argentina. La continúan todos los gobiernos. Es consistente con una dirigencia incapaz de ordenar la economía y bajar la inflación a límites civilizados.

La única ley inflexible es la del gallinero. Condenados a permanecer en planta baja de la injusticia, los jubilados siempre pierden.