El ex intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga, estaría usando el poder que ostenta como legislador provincial, para vengarse de quienes dejaron firme su fallo en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Y es que, de acuerdo a trascendidos, estaría dispuesto a cobrárselas a aquellos magistrados que confirmaron la elevación a juicio oral por una serie de delitos de corrupción que se le atribuyen cuando fue mandatario municipal.

Cabe recordar que Yapura Astorga se encuentra actualmente procesado por enriquecimiento ilícito, coautoría de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos (peculado) y asociación ilícita.

A pesar de ello, nunca fue separado de su cargo por parte de la Legislatura de Tucumán, por lo que ahora estaría dispuesto a embestir contra los integrantes de la Corte Suprema. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿De qué forma lo haría? Para ello, Yapura Astorga contaría con el apoyo de caciques del Pueblo Diaguita, quienes, según fuentes cercanas a nuestro diario, habrían presentado pedidos de juicios políticos en contra de los magistrados.

Y es que el objetivo sería el de poder lograr la destitución de los jueces de la Corte Suprema, con lo que el ambiente judicial y político de Tucumán se vio sacudido en las últimas horas cuando los caciques del Consejo del Pueblo Diaguita pidieron el juicio político contra la titular de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, y también del vocal Daniel Posse. Pero, ¿Cuáles serían las razones que esgrimen?

Y es que les endilgan “falta de cumplimiento de los deberes de su cargo” en sus intervenciones en un fallo por tierras en Tafí del Valle, distante 100 kilómetros al oeste de la capital provincial. En esa línea, los demandantes de la comunidad aborigen, habrían acusado de “ignorancia inexcusable, actos de parcialidad manifiesta, reiteración de irregularidades en el procedimiento” a ambos funcionarios judiciales.

Esto se enmarca en el juicio que Giselle Susana Courtade impulsa contra el Estado, por la “prescripción adquisitiva” de un inmueble en La Quebradita, Tafí del Valle. Plantean el juicio en base al argumento de que la Corte resolvió “hacer lugar a la demanda en clara violación a la norma adjetiva y de fondo y en especial a los derechos de raigambre constitucional de los pueblos originarios”.

Lo curioso es que la sentencia lleva las firmas Sbdar y de Posse, pero también de su par Antonio Estofán, a quien no se incluye en los pedidos de juicio político, el cual ya contaría con el aval de gran parte del Poder Legislativo, cuyos integrantes estarían dispuestos a llevar adelante un claro plan destituyente, para someter a la Justicia de la provincia. Y para ello, estarían dispuesto a decapitar a una presidente y un vocal de la Corte Suprema.

El origen del planteo proviene del accionar de los miembros del máximo tribunal en el juicio “Courtade Giselle Susana vs Provincia de Tucumán s/prescripción adquisitiva” en el que -acusan- resolvieron “hacer lugar a la demanda en clara violación a la norma adjetiva y de fondo y en especial a los derechos de raigambre constitucional de los pueblos originarios”. Ahora bien, en este planteo, existe un problema de base.

Y es que cabe aclarar que ningún magistrado puede ser destituido por el contenido de sus sentencias. Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué es lo que hay detrás de esta movida? Nada menos que el avance del poder político contra la Justicia, que a nivel nacional está realizando el kirchnerismo, tal y como quedó de manifiesto en los últimos días. En ese sentido, también se está llevando a cabo el mismo accionar en Tucumán.

Al igual que ocurre a nivel nacional, esta intentona destituyente se da por parte de los acusados por corrupción, justamente, se trata de aquellos que hoy ocupan todavía un lugar en el poder y quieren someter a la Justicia para ser absueltos de sus delitos. Por lo tanto, el Amado Boudou tucumano, es decir, Jorge Yapura Astorga, no estaría dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y estaría dispuesto a ir por las cabezas de los jueces.

Cabe destacar que este intento de someter a la titular de la Corte Suprema local y a uno de sus vocales, presenta otro aspecto al que podría considerarse irregular. Y es que un dato no menor lo constituye el hecho de que el cacique Pastrana no estaría autorizado por el Consejo de la comunidad diaguita, que está integrada por 14 miembros, para haber realizado el pedido de juicio político.

¿Qué significaría todo esto? Que todo se trataría de una maniobra espuria de parte de Jorge Yapura Astorga y de varios legisladores provinciales, con la única intención de intentar amedrentar la Justicia para que deje de investigar y de enjuiciar a acusados por hechos de corrupción. Pero resta conocer un detalle para nada menor, por el contrario, resulta sustancial poder dilucidar un factor clave en todo esto.

Y es que cabe preguntarse acerca de ¿Quién será la cabeza del poder que estaría poyando a Yapura Astorga en su cruzada destituyente contra Claudia Sbdar y Daniel Posse? ¿Quién sería la cabeza del poder que es verdaderamente el autor intelectual de este avance espurio en contra de la Justicia de Tucumán? Al fin y al cabo, Yapura Astorga sería apenas la cara visible de un complot que tiene al poder político detrás de esta maniobra.