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Se conocieron dos decisiones clave de la Justicia en las últimas horas. Las dos, muy importantes. Muestran que la Justicia funciona. Y que el lawfare, la famosa persecusión judicial que hay contra ella según Cristina Fernández, no existe. No existe.
Una decisión fue la libertad condicional que se le dio a José López, el exsecretario de Obras Públicas de los gobiernos K. La Justicia probó que este delincuente, que firmó todos los contratos de obras públicas de Néstor y Cristina desde que Néstor ocupó la intendencia de Río Gallegos hasta que Cristina dejó la Presidencia, se enriqueció en forma ilícita. Un corrupto probado. Mano derecha del matrimonio Kirchner por 25 años.
Estuvo casi 5 años en prisión. Puede parecernos poco. En todo caso hay que cambiar las leyes. Pero la Justicia aplicó las leyes al condenarlo y al mandarlo a la casa. Si hubiera lawfare tal vez no le hubieran dado la libertad condicional o ninguna de las garantías de las que gozó.
La otra decisión fue el sobreseimiento de Cristina Fernández, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli por vender dólares futuros a precios ridículamente bajos cuando el Central ya no tenía dólares reales para mantener una cotización artificialmente bajo antes de las elecciones. Fue un negoción que hicieron muchos y que luego tuvieron que pagar todos los argentinos con emisión sin respaldo de pesos.
Pero la Justicia falló correctamente. Los exoneró porque dijo, como dijimos en esta columna muchas veces, que las cuestiones de política económica no son judiciables. Menos las políticas del Banco Central. Cualquier Banco Central es el reino de la arbitrariedad. Decide, por dar un ejemplo, si abaratará el dinero causando inflación y empobreciendo a todos. O si encarecerá el dinero y hará más difícil conseguir trabajo. Si fuera así, siempre habría que juzgar a los presidentes de los bancos centrales.
Esta causa penal contra Kirchner, Kicillof y Vanoli era, por eso, absurda. Es deplorable que hayan forzado artificialmente el valor del dólar y el peso para beneficiar a Scioli en la elección presidencial. Pero no es un delito. Es algo que tenemos que castigar políticamente.
Por eso es absurdo el pedido de Alberto Fernández de criminalizar a los funcionarios macristas por el acuerdo con el FMI. Con ese criterio, tendría que denunciar a Martín Guzmán y al actual presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que están manteniendo artificialmente bajo el precio del dólar y cocinando una bomba con el fin declarado de ayudar al gobierno a llegar a las elecciones. Es deplorable que usen el Banco Central para beneficiar electoralmente a un partido. Pero no es delito. Es algo que tenemos que juzgar los ciudadanos cuando votamos.
Por eso está bien el sobreseimiento de Cristina, Kicillof y Vanoli. La Justicia funcionó. Y demostró que, pese a las mentiras, las excusas y los aspavientos de Cristina y sus funcionarios corruptos o sospechados, en Argentina no hay lawfare. Si hubiera lawfare, no hubiera funcionado la segunda instancia ni el sistema de garantías que protegen a la vicepresidenta. Y nadie la hubiera sobreseído.
