La Argentina venía aplicando hasta ahora las vacunas que pudo conseguir con dos criterios bastante racionales. Un criterio era regional: se repartieron por provincias, según la proporción. Y, en cada provincia, se aplicaron según grupos de edad y grupos de riesgo, un proceso que, hay que remarcarlo, aún no terminó. Muchísima gente con riesgo de salud no está vacunada. Muchísimas personas con discapacidades aún no están vacunadas.

Pero ahora saltó la Argentina corporativa. Empezó la guerra. Cada sector, cada sindicato, exige que lo pinchen. ¿Vamos a terminar vacunando a los grupos que tengan más poder, a los que sean más amigos del gobierno, a los que puedan cortar calles?

Todo comenzó con la decisión del gobierno de vacunar a los docentes. La verdad, no está claro que dar clases sea más más peligroso que atender la caja de un supermercado. Y no se entiende la prioridad a profesores universitarios, cuando las universidades no dan ni muestras de volver a presencialidad alguna.

La cuestión terminó de saltar cuando ayer se supo que Alberto Fernández les prometió 70 mil vacunas a los piqueteros que son funcionarios de su gobierno y que, al mismo tiempo, manejan las organizaciones sociales que, con plata del Estado, administran comedores y merenderos. No se entiende por qué son más esenciales quienes atienden un comedor popular que quienes atienden un comedor en una fábrica. O que quienes operan el milagro de que cada día haya alimentos y que lleguen a esas mesas.

Cada tribu va gritando que le toca el turno. Los jueces federales de Córdoba, por ejemplo, le pidieron a Schiaretti que vacune urgente a 47 magistrados. Algunos de ellos ni siquiera llegan a los 50 años de edad.

A esta hora, los sindicatos del Transporte protestan en Buenos Aires. También exigen prioridad.

Por ahora, parecen haber tomado una delantera parcial los privilegiados de siempre: los que viven del Estado, sea como empleados o como subsidiados. Los que trabajan y pagan impuestos, vienen atrás.

Es parecido a lo que sucedió el año pasado, cuando los que viven del Estado pudieron mayormente encerrarse en sus casas, sin ningún problema, mientras que los privados, mayormente, tuvieron que seguir trabajando como siempre. Fueron esenciales cuando no había vacuna. Pero cuando hay vacuna, los esenciales parece que son los otros.

La verdad, habría que volver a las fuentes. Seguir vacunando por grupo edad y por niveles de riesgo. Si tenés menos de 60, que te vacunen después de los que tienen más de 60. Aunque seas empleado de comercio. O aunque seas juez.