Cuenta agencia DyN en el día de ayer que la Justicia requirió al presidente Néstor Kirchner que abriera los archivos de inteligencia que contengan información sobre el robo de la manos del cadáver de Juan Domingo Perón, a 20 años de la profanación de la tumba de quien fuera tres veces presidente de la Argentina. Según fuentes judiciales, un funcionario del juzgado de Instrucción Nº 27, a cargo del magistrado Alberto Baños, presentó personalmente el exhorto ante la Secretaría General de la Presidencia.

El texto, al cual tuvo acceso DyN, alude al artículo de la ley de inteligencia nacional que permite al Presidente autorizar la desclasificación de la información reservada.

A su vez, Atilio Neira, abogado de María Estela Martínez de Perón y representante de la querella, pidió a Baños la "declaración informativa" de Carlos Alberto Di Caro, quien integró los servicios de Inteligencia del Ejército y a quien una denuncia señaló como uno de los responsables de la profanación”.

Esta noticia, difundida en la mañana del jueves 5, es correlato de un informe documental emitido en la noche del miércoles anterior, en el programa A dos voces. Con motivo de cumplirse el vigésimo aniversario de la mutilación del cadáver de Juan Domingo Perón, se puntualizó que la causa dio un giro a causa de un suceso inesperado: La Justicia reclamó al Gobierno nacional que "autorice el acceso a toda información" sobre la profanación de la tumba de Juan Perón y la mutilación del cadáver que "exista en los distintos organismos que componen el sistema de inteligencia nacional".

La medida -fechada el 29 de junio pasado y entregada en mano en la Secretaría General de la Presidencia- busca motorizar una causa en la cual, después de veinte años de cometido el delito, no existe procesado alguno. Además, solicitó información sobre varias personas entre las que se encuentran los represores Aníbal Gordon, Raúl Guglielminetti y Leandro Sánchez Reisse, y el abogado Mario Rotundo (1).

En tanto, María Estela Martínez de Perón, querellante en la causa representada por el abogado Atilio Neira, solicitó a la Justicia que se cite a declarar a Carlos Alberto Di Caro, un agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIN).

"Di Caro aparece mencionado en un escrito anónimo recibido por la oficina local de la organización internacional Amnesty International", indicó Neira en su escrito y señaló que "el receptor de ese anónimo, Horacio Méndez Carrera, a cargo de la oficina, verificó la autenticidad" del texto. Agregó que anteriores pedidos de informe sobre Di Caro al SIN "debió tropezar procesalmente con la reticencia de sus autoridades".

El abogado indicó además que del legajo remitido al juzgado "surge escasísima información" que lo presentaba como empleado administrativo y subrayó que el ex secretario de la SIDE Facundo Suárez Lastra reconoció que Di Caro mantenía con él "relaciones frecuentes de intercambio informativo".

Además, detalló que en el libro "La segunda muerte", escrito por los periodistas David Cox y Damián Nabot, surge "la exabrupta sensación de sorpresa" de Suárez Lastra cuando fue consultado por Di Caro. "Por último, una persona de nombre y apellido Alberto Di Caro es mencionada por los periodistas (Cox y Nabot) en su libro como integrante de la logia P2, en una nómina de sus integrantes secuestrada a Licio Gelli, a quien los investigadores atribuyen intervención en los hechos que se investigan", agregó el escrito. Según "La segunda muerte", la mutilación ocurrida en junio de 1987 -que fue descubierta el 1° de julio de ese año- fue realizada por el accionar de grupos de mano de obra desocupada con contactos en el Poder y las Fuerzas Armadas.

Además, señaló que el crimen habría sido obra de la logia italiana Propaganda Due (P2), liderada por Gelli, en complicidad con los represores de la última Dictadura Militar”.


Un viejo conocido

Según el libro citado en este sitio La profanación, el robo de las manos de Perón, de Juan Carlos Iglesias y Claudio Negrete, el aludido Di Caro formó parte del Batallón 601 de inteligencia del Ejército entre 1973 y 1996. Además, la presente obra aporta otros datos de interés que sin duda removerán a partir de ahora el avispero: “En esta segunda investigación realizada por los ex policías del grupo de elite que había actuado en Catamarca apareció el nombre del teniente coronel Miguel Del Pino.

Tenía una historia y una estrecha relación con Enrique “Coti” Nosiglia. El ex militar había salvado a uno de sus hermanos durante la dictadura, que ya había secuestrado a otro de los hermanos del Coti. Desde aquella experiencia se volvieron inseparables hasta estos días. Pero Del Pino, quien también había pasado por el tenebroso Batallón 601 de inteligencia militar, fue separado del Ejército por integrar una de las bandas surgidas de las fuerzas de seguridad.

Cuando Nosiglia fue ministro del Interior, Miguel Del Pino se transformó en una de las personas de su extrema confianza y lo ubicó en la SIDE a cargo de un grupo operativo. Ya en tiempos de Menem, siguió cumpliendo funciones allí y fue un importante operador político entre grupos cercanos a Raúl Alfonsín y a su sucesor”.

Entonces, luego de esto, es fácil inferir que Di Caro (que también revistaba en los batata del 601) pudo haber estado a las órdenes de Del Pino. Y más concretamente, ambos hubieron integrado el grupo, o al menos uno de ellos, que perpetraron la profanación en cuestión.

Ahora, con estos últimos datos, sería suponer el posterior desarrollo de la cuestión pues hasta ahora dicha causa duerme en el letargo de la impunidad. Todo depende, que duda cabe, de la decisión presidencial de abrir los archivos sospechados para que entre un poco de luz. Y que de una vez por todas, el general Perón pueda descansar en paz.

(1) Rotundo no es abogado y por fuentes judiciales consultadas resultaría errado el pedido de investigación sobre su persona.