El gobierno atraviesa su peor crisis política desde que llegó al poder, con consecuencias todavía inciertas a mediano y largo plazo. Apenas se conoció el escándalo por las vacunaciones VIP, el presidente Alberto Fernández actuó rápidamente, removiendo al ministro Ginés González García, el principal (¿y único?) responsable. Sin embargo, los movimientos posteriores no terminaron de garantizar la transparencia y reconstruir la credibilidad.

En primer lugar, porque la apresurada designación de Carla Vizzoti al frente del Ministerio de Salud sigue generando dudas. ¿Es la indicada para restaurar la confianza? Aunque la flamante ministra dijo desconocer lo que estaba sucediendo, la oposición y buena parte de la sociedad tiene motivos para sospechar que no podía ignorarlo.

En segundo lugar, porque desde México el Presidente volvió a mostrar los tradicionales vicios kirchneristas al enojarse con los medios de comunicación y con la Justicia por informar e investigar lo que considera “payasadas”. Frente a la indignación que causó el favoritismo y la desidia (incluso en votantes del Frente de Todos), las palabras de Fernández no hacen más que alimentar la desconfianza y acrecentar la irritación de muchos que aún esperan su turno para vacunarse.

El pedido de renuncia a González García representó un verdadero cimbronazo, debido a que se trata de un funcionario con una larga tradición dentro del partido peronista y contaba con mucha visibilidad en el contexto de la pandemia. Sin embargo, no es la primera victima política que se cobra el coronavirus en la región. Desde que comenzó la pandemia, en Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile y Guatemala, además de la Argentina, al menos un ministro de salud fue removido o decidió abandonar su cargo por motivos relacionados a la crisis por coronavirus.

Las razones especificas varían de país a país, en algunos casos fue por críticas hacia sus gestiones, mala praxis o supuestos casos de corrupción (Marcelo Navajas en Bolivia, Víctor Zamora en Perú y Jaime Mañalich en Chile). También hubo renuncias o despidos motivados por diferencias manifiestas entre los ministros y los presidentes (como ocurrió en Brasil con Jair Bolsonaro y Luis Henrique Mandetta, primero, y Nelson Teich, después; o en Ecuador con Lenín Moreno y su ministra Catalina Andramuno, quien renunció al cargo en marzo 2020, apenas iniciada la pandemia, denunciando imposición de personal y falta recursos).

Hasta la semana pasada, la Argentina había sido la excepción. A pesar de emitir pronósticos desacertados, cometer algunos errores de gestión, fracasar en las negociaciones con Pfizer y caer en contradicciones evidentes, el ministro González García lograba conservar su cargo con el apoyo absoluto del presidente Fernández.

Sin embargo, quedó en el ojo de la tormenta con los vacunados VIP y la Argentina se sumó así a la lista de países latinoamericanos que perdieron a su ministro de Salud durante la pandemia.

Con la particularidad de que la salida de Ginés se debió a un escándalo de mayores dimensiones, el cual disparó una crisis de confianza que afectó a todo el Gobierno, comparable con lo que ocurre por estas horas también en Perú y Ecuador. Perú atraviesa por su propio “vacunagate” y, al igual que ocurrió con Ginés, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, debió renunciar a su cargo.

La tormenta se desató el 11 de febrero cuando se conoció que el expresidente Martín Vizcarra había sido vacunado en octubre del año pasado, semanas antes de que fuese destituido por el Congreso (la vacunación oficial recién comenzó el 9 de febrero y abarca únicamente al personal de salud). Pronto se supo que eran 487 los vacunados de forma irregular, entre los que figuraban 16 funcionarios del actual gobierno. En la lista aparecieron la propia ministra de salud, Mazzetti; el viceministro del área, Luis Suárez Ognio; la canciller, Elizabeth Astete; entre otros.

A diferencia de lo que ocurrió en Argentina, el presidente peruano Francisco Sagasti pidió disculpas públicas y separó de su cargo a los funcionarios que recibieron la vacuna por fuera del protocolo. En Ecuador, precisamente ayer el ministro de salud Juan Carlos Zevallos debió renunciar luego de que se publicara que sus familiares habían sido vacunados a finales de enero.

Los familiares de Zevallos que recibieron la vacuna residen en un centro geriátrico privado de Quito. Una vez conocida la noticia, la Asamblea Nacional exigió al presidente Lenín Moreno su destitución. Se trata del segundo ministro de salud ecuatoriano que abandona el cargo en el marco de la pandemia (Zevallos había asumido el 21 de marzo de 2020, tras la salida de Catalina Andramuno).

Los ministros de salud se han convertido en los fusibles esperables de esta pandemia, particularmente en América Latina. Aunque en otros países (Nueva Zelanda, Polonia, República Checa, Afganistán, Zimbabue, Madagascar, Letonia, Zambia y Tayikistán) también ha habido renuncias y despidos por causas semejantes de los titulares de las carteras de salud, el patrón que se observa en América Latina es llamativo.

Su recambio puede que ponga de manifiesto la falta de planificación que existe en estos países (incluyendo la designación de funcionarios que no estaban capacitados para ocupar el cargo, lo cual queda en evidencia en momentos de emergencia como éste).

Además, en aquellos casos en los que la remoción de los ministros de salud latinoamericanos se dio en el marco de escándalos por corrupción o favoritismos (como la Argentina, Perú y Ecuador) queda en evidencia la desidia y la degradación que caracterizan a la administración de los recursos públicos en estos países, lo cual vale para todas las dimensiones del gobierno en general, pero se torna para la sociedad menos tolerable cuando concierne a la salud, en el medio de una pandemia.