En el contexto actual, también el oficio de observador se ha vuelto un poco desgraciado. Hay que elegir entre sugerir escenarios “optimistas” pero poco realistas y encima, en verdad, poco y nada innovadores, o pesimistas, que nos dejan sin ningún esperanza y nos sumen en la depresión.

Uno de los “optimistas” que circula, entre comillas enseguida va a quedar claro por qué, afirma que se viene un deterioro tal de la coalición populista gobernante, que sus habituales beneficiarios, empresarios, sindicalistas y gobernadores, van a tener que aceptar cambios en serio, y actuar con sentido común al menos por un buen tiempo.

El pesimista, en cambio, sugiere que esta decadencia que vivimos va a durar, y habrá que soportar costos aún mayores que los hasta aquí padecidos y hacer esfuerzos mucho más grandes que en el pasado para cambiar la disposición de los actores y que se abra la posibilidad de un nuevo rumbo para el país. Así que conviene ajustarse los cinturones para acomodarse a lo que se viene, una larga fase de empobrecimiento, tal vez tan larga e intensa como la que ya vivimos desde 2011 a esta parte.

Y suponiendo que este sea el caso, ¿después qué?, ¿también habría que esperar una crisis final y “salvadora”? Las hipótesis de ese tipo están muy gastadas. ¿Por qué un nuevo fracaso populista podría darnos esta vez un impulso mayor o distinto a los que ofrecieron los soportados en el pasado? ¿Por qué un mal resultado de la gestión en curso podría destrabar los obstáculos que existen para que los actores institucionales y organizados de este país cooperen sostenida y consistentemente con una estrategia de cambio? Si no lo hicieron más que muy acotada y efímeramente en los años noventa, en 2002, y entre 2015 y 2017, ¿qué hace falta para que cambien?

Tal vez podría llegar a suceder en 2023, como en esas otras ocasiones, que de momento se amolden a ciertas restricciones, impuestas por una situación de emergencia. Pero aún en el mejor de los casos lo harían cobrándose al mayor precio posible una cooperación circunstancial, que retirarán en cuanto la emergencia haya pasado, y se les abra la posibilidad de volver a las andadas.

El hartazgo con esta situación que parece no tener salida invita a pensar el problema un poco más detenidamente, y es lo que nos proponemos hacer a continuación, con el ánimo simplemente de explorar posibilidades, pensar nuevas alternativas, y lo que hace falta para habilitarlas, aunque más no sea con una chance un poco mayor de éxito. Ahí van entonces algunas ideas prácticas.

1. Si no se inicia una construcción coalicional promotora del cambio más amplia y potente que la existente, y no se lo hace desde ahora, es más bien difícil que haya un vuelco en las intenciones de voto, que hace tiempo se mueven dentro de un equilibrio con pocas variaciones entre el statu quo y el reformismo, y que no es un mero “empate”, porque el statu quo gana al final, siempre. Incluso en caso de un final “aleccionador” del gobierno en funciones es poco probable que esa situación cambie. Y por tanto seguiremos dentro del círculo vicioso del desánimo y la falta de horizontes: dado que en el mejor de los casos lo que nos esperaría en 2023 es otra coalición débil intentando cambiar un país en el que los actores mejor organizados tienen los recursos para resistir sus intentos, tal vez lo mejor sea ni intentarlo; ¿para qué agitar una esperanza que no pueda ofrecer mínimas garantías de viabilidad?; ¿para qué seguir el juego entre malas gestiones del statu quo pero que al menos lo reproducen, y desordenadas y efímeras de reforma, que se revierten antes de dar beneficios y nos dejan poco más que sus costos?

