El destino de Fabián Rodríguez Simón (a) “Pepín”, pende de un hilo. O, mejor dicho, del criterio de dos funcionarios del Poder Judicial de Uruguay: la jueza de Crimen Organizado, Adriana Chasmarian (quien resolvería en los próximos días su solicitud de refugio), y el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner (quien ya analiza el pedido de captura y extradición enviado desde Buenos Aires por la jueza federal María Servini, en el marco de la causa por los “aprietes” a los dueños del Grupo Indalo). En paralelo, el ministro de Educación del país vecino, Pablo da Silveira, informó al embajador argentino, Alberto Iribarne, que “no habrá demoras de ninguna clase en la tramitación de estas cuestiones”.

Mientras tanto, el famoso prófugo mitiga sus horas muertas en una suite del hotel Hyatt Centric, emplazado sobre la Rambla del barrio montevideano de Pocitos, frente a la playa, a razón de 590 dólares por noche.

Rodríguez Simón se hospedó allí el 8 de diciembre pasado. Al principio actuaba como un pasajero más. Pero desde que las noticias sobre su situación procesal cruzaron hasta esa orilla del Río de la Plata, restringió sus salidas al máximo, y solamente asoma la nariz en la confitería del establecimiento; allí, los mozos ya no le dispensan la deferencia de antaño.

De hecho, en una de sus mesas se hizo notar durante el mediodía del 17 de mayo, al hablar a los gritos con alguien por teléfono.

Y sus palabras fueron: – ¡Me quieren meter preso! Estos hijos de puta me quieren meter preso. Yo me voy a quedar acá. No voy a volver.

Poco después, los movileros que hacían guardia en la vereda del hotel lo vieron ascender a una camioneta con dos hombres de impecables trajes. Se trataba de sus abogados, Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey. Curiosamente, no son penalistas sino expertos en Derecho Canábico.

El vehículo partió hacia las oficinas de Sanguinetti & Asociados, uno de los bufetes más caros de Montevideo. En esa ocasión, el ilustre cliente retocó el texto de un comunicado que se difundiría esa misma tarde, además de usar una de las oficinas para su diálogo por zoom con el periodista Carlos Pagni, que fue transmitido por el canal La Nación+. Al día siguiente, también en ese sitio, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia para su señal Net TV.

Tanto en el texto como en las dos incursiones televisivas no vaciló en manifestar que sus denunciantes –los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa– no le perdonan que “los haya hecho a pagar los ingresos brutos de manera retroactiva”. Y señaló que a él lo persigue “algo mucho más poderoso que el Estado, algo que lo tiene contratado a Alberto, a Aníbal y a Cristina”.

En su diálogo con Fontevecchia hasta se comparó con Borges, al recitar una estrofa suya: “Y me prodiga el animoso destierro, que acaso sea la forma fundamental del destino argentino”.

Pero más que las respuestas, había que apreciar las gesticulaciones de ese individuo con los nervios de punta, que no dejaba de enarcar las cejas y fruncir los labios, en medio de muecas atroces.

Quizás Pepín ya haya tomado consciencia de que su fuga hacia adelante lo convirtió, incluso para sus secuaces, en una mancha venenosa, algo que él jamás imaginó para sí.

Hombre de Ley

A lo largo de su existencia, Rodríguez Simón supo ocultarse en los pliegues del bajo perfil. Un tránsito entre las sombras que únicamente supo interrumpir en virtud de otra gran pulsión: trascender en el campo del intelecto.

Lo prueba su libro, Clarín y la ley de medios, cuyo subtítulo resume todo: Claves para comprender cómo resolverá el caso la Corte Suprema. Lástima que ese volumen de 592 páginas –publicado en noviembre de 2013– haya nacido obsoleto, puesto que el fallo del alto tribunal fue, por escasos días, anterior a su lanzamiento, y con un sentido contrario al que él vaticinaba.

Semejante fracaso lo devolvió a su casi inexistente nivel de exposición, desde el cual suele manejarse como pez en el agua.

El mérito de Pepín –un apodo que arrastra desde su época estudiantil en el Colegio Champagnat– fue pasar desapercibido durante gran parte de sus 62 años. En eso le vino de perillas su encarnadura macilenta y menuda como la de un jockey. Tanto es así que ni siquiera era recordado por su breve etapa de funcionario porteño. Un milagro, ya que él fue, a partir de 2008, nada menos que jefe de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), el organismo parapolicial del gobierno de Macri en la Ciudad que se encargaba de apalear a los indigentes. Su escurridiza figura tampoco resaltó en su rol de abogado del grupo Clarín. Ni como defensor del Presidente en causas resonantes. Ni como integrante del directorio de YPF. Ni como legislador del Parlasur. Ni como el arquitecto en la sombra de la política judicial del oficialismo, responsabilidad que supo darle más poder que al ministro del área, Germán Garavano.

En este punto, es necesario retroceder a la hora cero del 10 de diciembre de 2015. En ese preciso momento –escoltado por el futuro jefe de asesores, José Torello, y el también futuro secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas– avanzaba con paso firme hacia la Casa Rosada y, frenado en el portón por un guardia de seguridad, expresó su intención de ingresar con solo dos palabras pronunciadas con tono imperativo: “¡Autoridades entrantes!”. Así fue como se convirtió en el primer macrista que puso un pie en ese edificio.

A partir de entonces fue artífice de una purga selectiva de magistrados y fiscales –la ex procuradora Alejandra Gils Carbó lo sabe en carne propia–; impulsó la designación de magistrados “confiables” –los integrantes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, también lo saben en carne propia–; a la vez, fue el apretador oficial de opositores, ex funcionarios y empresarios en conflicto con el régimen macrista, entre otras inumerables trapisondas.

