La actual vicepresidenta de la Nación fue habilitada por la Justicia a cobrar dos beneficios previsionales. Uno es una pensión por viudez de un ex – presidente y el otro es una jubilación por haber sido presidenta. Al ser un régimen de privilegio entre ambos beneficios cobrará de la ANSES aproximadamente $2 millones mensuales, con retroactivos y más el beneficio de no pagar impuesto a las ganancias. Además, el fallo judicial deja abierto el precedente para que reclame una tercera jubilación de privilegio cuando cese en su actual cargo de vicepresidenta.

El caso tuvo trascendencia pública porque un Juez decidió fallar en favor de un reclamo abusivo y grotesco de quien hoy detenta el cargo de vicepresidente. Pero más allá de este caso puntual, desde el punto de vista de la sostenibilidad y equidad del sistema es relevante evaluar en qué medida las normas previsionales permiten acceder a beneficios previsionales sin haber hecho aportes y a duplicar beneficios. Dicho de otra manera, ¿cuán excepcional es la situación de la vicepresidenta?

Un informe del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA) lo responde sobre la base del Boletín Estadístico de la Seguridad Social, donde se puntualiza que en el sistema nacional hay 5,5 millones de jubilados y pensionados, de los cuales:

• 1,8 millones o el 32% son jubilados o pensionados que obtuvieron su beneficio con aportes y cobran un solo beneficio.

• 2,6 millones o el 47% son jubilados o pensionados que obtuvieron su beneficio sin aportes, mediante las moratorias.

• 1,1 millones o el 21% son jubilados y pensionados que tienen doble beneficio, de los cuales el 70% obtuvo uno o ambos beneficios sin aportes (con las moratorias).

Estos datos muestran que 2 de cada 3 jubilados y pensionados obtuvieron su beneficio previsional sin aportes o está cobrando múltiples beneficios. En otras palabras, acceder a beneficios previsionales sin haber hecho aportes previamente y duplicar beneficios no es una excepción sino la regla. Ciertamente que, por los montos involucrados, el caso de la vicepresidenta resulta especialmente irritante. Pero mucho más grave es que las normas y la jurisprudencia avalan la masificación de este tipo de distorsión.

El sistema previsional estaba en crisis antes del COVID. En el 2019 el Tesoro Nacional tuvo que transferir a la ANSES 1,4% del PBI para cubrir desequilibrios. Parte del problema está en el deterioro del mercado de trabajo, donde prevalecen altas tasas de inactividad, desempleo, informalidad y bajos salarios. Pero la mayor responsabilidad la tienen las reglas de beneficio muy laxas y concesivas. Prueba de ello es que el gasto previsional en términos del PBI en Argentina es más alto que en países mucho más envejecidos.

La agenda que es necesario abordar para ordenar el sistema previsional tiene cuatro pilares. El primero es eliminar los regímenes especiales, es decir, tender a que todas las personas se jubilen bajo las mismas condiciones. En algunos casos la reforma debería ser de shock –como el régimen de privilegio para presidente y vice– en otros es conveniente aplicar cierta gradualidad o incluso contemplar regímenes de capitalización complementarios. El segundo pilar es cerrar las moratorias y perfeccionar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como herramienta de protección a las personas que llegan a la edad de jubilarse sin aportes. El tercero es tender a eliminar la pensión por sobrevivencia de manera de evitar los múltiples beneficios en consideración a que con la PUAM todas las personas estarán protegidas. El cuarto pilar es establecer un mecanismo de adaptación permanente de la edad jubilatoria al envejecimiento demográfico.

Resulta muy sugerente que mientras el Poder Judicial avalaba el reclamo de la vicepresidenta para cobrar dos beneficios de privilegio, el Congreso aprobaba el cambio en la fórmula de movilidad. La nueva fórmula, más allá de los acalorados debates, no va a resolver los problemas de sustentabilidad ni de equidad del sistema previsional. El fallo, al legitimar el derecho a cobrar dos beneficios a una persona que no hizo aportes, los va a agravar. La consecuente profundización en la degradación del sistema aumenta la urgencia de diseñar y acordar un plan integral de ordenamiento previsional.

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