La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) sigue sin titular a cuatro meses de la renuncia de Eduardo Bertoni. La Jefatura de Gabinete de Ministros aun no asignó un reemplazo para un puesto clave en lo que respecta a la transparencia de la gestión.

Luego de que diversas organizaciones y la oposición objetaran la postulación del abogado Gustavo Fuertes en febrero, por considerar que no era idóneo para el puesto y tampoco un independiente partidario, el Ejecutivo no ratificó su candidatura. Desde entonces, la agencia se encuentra acéfala y aun no se mencionaron nuevos nombres. 

Distintas ONG como ACIJ, Poder Ciudadano, Directorio Legislativo, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Fundación Vía Libre y Democracia en Red, como legisladores opositores reclaman que se inicie un nuevo proceso para finalmente nombrar al nuevo titular de la AAIP.

A la espera de un candidato

Desde la Fundación Vía Libre emitieron un comunicado en el que aseguran que siguen a la espera de una nueva candidatura que esté a la altura de la responsabilidad del caso.

Tanto los derechos a la protección de datos como el resguardo de la intimidad de las personas están contemplados en la Constitución Nacional y cualquier reforma en este sentido debe ser realizada mediante un debate en el Congreso.

“Cuando tomamos la decisión de presentar objeciones a la candidatura de Fuertes para reemplazar a Bertoni sentimos la incertidumbre y el temor de que finalmente el puesto quedara eternamente vacante. Le llamamos el síndrome de la Defensoría del Pueblo, que vale recordar, está vacante desde hace tantos años que ya ni registro tenemos”, señalaron desde la fundación.

La renuncia de Bertoni

La Agencia de Acceso a la Información Pública está sin titular desde el 1 de enero luego de la renuncia de Eduardo Bertoni que había sido nombrado en 2017 por el expresidente Mauricio Macri y dejó su cargo para asumir como representante de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) para América del Sur. 

El nombramiento había sido entonces por cinco años y el mandato se vencía en agosto del año que viene. 

La impugnación de Fuertes

Cuando durante febrero se postuló a Gustavo Fuertes como el próximo titular de la AAIP, un grupo de organizaciones de la sociedad civil de todo el país le enviaron una carta al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, advirtiendo sobre la falta de formación específica, no contar con experiencia para el cargo ni tener publicaciones académicas realizadas, como así tampoco un reconocimiento público por su trayectoria en la temática. 

Luego de la audiencia pública en la que la ciudadanía objetó a Fuertes como líder de la AAIP, el 23 de marzo, el Ejecutivo no confirmó la candidatura, tal como indica la Ley 27.275 en su artículo 21 inciso f. Ahora debe volver a iniciarse todo el proceso de selección a partir de la nueva postulación para el cargo.

“Es urgente que el Poder Ejecutivo envíe una nueva candidatura para el cargo acorde a los estándares de idoneidad y autonomía”, señalan desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Entre otros aspectos detallan que el postulante debe contar con experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, de forma tal que pueda corroborarse su compromiso con la efectividad de estos derechos humanos.

Proceso de selección del director

La selección del director de la Agencia de Acceso a la Información Pública se debe realizar de acuerdo con lo que determina la Ley 27275 y el Decreto Reglamentario 206/2017.

La persona designada como director de la Agencia de Acceso a la Información Pública debe ser ciudadano argentino, demostrar antecedentes que acrediten idoneidad para la función, cumplir con las condiciones que establece la Ley 25188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Tampoco debe haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los cinco años previos a la designación.

En septiembre de 2016 se sancionó la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública con el fin de garantizar el acceso a la información, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública de todos los poderes y organismos del Estado Argentino.