2. Ampliar la coalición del cambio es, ante todo, resolver el ya trillado problema de su “pata peronista”: ese partido no está en condiciones de encabezar las reformas pero sí de ofrecer aliados para gestionarlas, que deben ser capaces de disputarle a otros sectores de esa fuerza una proporción importante de su electorado y sus recursos institucionales, y hacerlo en forma sostenida en el tiempo, para asegurar los cambios sean sustentables. Aunque este objetivo enfrenta hoy un obstáculo que en 2015 no existía: la unidad conservadora del PJ, que ha dejado muy pocos sectores afuera, y que administra recursos escasos pero imprescindibles para que los líderes territoriales y sindicales de esa fuerza sobrevivan. La ampliación de la coalición reformista tiene que hacer mucho más de lo que hizo en 2015, pero además tiene que empezar desde más atrás.

3. La “pata peronista” no va a florecer si sus actores no tienen chance de moldear un futuro para el peronismo; si no logran, a través de su participación en la coalición reformista, en un futuro cercano, recentrar al PJ y comprometerlo con las reglas del juego institucional y del desarrollo. Ofreciéndole a su partido, en suma, un futuro viable y superador del que ofrece el statu quo, y no el riesgo de volverse irrelevantes incluso si al reformismo le va bien. Esto exige ante todo asegurar al peronismo moderado que no será absorbido dentro de JxC, brindarle garantías de crecimiento electoral autónomo y perspectivas ciertas de ejercer el gobierno. La coalición reformista debe, por tanto, dejar de ser una sumatoria de aliados supuestamente equivalentes, aunque en los hechos diste ya de serlo, y pasar a ser abierta y claramente una coalición con espacios electorales, con representatividades, responsabilidades y obligaciones diferenciadas, bien establecidas, y que fortalezcan la cooperación orientada a la ejecución de políticas también claramente definidas. Para algunos de sus actuales miembros eso puede significar dejar de ser, al menos en sus expectativas, cabeza de ratón, pero de lo que se trata es de convencerlos de que les conviene, como a todos los demás argentinos, volverse cola de león.

4. Un acuerdo de este tipo solo podría funcionar si se brinda una certidumbre: la alternancia presidencial concertada. Un acuerdo al respecto entre los actuales miembros de JxC y nuevos aliados peronistas permitiría que la cooperación se asegure por un tiempo mucho más prolongado, en principio dos mandatos presidenciales, pero potencialmente incluso más allá de ese límite. Y aseguraría un tiempo también más prolongado, y una más racional asignación de costos y beneficios, para la gestión de los cambios.

5. Dado que seguirá existiendo la tentación de ruptura de la coalición, para aprovechar ventajas electorales circunstanciales, incluso cooperando con actores antirreformistas, las fuerzas aliadas son y seguirán siendo muy indisciplinadas, y sus líderes suelen imponer sus afanes presidenciales sobre los intereses de sus seguidores, esa sucesión acordada solo va a funcionar como mecanismo disciplinador si es extremadamente rígida, y pauta con reglas bien definidas cómo se escogerá al candidato, a cuál de los dos componentes coalicionales principales va a pertenecer en cada momento, cómo se completará la fórmula y distribuirán responsabilidades en la gestión, y qué compensaciones y compromisos políticos eso supondrá. La Concertación chilena es un buen ejemplo a seguir, pero también ayuda a entender por qué en nuestro caso las reglas serán efectivas solo si atan mucho más fuertemente a los actores.

6. Junto al acuerdo sobre la sucesión, el pacto interpartidario exigirá el desarrollo de un conjunto de reglas de compensación y adecuación flexible a las variadas situaciones territoriales que sus actores enfrentan. Esto ha sido así en todas las coaliciones medianamente exitosas en el mundo, y en nuestro caso, de nuevo, exige un desarrollo especial, dado que los partidos, además de indisciplinados, son territorialmente muy heterogéneos, movilizan recursos a veces incompatibles entre sí. Invertir esfuerzos anticipadamente al desarrollo de estas reglas de juego y su adecuación a distintos contextos provinciales y hasta locales es por tanto doblemente necesario, y los costos de no hacerlo y luego actuar apresuradamente al momento de las elecciones presidenciales, o peor aún, cuando la nueva gestión esté iniciándose, serán sin duda elevados. La única ventaja que ofrece la actual situación es que la crisis será larga, y nos da tiempo para trabajar.

