El fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de cinco funcionarios de la TV Pública por los presuntos delitos de “administración infiel en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles” por el retiro de 11,4 millones de pesos en efectivo de una cuenta de Radio y Televisión Argentina (RTA) para gastos de la producción de una serie sobre el prócer Manuel Belgrano.

El pedido de indagatoria formulado ante el juez Luis Rodríguez apunta a Alejandro De la Torre, director adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales;  Claudio Lamalfa, tesorero;  Guillermo Siaria, director de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales; Ernesto Molinero, gerente de Producción, y Ariel Berliner, subgerente.

Una sexta imputada con pedido de indagatoria es Adiana Maestri, una escenógrafa externa contratada para la ficcion.

El pedido de indagatorias excluye a la presidenta de RTA, la periodista Rosario Lufrano, a quien el fiscal no consideró responsable de los presuntos delitos investigados.

Según el dictamen, de unas 42 páginas, los imputados “excediéndose en sus funciones y abusando de la confianza que les había sido depositada en virtud de los cargos jerárquicos que ostentaban dentro de la estructura de la sociedad, dispusieron arbitrariamente de fondos del estado nacional en clara violación de los principios generales que rigen su accionar como funcionarios públicos”.

Los acusados actuaron “con el objeto de materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios, desatendiendo la normativa regulatoria de la actividad allí desarrollada y eludiendo los mecanismos de control internos existentes en la mentada Sociedad del Estado”.

Ello, añade el texto, “redundó en indebidos beneficios para los imputados y hacia terceras personas, provocándose como contracara de ello un perjuicio económico en las arcas públicas”.

Según el fiscal, “la maniobra cuestionada estuvo orientada a procurarse el manejo de dinero en efectivo, por fuera de los límites previsto para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo y llevar a cabo distintas erogaciones presuntamente vinculadas con las necesidades de la tira”.

Se trata de “Los amores prohibidos de Belgrano”, una producción prevista por la TV Pública desde el inicio de la actual gestión y postergada por la pandemia.

El dictamen subraya que las conductas de los imputados no contaban “con la debida autorización del Directorio de RTA SE ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara”.

“Si bien la documentación permite afirmar que desde el Directorio de RTA se tenía conocimiento del proyecto, toda vez que Lufrano suscribió diversos contratos de locación a mediados del año 2020 con los agentes que prestarían servicios para la concreción de la ficción, lo cierto es que lo que sucediera después de ello escapó de su conocimiento y, consecuentemente, de su aprobación”.

El retiro del dinero para supuestos gastos de la producción, así como  “todo lo actuado con posterioridad por los imputados escapó del control de los integrantes del Directorio, que lejos estuvieron de autorizar las erogaciones cuestionadas”.

“Sin que exista un presupuesto previamente aprobado y no mediando la aprobación del Directorio de RTA, gestionaron, autorizaron y cobraron anticipos de gastos por $11.400.000, monto que fuera extraído de las cuentas bancarias de la sociedad y sería utilizado por aquellos para materializar diversas erogaciones en efectivo que derivaron en un elevado perjuicio económico para el patrimonio nacional”, resumió el fiscal.