Tanto es así que De Sousa jamás pudo olvidar el timbre nasal de su voz en un ya remoto 9 de marzo de 2016: “La guerra empezó y que cada uno se salve como pueda”. El tiempo probó que la amenaza de Pepín no fue en vano.

Pero si hay una historia que lo pinta de cuerpo entero es su intervención en el “problemita” penal que le causó a Macri figurar en los “Panamá Papers”. La estrategia de Pepín consistió en instigar una demanda del Presidente contra su propio padre.

No obstante, su buena estrella empezó a declinar a fines de septiembre de 2018, al ser difundida en El Cohete en la Luna, el portal de Horacio Verbitsky, una fotografía tomada a hurtadillas donde se lo ve en el bar Biblos, de Libertad y Santa Fe, con el camarista Martín Irurzun. A partir de entonces sus constantes injerencias en el universo tribunalicio dejaron de ser un secreto de Estado.

Once meses más tarde, la derrota de Juntos por el Cambio (JxC) en las PASO lo había afectado sobremanera. De hecho, por esos días se lo oyó decir: “¡Que mal esto del peronismo! Podemos ir todos presos”.

La escena transcurría en una mesa de la confitería La Biela, y su único interlocutor era nada menos que Torello.

Sus colegas de la llamada “mesa judicial” no compartían su pesimismo. Tanto es así que, a solo ocho días de finalizar el mandato de Macri, asistieron a una comida de despedida en el restaurante La Recova, en la cual optaron por platillos light y bebidas sin alcohol.

Entre los comensales estaba Torello, Clusellas y Garavano, además del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, el ex secretario de Justicia y actual miembro del Tribunal Superior de Justicia porteño, Santiago Otamendi, y el ex integrante del Consejo de la Magistratura y actual fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques. Aquella vez Pepín no fue de la partida.

La tertulia se asemejaba a la de un grupo de autoayuda. Nadie allí tuvo a bien reconocer las preocupaciones por las causas con miembros del gobierno saliente por imputados. “Hay cientos de denuncias con poco sustento”, decían entre bocado y bocado, apuntando hacia “denunciadores seriales”, mientras coincidían en que Macri tampoco está preocupado. “Confía en que la gente no va a permitir atropellos”, soltó Garavano, antes de que los presentes brindaran con agua mineral.

Desde entonces parece haber transcurrido un siglo.


El hundimiento

No es una exageración afirmar que el escape de Pepín hacia la Banda Oriental desató entre la dirigencia de JxC una loca carrera por desmarcarse de él.

Valgan los caso del ex senador Miguel Angel Pichetto y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El primero, opinó: “Él no es un guerrillero en un movimiento de liberación. Si hay una causa, que venga y se presente”. El otro, aseveró: “No lo conozco, pero hay que estar a disposición de la Justicia”.

Muchos otros referentes partidarios prefirieron llamarse a silencio.

Pero no Elisa Carrió. Ella apoyó con vehemencia la “rebeldía judicial” del operador: “Esto se venía. Y están buscando un preso”
Al respecto, no está de más evocar el cambiante vínculo entre Pepín y la líder de la Coalición Cívica (CC). Porque el romance entre ellos osciló entre el sainete y la tragedia shakesperiana.

A mediados 2016 el Presidente había convocado al entonces vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y a Rodríguez Simón para confiarles una misión de suma delicadeza: contener a Lilita ante sus habituales derrapes. La posterior eyección de Quintana del cargo hizo que Pepín fuera el único acompañante terapéutico de la señora.

Fue un deber no exento de mala sangre. Porque poco después de la nota de Verbitsky, Carrió soltó en el programa de Mirtha Legrand: “Garavano no existe; la Justicia la manejan Angelici y los pepines”. Una amiga.

Rodríguez Simón, sentado frente a la pantalla, montó en cólera. Y por un tiempo le retiró el saludo a Carrió. Hasta que por orden presidencial tuvo a bien reconsiderar aquella actitud. Al fin y al cabo ella era la vaca sagrada de la coalición que por entonces gobernaba.

Por su parte, Macri se mostró inusualmente cauto. Además de admitir que Pepín la había informado su decisión de pedir asilo político en Uruguay, comentó: "No estoy de acuerdo, pero lo entiendo". 

Es un secreto a voces la zozobra provocada en la dirigencia macrista por el destino de Rodríguez Simón. Ya de por sí, la imputación que pesa sobre él no es más grave que la existente sobre el resto de los imputados; a saber: los ex titulares de la AFIP, Alberto Abad y Leandro Cuccioli; los ya mencionados Quintana, Torello y Saravia Frías; los empresarios Ignacio Rosner, Orlando Terranova y Nicolas Caputo, además del ex presidente.

Dado el inocultable stress del operador estrella del PRO, no resulta nada descabellado suponer otras torpezas de su parte. O peor aún –tal como se llegó a comentar en los corrillos del macrismo–, la posibilidad de que ese hombre termine por recurrir a la figura del “arrepentido”.

Por lo pronto no fue un hecho menor que, en su diálogo televisivo con Fontevecchia, se refiriera a este asunto con una especie de mensaje:

–¿Arrepentido de qué? No cometí ningún delito; no tengo nada de qué arrepentirme.

Aunque esa afirmación no tranquilizó a sus correligionarios. Porque los macristas saben mejor que nadie lo que vale la palabra de un macrista.