7. Generar ese horizonte de certitumbre cooperativa va a permitir resolver mejor las necesidades de un programa de estabilización y reformas que deberá implementarse en condiciones objetivamente muy exigentes, por falta de recursos, sumatoria de demandas insatisfechas y la necesidad de administrar además los costos inmediatos y mediatos de los cambios. Una crisis que debilite los vetos que suelen imponer los defensores del orden vigente no alcanza para resolver estos problemas, como se vio ya en la experiencia de los noventa, y más todavía a partir de 2015. El éxito del cambio depende de resolver problemas de sustentabilidad intertemporal: que los reformistas sigan siéndolo cuando dejen de estar urgidos por la emergencia, aún cuando surjan obstáculos imprevistos y no haya más recursos a la mano para pagar su colaboración, o ante ventajas circunstanciales en la arena electal que los tienten a desentenderse de la gestión del cambio y apostar a su fracaso. Por otro lado, solo los capitales dejarán de fugarse del país cuando haya confianza no solo en que se pueda dar inicio a un nuevo intento reformista, sino en que ese intento no va a volver a ser efímero, y que lo que se reforme no va a ser revertido a los pocos años. La sucesión pactada es la clave de bóveda para empezar a generar esa certidumbre.

8. Esa solidez intertemporal que podrá alcanzar el programa de reformas aportará también una reducción de los pagos iniciales que exigirán los actores sectoriales para colaborar o al menos reducir sus resistencias. Y por tanto una baja en la carga a asumir por la gestión en términos de endeudamiento y transacción con el statu quo. Las posibilidades de programar detalladamente la secuencia e interconexiones entre las medidas de estabilización y reforma a aplicar (de la moneda, el Estado, las relaciones laborales, las finanzas nacionales y provinciales, etc.) y administrar con previsibilidad costos y beneficios se acrecentarán significativamente.

9. Para reducir al mínimo las necesidades de financiamiento y aumentar al máximo la ayuda a quienes tardarán más en recibir los beneficios de los cambios será de gran utilidad que los miembros de la coalición reformista no acaparen en lo inmediato esos beneficios. Lo que dependerá a su vez de administrar del modo más responsable posible los tiempos y las urgencias de los distintos actores. Empresarios que pierdan protecciones impositivas o comerciales, sindicalistas que deban resignar recursos de sus obras sociales, gobernadores que tengan que bajar Ingresos Brutos, todos ellos tendrán beneficios asegurados de todos modos si el país vuelve a atraer capitales y crecer, y de lo que se trata centralmente no es por tanto de asistirlos, sino a quienes están y seguirán estando más rezagados, y hacerlo con la menor carga posible para el financiamiento del programa de cambios.

10. Las disyuntivas que enfrenta nuestro país se han complicado mucho desde que el polo conservador ha hallado una fórmula política, tendencialmente estable, para reproducirse. Ese es un gran obstáculo para imaginar un horizonte distinto. Pero el principal enemigo no es ese, sino el desánimo y la tentación de apostar a salidas vía catástrofes aleccionadoras, dos caras de la misma moneda. De lo que se trata es de dejar de lamentarse y fantasear, y trabajar racional y pausadamente por una solución concreta a los problemas concretos que enfrentamos, solución que debe ofrecer un futuro mejor a todos los participantes, peronistas y no peronistas, ricos y pobres, convencidos y dubitativos. De otro modo será difícil sortear el desafío que supone un polo dominante que progresivamente va generando el contexto en que se vuelve inevitable su propia radicalización. Y las posibilidades de salida serán en consecuencia cada vez más escasas. Convertir a más y más actores en socios potenciales del éxito de un programa de cambio es muy difícil pero es una tarea que puede y debe profundizarse desde ahora.