A pocos días de que concluyera el 2020, Alberto Fernández sonrió orgulloso frente a las cámaras mientras una enfermera le aplicaba en el brazo la vacuna contra el Covid.

Por ese entonces el oficialismo estaba iniciando la campaña que, soñaba, le iba a permitir dejar atrás el descrédito acumulado por (a esa altura) poco menos de 50 000 muertes, una tasa de contagios que nunca disminuyó demasiado y más bien amenazaba con recobrar fuerzas, y 10% de caída de la economía. Esa campaña consistía en esencia en “militar la vacuna”, lo que significaba dos cosas.

Por un lado, usar sus organizaciones, en vez del aparato del Estado, para distribuirla e inocularla, convirtiendo un servicio público en un recurso clientelar y electoralista de la facción gobernante, al mejor estilo La Cámpora durante las inundaciones de La Plata.

Por otro, promover que dirigentes oficialistas y figuras destacadas afines se vacunaran cuanto antes y lo difundieran en público, para polarizar la escena contra los que ellos llaman “antivacunas”, simplemente porque en algunos casos habían criticado que no se informara en forma precisa sobre la eficacia de la Sputnik-V, y en otros habían planteado críticas a algún aspecto de la política sanitaria nacional.

Pero pasadas las semanas esta estrategia de apropiación y polarización se empezó a complicar. Ante todo, porque la llegada de las dosis se demoró. Así que lo que al principio pareció ser el gesto valiente y precursor del presidente y sus aliados, invitando a la sociedad a imitarlos, se volvió un privilegio difícil de justificar, una nueva señal de que a la dirigencia kirchnerista siempre le resulta más fácil cuidar su propio interés que el del público, y tiende a confundir una cosa con la otra.

Los reproches a Horacio Rodríguez Larreta y otros dirigentes opositores que todavía no se habían vacunado, se acallaron: al final resultó mejor no seguir hablando del tema, porque podía agravar las cosas para el oficialismo y hacerle más favores electorales a los adversarios.

Para peor, empezaron a conocerse más y más casos de vacunación por izquierda a dirigentes y militantes oficialistas, en distintos lugares del país. Un periodista militante por acá, concejales y diputados del palo por allá, unos cuantos militantes camporistas por el otro lado. Decí que la tolerancia a los abusos de poder bajo gobiernos peronistas es infinitamente mayor que para los de otros signos, porque de otro modo ya varias oficinas públicas donde se trapichean dosis como si fueran planes sociales o cargos en el estado habrían sufrido las consecuencias de la indignación popular.

Debió conocerse una confesión ya demasiado grosera como para pasarla por alto, de un periodista militante que tal vez no fue del todo inconciente ni inocente respecto a las consecuencias esperables de lo que estaba diciendo, y debió divulgarse la novedad de que en el Ministerio de Salud no sólo se vacunaba a “amigos” como Horacio Verbitsky, sino también a decenas de funcionarios, militantes y afines, sin ningún respeto por las prioridades establecidas, para que finalmente el presidente reaccionara.

Y lo hizo como era de esperar, sobre todo como estaba esperando el kirchnerismo más duro, cortando el hilo por lo más delgado. Y echó a Ginés Gonzáles García.

Ya no podía permanecer impávido ante la acumulación de desconfianza y malhumor social en su contra, justo en torno al tema en el que puso todas las fichas y las esperanzas, desde fines del año pasado, para que hiciera una diferencia a su favor de cara a las elecciones. Algo tenía que hacer. Pero lo que hizo, invitar tardía pero inapelablemente a González García a irse, ¿permite esperar que el uso militante de la vacuna cese?, ¿qué siga pero se gestione un poco menos mal, menos internismos y torpezas?

No habría que ser demasiado optimistas. La campaña electoral es cada vez más la obsesión central sino única del gobierno, se ve en su gestión de la economía, y no hay motivos para que sea distinto en el terreno sanitario. El camporismo sigue ganando peso e influencia en la toma de decisiones, y su inclinación a hacer uso de los recursos del Estado en beneficio de la “orga” es harto conocida. La vacuna sigue siendo un recurso demasiado valioso como para que el oficialismo lo respete como bien público y no lo convierta en insumo de campaña. Y por encima de todas esas razones flota además la mala costumbre del patrimonialismo, esa acendrada costumbre que empuja a los funcionarios, no sólo a los de origen peronista o kirchnerista, a manejar los recursos públicos como si fueran un patrimonio personal, familiar o grupal.