Aunque la pandemia, la inflación y el sistema financiero internacional nos tienen a mal traer, y absorben el tiempo, la atención y las energías psíquicas de la enorme mayoría de los argentinos, hay algunos de nosotros que tienen tiempo de sobra para otros asuntos.

Son, curiosamente, quienes nos gobiernan. Deberían estar algo más preocupados tal vez, dado que la Argentina está en el top ten mundial en muertes por el Covid, muy cerca de Brasil; estamos muy por encima de los brasileños, en el podio universal desde hace años, en cuanto a caída de la actividad, fuga de capitales, destrucción de empleo y empresas y ritmo de inflación; y como si eso fuera poco, estamos a un tris de caer en default con todo el mundo desarrollado y sus instituciones financieras.

Pero no, ellos, nuestros astutos gobernantes, manejan esos asuntos de taquito. Y dedican buena parte de su tiempo a otro menestar, algo realmente curioso: sacar fiscales y jueces y tratar de destruir una serie de investigaciones judiciales que señalan a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita.

Una sospecha que parece no habría forma de desmentir, a menos que toda la Justicia Federal vuele por los aires. O mejor dicho: vuele por el aire la parte de la Justicia Federal que ha puesto empeño en investigar a los gobernantes; no la que miró y sigue mirando para el otro lado, y por culpa de la cual la mayor parte de la sociedad desconfía de los jueces, sino la que ha querido y sigue queriendo hacer su trabajo. Pero ahí reside la genialidad del plan de Alberto: usar la desconfianza de la sociedad en la parte enferma de nuestra justicia, para liquidar a su parte sana. Este tipo de Derecho sin duda sabe.

El Alberto pretenderá seguir haciendo, de todos modos, lo que mejor le sale, que es disimular. Así que insistirá en presentarse como el “presidente de la deuda y las vacunas”. Le conviene, ahora que ya no tiene ministra de Justicia, porque Cristina tiene el suyo, y casi tampoco tiene ministro de Economía en quien pueda confiar y delegar tareas.

Y quien se va a ocupar, mal o bien, más bien mal probablemente, de lidiar con el Poder Judicial será el bueno de Soria. Que asumió con la idea de hacer en el menor tiempo posible y a lo bestia, lo que su predecesora Losardo quería ya hacer, pero arrastrando los pies y guardando las formas.

El instrumento escogido es una ley que reforma la Procuración, en lo esencial, para liquidar su autonomía. Cuando se creó este Cuarto Poder, reuniendo a los fiscales que en el sistema judicial cumplen las funciones de acusar e investigar, en los años noventa, como parte de los acuerdos sellados en esos años entre el peronismo y el radicalismo, se estableció que haría falta una mayoría especial, de dos tercios de los senadores, para designar a su jefe, el Procurador General. Con la idea de que así se obligaba a las mayorías a negociar con una parte importante de las minorías.

Es lo mismo que se estableció para decidir sobre otros asuntos, como el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, considerados esenciales para asegurar la independiencia de los jueces y la protección de las minorías políticas. Justamente con la intención, en todos los casos, de evitar que una mayoría circunstancial pueda cambiar las reglas, imponer a militantes adictos, y no profesionales respetuosos de los derechos y las leyes, en los cargos más encumbrados del Poder Judicial, y anular así los derechos políticos de sus contrincantes, volviéndose una mayoría permanente, un poder autocrático.

Bueno, lo que ha descubierto Cristina, y el resto del Frente de Todos y su gobierno parece avala, con más o menos entusiasmo según los casos, es que para salvarse ella, sus familiares y amigos de la cárcel, tiene no solo que destruir algunas causas, y algunos juzgados, sino las bases mismas del funcionamiento de nuestra democracia. No es moco de pavo, por tanto, lo que se juega con esta ley.

Pero lo más divertido del asunto es, de nuevo, lo que acaba de decir Alberto de este asunto. Señaló, sin sonrojarse, que la culpa es de los opositores, porque ellos no quisieron arreglar con él, cediendo a su “propuesta moderada” de poner a Daniel Rafecas en lugar de Casal, el Procurador heredado del gobierno anterior, lo que hubiera servido de paso para preservar en su cargo a la señora Losardo.

En verdad, a Rafecas lo vetaron y lo dejaron esperando en el Senado los propios kirchneristas, que no confiaban en su disposición a hacer todo lo que ellos desde el principio sabían que haría falta para destruir las investigaciones sobre la corrupción.

Y el proyecto que ahora empuja Soria no es una total novedad, ya se venía gestando cuando Losardo estaba en su lugar. Y ella misma se comprometió a impulsarlo, solo que no le creyeron demasiado.

Porque lo cierto es que tanto este proyecto como los demás pasos que el oficialismo ha venido dando, sacando a jueces, presionando a fiscales, iniciando causas absurdas contra los renuentes a obedecerle, no son fruto de ninguna improvisación, ni una ocurrencia reciente, sino que resultan del pacto fundacional del Frente de Todos, el intercambio que permitió que Alberto sea presidente, Massa presida Diputados, y todos los demás integrantes del oficialismo consiguieran lo que deseaban.

La única novedad es el apuro, la decisión de someter a los diputados dubitativos a presiones inusitadas, y a ofertas seguramente también muy tentadoras, y la voluntad de ignorar por completo la agenda pública, que está obviamente enfocada, y cada vez con más énfasis y angustia, en los contagios y muertes, la suba acelerada de precios y del porcentaje de pobreza, problemas de ese tipo.

Pero como el gobierno ya sabe no va a poder resolver ninguno de esos problemas, y ya no puede confiar en que la sociedad sea comprensiva con esa ineficacia y le dé más tiempo, tiene lógica que haya decidido apostarlo todo a una guerra sin cuartel: en vez de moderarse y esperar, ha decidido poner toda la carne en el asador, por decir así, ir a la guerra de frente y con los planteos más extremos, en todo el arco de asuntos en discusión, desde la deuda hasta los juicios, apostando a que el peronismo se mantenga unido en torno suyo, para asegurarle el acompañamiento mínimo que necesita para salirse con la suya.

En los próximos días, veremos si el plan puede, en lo inmediato, avanzar. Es probable que lo logre, porque la polarización hará su trabajo, y el oficialismo tiene aún muchos recursos en sus manos, tanto para amenazar como para comprar adhesiones.

Pero, por más que se apruebe la norma en discusión, es más difícil imaginar que Cristina vaya a dormir tranquila, para lo que necesita que efectivamente las causas que la desvelan desaparezcan como por arte de magia. ¿Se amoldarán todos los fiscales a lo que les diga un nuevo Procurador?

Si no lo logró Gils Carbó en su momento, ¿por qué iba a ser ahora diferente? ¿No podrán acaso los rebeldes que sobrevivan apelar a la Corte, y seguir manteniendo la situación más o menos como hasta ahora? Cristina necesita demasiada disciplina y acompañamiento como para lograr lo que se propuso, que todos los que la han criticado y acusado queden en silencio, invalidados, e incluso unos cuantos de ellos le pidan perdón. Ni los regímenes totalitarios más salvajes del siglo XX lograron moldear la historia y las opiniones con tanta eficacia. El kirchnerismo tiene demasiado poco combustible, ofrece demasiado poco con sus políticas públicas, y es demasiado desprolijo e ineficaz como para soñar con algo siquiera cercano a eso.

Lo que sí puede conseguir es destruir aún más las instituciones de lo que lo ha hecho hasta acá. Algo muy penoso, porque será muy costoso volver a poner de pie lo que ahora se destruya. Ese es el mayor peligro, y será seguramente su mayor legado.