Más allá de las estadísticas - a las que el kirchnerismo es poco afecto – la gente tiene la percepción de que la cantidad de delitos está creciendo. No parece ser una mera percepción. De acuerdo con un relevamiento de la ONG Defendamos Buenos Aires, la modalidad delictual que más creció durante la pandemia fue la de los motochorros, que perpetraron 5.900 asaltos en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires entre el 20 de marzo de 2020 y el 20 de marzo de 2021 con un saldo de 23 muertos.

Entre estos hechos sobresalió en los últimos días el robo a una psicóloga en Ramos Mejía que, al ser arrastrada en el intento de arrebatarle la cartera, cayó, su cabeza golpeó contra la vereda y por el impacto murió. Otra vez las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron patentizar el horror y exponer el drama de la inseguridad. Un drama agravado al saberse que el delincuente había sido excarcelado el año pasado entre otros internos con el argumento del riesgo de contagio del COVID 19.

A las pocas horas, se conoció una significativa carta del obispo de San Justo, Eduardo García (con jurisdicción en el partido de La Matanza, donde se produjo el hecho), y sus sacerdotes al intendente Fernando Espinoza y los jefes policiales de la zona en la que les advierten que, si bien el problema ciertamente no es nuevo, la inseguridad “se ha agudizado en estos últimos meses” y, por tanto, les solicitan que “se arbitren los medios necesarios para un real control del delito”.

Consideramos que es una significativa carta porque no es habitual que la Iglesia se pronuncie por la cuestión de la inseguridad. Generalmente, sus pronunciamientos sociales van por el lado de la pobreza o de la corrupción. En el aspecto de la seguridad suele denunciar situaciones inhumanas en las cárceles, reclamar la aceleración de los juicios y destacar la importancia de trabajar en la rehabilitación de los internos. Y se muestra lejos de la “mano dura”.

En la carta, el obispo y los sacerdotes dicen que no solo deben contener a sus fieles por cuestiones de salud, familiares o laborales, como es habitual. “Prácticamente debemos acoger y escuchar historias de mujeres violentadas en la vía pública, robo a mano armada, ladrones en moto, inhibidores de puertas de autos, parroquias víctimas de actos delictivos y hasta los penosos hechos de víctimas fatales fruto de intentos de robo”, señalan.

Advierten en ese sentido que “todas estas situaciones hicieron que tengamos miedo de ingresar a nuestras casas por las así llamadas entraderas. No podemos caminar tranquilamente por la vía pública por temor a sufrir algún acto de violencia en cualquier hora del día. Muchas familias han tenido que cambiar sus hábitos de vida”. Además, dicen que “las parroquias deben permanecer cerradas durante gran parte del día”.

No fue la única reacción desde la Iglesia sobre la cuestión de la inseguridad en las últimas semanas. La Pastoral Social de la arquidiócesis de Rosario le envió a la comisión de Seguridad del Concejo deliberante un documento bajo el título “Basta de Violencia” en el que también les piden medidas “decididas y valientes” para terminar con el flagelo, especialmente signado por el accionar del narcotráfico.

Los datos de Rosario espantan. En 2020 hubo 212 asesinatos – entre ellos niños que quedaron en medio de balaceras - y en los dos primeros meses de este año 66. Además de multiplicarse investigaciones a policías por presunta corrupción y haberse producido recientemente la renuncia del secretario de Seguridad de a provincia tras polémicas declaraciones sobre el estilo de vida de los santafesinos.

Mientras tanto, funcionarios de seguridad de primera línea se toman del cuello para disputarse presencia delante de las cámaras de TV y adjudicarse supuestos logros. Así las cosas, muchos ciudadanos nos preguntamos si sólo nos queda rezar.