El gobierno necesita que los votantes perciban los efectos positivos de la recuperación económica antes de los comicios legislativos, para llegar a ellos con mayores chances de obtener un triunfo. Para eso, viene desplegando un conjunto de medidas cortoplacistas, que de ninguna manera resuelven los problemas estructurales que arrastra la Argentina (y en algunos casos los agravan). El “plan” económico del Frente de Todos parece concentrarse en la acumulación de restricciones cambiarias (para evitar sobresaltos terminales), intervención sobre los precios y en inflar artificialmente el consumo.

En el plano cambiario, la brecha sigue provocando tensión y el presidente Fernández quiere evitar una devaluación antes de las elecciones. Bajo el régimen actual, y a pesar de las restricciones que rigen para la compra de dólares, el BCRA no logra que las reservas internacionales se recuperen de forma significativa. El efecto brecha lo impide, ya que alienta a los importadores al tiempo que desalienta a los exportadores, que se ven obligados a liquidar al tipo de cambio oficial (en noviembre el superávit comercial fue solo de 271 millones de dólares).

Para cuidar los escasos dólares con los que cuenta el BCRA, el gobierno cierra la economía cada vez más. En vez de enfrentar las verdaderas causas que provocan la brecha cambiaria, el Frente de Todos pretende prolongar un poco más la agonía (al menos espera llegar hasta las elecciones) directamente prohibiendo el ingreso de determinados productos. El gobierno teme quedarse sin los dólares necesarios que alimenten el anhelado rebote de la economía, por eso las divisas a precio oficial quedarían únicamente reservadas para la importación de bienes vinculados a los procesos productivos.

El gobierno tampoco pone en marcha medidas tendientes a solucionar los problemas de fondo que provocan la inflación. Por el contrario, pretende seguir inflando el consumo artificialmente mediante la emisión monetaria (que retroalimenta la inflación) y colocando parches parciales y provisorios, basados en un control férreo de los precios, que en el corto plazo pueden generar algún alivio en el bolsillo, pero a la larga generan distorsiones, falta de inversión y escasez. La regulación en los precios de la economía es cada vez más amplia: se autorizó a partir de enero un incremento del 5% en las tarifas de internet, TV por cable y telefonía y el presidente Fernández suspendió él mismo el aumento del 7% que el Ministerio de Salud le había otorgado a las prepagas, en ambos casos las empresas sostienen que se pone en riesgo la correcta provisión de los servicios.

La fuerte intervención que el gobierno está realizando sobre la economía está generando malestar en múltiples sectores empresarios y productores. El sábado, el “Foro de Convergencia Empresarial”, que agrupa a más de 40 cámaras del sector privado, emitió un duro comunicado contra las políticas que está llevando a cabo la administración del Frente de Todos y la repetición de medidas que ya han fracasado. Como elemento adicional, el Campo, que ya venía manifestando su disconformidad por la fuerte presión impositiva a la que es sometido, comienza a partir de hoy un cese de comercialización de granos por 72 horas. La medida de fuerza es en respuesta a la decisión del gobierno de cerrar la exportación de maíz hasta marzo.

Al momento de enfrentar contiendas electorales, prácticamente todos los gobiernos del mundo intentan que el ciclo económico juegue a su favor, aunque lo hacen a partir de medidas de corto alcance y bajo riesgo. Sin embargo, pocos llegan tan lejos como el Frente de Todos, que complejiza aún más los severos problemas de la economía argentina y las posibilidades de desarrollo futuro con tal de obtener un beneficio electoral, el cual ni siquiera está asegurado. El gobierno debería saber que tarde o temprano las consecuencias de no enfrentar los grandes desequilibrios macroeconómicos se pagan. Los antecedentes en la Argentina abundan y no hay que ir demasiado lejos en el pasado para evidenciar que estos proyectos meramente electoralistas salen mal.

Al gobierno de Mauricio Macri le ocurrió: decidió postergar las reformas estructurales que la Argentina necesitaba y en 2018, cuando los mercados internacionales se cerraron, la situación económica se tornó caótica (se desató la corrida cambiaria, se disparó el tipo de cambio y se aceleró la inflación). Para Macri, la consecuencia electoral de no afrontar los problemas reales fue la derrota de Juntos por el Cambio en 2019. A la distancia, el triunfo del 2017 resultó pírrico.

Los antecedentes de Cristina Kirchner tampoco son mejores. Medidas similares a las de ahora adoptadas durante su gobierno (de fuerte intervención sobre la economía, incluyendo cepo cambiario, control de precios y atraso tarifario) no produjeron el estallido de una crisis como ocurrió en 2018, pero provocaron la dura estanflación que llevo a las derrotas electorales de 2013 y 2015. Lo cual demuestra que el estallido de una crisis terminal no es requisito indispensable para que el electorado castigue los desmanejos de la política económica. Lo interesante e inexplicable es que el cuarto gobierno kirchnerista avanza en la misma línea con el antecedente propio y ajeno de que termina saliendo mal, incluso electoralmente. Ni la experiencia propia ni la del principal rival justifican lo que el Frente de Todos está haciendo, pero lo están haciendo igual por capricho o por ideología.