Un paso adelante, dos pasos atrás. Así avanza, si es que se puede considerar como tal, el otro expediente abierto tras la muerte de Alberto Nisman: el del lavado de activos. El portal Encripdata pudo saber que la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó el viernes que sea el juzgado federal 11 el que siga adelante el caso, o mejor dicho simplemente a cargo, luego de que estuviera durante mayo en poder del juzgado federal 6 que lo había recibido justamente de manos del anterior.

El camarista Leopoldo Bruglia hizo lugar a la queja de Pablo Lanusse, abogado de Sara Garfunkel y Sandra Nisman, mamá y hermana del fiscal del caso AMIA, para que el expediente en el que están imputadas vuelva al 11.

La pista del lavado de Nisman comenzó en 2015 cuando Sandra Arroyo Salgado denunció que su exmarido tuvo una cuenta sin declarar en el Merrill Lynch. Las idas y vueltas comenzaron cuando la mamá y la hermana de Nisman recusaron al juez federal 6 Rodolfo Canicoba Corral por «temor fundado de parcialidad» luego de las prejuzgara públicamente al decir que «claramente hay lavado de dinero» en La Once Diez.

El caso, entonces, pasó a Claudio Bonadio, pero el juez federal 11 supeditó todo a una autorización de la Corte Suprema de Justicia que nunca le llegó: la CSJN debía determinar si el informe de la FinCen, unidad antilavado de los Estados Unidos, servía como prueba o, en cambio, debía enviar un exhorto a un juzgado de Nueva York para que le mandaran de manera oficial el extracto bancario de Nisman.

Bonadio falleció el 4 de febrero de 2020 sin haber recibido noticias de la Corte.

Canicoba Corral, por su parte, se jubiló el 29 de julio de ese año al cumplir 75 años.

La orden que esperaba Bonadio finalmente llegó en noviembre, pero no por parte de los «supremos» sino por parte de los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi: «A luz de la demora que exhibe el trámite del presente legajo, se torna necesario instar al juez de la anterior instancia a arbitrar los medios necesarios para que se avance en la pesquisa con la mayor celeridad que la investigación lo permita«.

Entonces sí Martínez de Giorgi, sucesor de Bonadio en el caso, resolvió la inhibición general de bienes de la mamá y la hermana de Nisman, el asesor informático Diego Lagomarsino y el misterioso empresario Claudio Picón.

Pero eso duró poco: los mismos camaristas revocaron parcialmente el 8 de marzo de este año los embargos preventivos a los cuatro imputados para que el juez «determine un monto estimado a efectos de cubrir las finalidades previstas en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación», esto es «en cantidad suficiente para garantizar la pena pecunaria, la indemnización civil y las costas».

Y, luego, otro paso atrás: con la excusa de la salida del magistrado que las había prejuzgado, el juzgado federal 11 le devolvió el expediente recién el 4 de mayo de este año al 6, pero la Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó ahora que, por «principio de juez natural y de estabilidad de la competencia», vuelva al 11.

El cálculo de los embargos dispuestos por Martínez de Giorgi ya no deberá hacerlo él sino su reemplazante, Julián Ercolini, el cuarto del caso que ya lleva siete años.

Tarde o temprano, el expediente volverá a cambiar de manos: Ercolini es el titular del juzgado federal 10 porteño, donde casualmente investiga las circunstancias alrededor de la muerte de Nisman, con dos imputadas por lavado como querellantes y uno como acusado, pero el caso por la plata sucia del fiscal lo tiene a cargo como subrogante del 11, por lo que el 11 de febrero de 2022, tras finalizar el año de subrogancia, deberá dejarle el lugar a otro.