La solidaridad es en general considerada un valor social importante, imprescindible incluso para la convivencia pacífica y la colaboración entre las personas. Pero, ¿qué sucede cuando ella promueve la cohesión en una banda de delincuentes? Se degrada, se vuelve el arma facciosa de un grupo contra la sociedad más amplia.

Con la lealtad sucede algo parecido. Es un cemento muy valioso de la acción colectiva, y por tanto de toda construcción política, pero cuando se contrapone a los principios generales de Justicia de una república, la lealtad tiende a volverse un factor disolvente del respeto a las reglas de juego institucional por parte del grupo que la profesa.

En suma, ambos valores se convierten en algo muy distinto, casi lo opuesto, cuando funcionan en un ambiente contaminado por la omertá, los pactos de silencio por los que un grupo cerrado y pequeño se autoriza a hacer cualquier cosa con tal de imponer sus intereses a los demás. La sociedad se transforma, en este caso, en el enemigo a someter, deja de ser un ámbito de convivencia pacífica y de cooperación para ser secuestrada por el grupo, que actúa con total “solidaridad” y “lealtad” dentro suyo y nula hacia los demás, mintiendo, extorsionando, atropellando, robando.

Algo de esto es lo que pareciera estar sucediendo en el Frente de Todos, tal como se revela en la solicitada publicada este domingo en apoyo a Amado Boudou y “demás presos políticos”. El grupo se vuelve el todo, se cierra en sí mismo, y se dispone a hacernos a los demás lo que se le cante con tal de imponer sus intereses y salvar a los suyos de cualquier inconveniente. El mensaje contiene dos novedades importantes al respecto, ambas muy preocupantes.

La primera, por primera vez dieron su apoyo casi todos los grupos en que está dividido el kirchnerismo, incluidos muchos funcionarios nacionales, en respaldo a todos los acusados, varios de los cuales, incluso condenados por casos de corrupción, también firmaron. Hasta ahora sucedía que los primeros se cuidaban de extender su solidaridad a gente como Julio De Vido, Ricardo Jaime o el mismo Boudou, hablaban de lawfare para defender a Cristina, pero implícitamente aceptaban que algunos ex compañeros se merecían los juicios en su contra, o se habían vuelto indefendibles. Es decir, intentaban una cierta transacción con el resto de la sociedad, y con las instituciones: como decir “confórmense con los que ya agarraron, dejen en paz a Cristina”.

Claro que algunas ausencias igual hubo. Los funcionarios albertistas que van quedando, algunos nombres notorios del kirchnerismo como el de Acel Kicillof, que igual respaldó a Boudou personalmente, o Wado de Pedro. Y gente de los organismos de derechos humanos, a los que tal vez les resultó demasiado incómodo salir abiertamente a hacer campaña por la mentira, el olvido y el freno a la Justicia.

La segunda novedad se relaciona con esto último: se desconoce en el texto por completo legitimidad y veracidad a todo lo que ha realizado la Justicia, durante años y años, en estos casos, tomando como leading case el más escandaloso y más sólidamente documentado de todos ellos. Para poder borrar de un plumazo todos los hechos probados y sospechados de corrupción del kirchnerismo, en todas las demás investigaciones, sin ningún disimulo y con total desparpajo se escoge el caso más avanzado e indiscutible, el que ha atravesado más instancias de revisión y ha dado más contundente prueba de que los delitos existieron y sus responsables son los señalados, para producir una suerte de efecto dominó en los demás: tras demoler las investigaciones sobre las andanzas escandalosas de Boudou, imaginan que se volvería mucho más fácil demoler también todo lo demás, lo que viene con más rezago.

En el caso concreto de Boudou lo hacen aludiendo a un tema absolutamente menor y casi irrisorio, que un testigo arrepentido “dijo que recibió dinero”. La causa pasó por quince jueces, una cantidad similar de fiscales, contiene el trabajo de años de la parte del Poder Judicial que pese a todos los obstáculos que se le ponen se empecina en realizar la misión para la que ha sido creada, y para la que la sociedad le paga, atravesó todas las instancias de revisión y apelaciones habidas y por haber, pergeñadas por abogados muy caros que sólo muy pocos pueden pagarse, y la solicitada en cuestión borra todo eso con una referencia equívoca e infantil a un testigo que “dice” no se aclara muy bien qué sobre no se sabe bien qué dinero que no se sabe muy bien quién le ofreció. Es la demostración más palmaria de que cuando funciona la omertá, no importan los hechos, ni la argumentación lógica sobre ellos, ni las reglas comunes para distinguir verdad y mentira. Importa solo el interés del grupo.

Y demuestra para dónde apunta esta gente: si hay que liquidar centenares de expedientes, eliminar miles de pruebas y resoluciones judiciales para anular la historia de los juicios en contra de sus jefes, están dispuestos a hacerlo. Y a hacerlo de raíz: no debe quedar nada en pie de esas investigaciones, para que nunca más se diga que el kirchnerismo fue, y es, corrupto.

Hay un tercer dato muy preocupante de la solicitada: que lleva las firmas de varios ex presidentes de la región. Gente que también está en problemas ante la Justicia de sus países y que parece decidida a hacer en ellos lo mismo que hacen los kirchneristas en el nuestro. ¡Qué triste ver a Lula da Silva arrastrado a cumplir este horrible papel! Él, a quien en algún momento se pudo atribuir la virtud enorme de estar nutriendo de igualdad a uno de los países más desiguales de la tierra, sin afectar las instituciones republicanas ni la sustentabilidad del progreso económico. Verlo hoy reducido a una caricatura, al rol de apañador de un descuidista sin mayores luces ni méritos, genera una enorme decepción. ¡Qué penoso derrotero el seguido por buena parte de la izquierda, no solo argentina, sino latinoamericana!, ¿cuánto tiempo va a llevar reparar ese daño, que tal vez sea mucho más grave que todo lo que se han robado?

Pero volviendo a las implicancias internas de la carta, es claro que el emisario de tanto entusiasmo liberador es, entre otros, el presidente. A quien el kirchnerismo puro y duro le está advirtiendo que va a tener que poner el gancho, y asumir el costo político que le toque en la batalla nacional-populista contra la Justicia.

Para Alberto es un ultimatum, que lo pone entre la espada y la pared. Porque no es casual que el documento se conozca a poco de que él dijera que no puede indultar a procesados: justamente Boudou ya no lo es, está condenado, así que no le va a ser tan fácil lavarse las manos del caso. Ahí el costo tiene que pagarlo él, no el Parlamento.

Si uno fuera mal pensado podría concluir que lo que quieren Cristina y los suyos es forzar a Alberto a que meta los pies en el barro hasta el fondo, y lo haga antes de que se avance en otros frentes en la guerra contra la Justicia, desde el Congreso.

La conclusión sería que están cambiando el juego con que el presidente dio largas al asunto durante el primer año de su mandato. A los ojos de los K, él les falló, porque no quiso involucrarse más, buscó disimular, hablando de reformas judiciales, cambiando quirúrgicamente un juez o un fiscal acá o allá. Ahora le están diciendo: los costos los vas a pagar y pronto, porque la paciencia se acabó. Lo que le reclaman, finalmente, es una prueba de lealtad y solidaridad peronista, y una bien difícil.