El presidente Alberto Fernández enfrenta un desafío que se deriva del acuerdo con su jefa. Llegó a la presidencia no con el cometido de gobernar el país para intentar mejorar la condición de su gente sino con la única premisa de liberar a Cristina Fernández de sus complicaciones judiciales. Es un presidente a la medida de una persona, no a la medida de un país o, al menos, a la medida de la porción de gente que lo votó.

El presidente sabe que está acabado. Su pacto con el diablo le impide proyectar un futuro político personal. Al preferir el “pájaro en mano” de mayo de 2019 cuando la jefa del kirchnerismo le propuso la jugada, sepultó la eventual proyección que su figura podría tener.

El actual presidente en aquel momento puso en la balanza, por un lado, los goces actuales de lo que le proponían (la presidencia y, seguramente, una contraprestación para que pudiera vivir tranquilo el resto de su vida) y, por el otro, las posibilidades que le daba alcanzar la primera magistratura para proponer algo mejor para los argentinos. Eligió lo primero.

Allí quedó sellado el pacto que ahora lo aprisiona. El tiempo pasa y la Sra. Fernández ve que la parte del pacto que le corresponde al presidente no avanza.

Ella sigue empantanada en más de diez causas judiciales que, con el paso cansino de una tortuga, progresan y no desaparecen. Hay algunas que la involucran con otros funcionarios del que fue su gobierno y otras en donde está procesada exclusivamente junto a sus hijos, a quienes, junto a su esposo, metió en un lío que los puede llevar a la cárcel.

Su urgencia es absoluta. Necesita que el presidente haga lo que hacía ella con la justicia, es decir, darle órdenes para que tome determinadas decisiones. Ella está convencida de que eso puede hacerse porque ella lo hizo. Pero el otro Fernández o tiene dudas o se resiste a hacerlo con la velocidad que su jefa requiere.

La Justicia ha confirmado la validez de muchos de los procesos que la Sra. Fernández cuestionaba. En especial en la causa conocida como “cuadernos”, se ha pronunciado sobre la validez constitucional del testimonio de los arrepentidos. La prueba testimonial y documental acumulada en esa causa es devastadora para los intereses de la Sra. Fernández. No hay manera de que pueda salir absuelta en el juicio oral, con jueces que simplemente lean lo que tienen enfrente.

Lo mismo ocurre en las causas de Hotesur y Los Sauces, en donde aparecen involucrados sus hijos y que sirve de antecedente condenatorio a Lázaro Báez en otra causa que se le sigue al ex cajero de banco por lavado de dinero y que ha sido conocida en todos estos años como “la ruta del dinero K”.

Este intríngulis ha motivado algunas especulaciones que involucran al presidente. Una es la posibilidad de que se dicte un indulto. Fernández ha dicho que no lo hará porque esa excepción constitucional es para condenados y no para gente que aún está en proceso. Además habría que tener una tremenda cara de piedra para dictar un indulto por casos de corrupción cuando lo que se estaría perdonando son robos a los bolsillos del pueblo. El presidente entonces hizo una referencia a la amnistía que debería ser declarada por las dos cámaras del Congreso.

Si el dictado de un indulto mandaría al frente al presidente -a quien dejaría escrachado frente a la sociedad- una amnistía incendiaria a todo el peronismo que quedaría, definitivamente, tan solo como una herramienta de los deseos y de las conveniencias personales de la Sra. Fernández.

Tal vez por eso se estén viendo cosas curiosas en el horizonte político. Una de ellas es la situación de Formosa y del gobernador Insfrán.

Este señor feudal que gobierna una de las provincias más pobres del país desde hace 26 años, ha generado en su territorio una serie de centros de aislamiento que fueron mostrados en diversos videos como verdaderos centros de detención, por no hacer comparaciones más complejas y espeluznantes.

Allí la gente aparece hacinada, sin comida (o peor aún, con comida en mal estado), sin servicios esenciales de higiene; gente a la que se le niega información sobre su salud y sobre su situación sanitaria y a la que, a su vez, no se deja salir. Hay familias separadas de sus hijos, mujeres a las que se les aplica un ostensible mal trato, en fin, un aquelarre de autoritarismo y violación de los derechos humanos.

Allí fue uno de los lugartenientes de la Sra. Fernández, el Sr Horacio Pietragalla Corti que es el Secretario de Derechos Humanos, un hijo de dos terroristas Montoneros, para absolver a Insfrán y para avalar lo actuado en esa provincia. Es evidente que la Sra. Fernández no puede ni quiere perder un solo apoyo, venga este de dónde venga. El presidente y hasta Guillermo Moreno salieron a respaldar al gobernador, el primero calificandolo como el mandatario ejemplar de la Argentina y el segundo diciendo que se trata de un gobierno extraordinario que simboliza a la perfección el desiderátum peronista.

Aunque no pocos pondrían en duda esta última afirmación del ex secretario de comercio (porque efectivamente ese escenario de pobreza paupérrima, inexistencia de futuro, falta de educación, de salud, de servicios y de todas las características de la vida moderna, pintan como nada el éxtasis peronista) decirlo así, sin el menor tapujo, es muy fuerte.

Aunque a pocos les importe el futuro de Alberto Fernández, el presidente se acerca a un desfiladero estrecho: no cumplir con su ama lo llevaría a un rompimiento de lo pactado secretamente en el piso de Juncal y Uruguay en mayo de 2019 con consecuencias impredecibles para él, incluso en lo personal; y cumplirlo lo incendiaria virtualmente en una plaza pública.

¿Qué elegirá Fernández? Nadie lo sabe. Más allá de que, aunque decida ordenarle a la Justicia que absuelva a su jefa, habrá que ver que tienen los jueces, incluida la Corte Suprema, para decir.