La actividad minera no brinda información suficiente ni es fiscalizada correctamente sobre los gastos tributarios que la favorecen.

A estas conclusiones arribaron durante la charla “Beneficios impositivos a la minería”, realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en el marco del ciclo “Impuestos y derechos: hacia un sistema tributario para la igualdad”.

Los gastos tributarios son aquellos recursos que el Estado decide dejar de recaudar mediante beneficios fiscales a ciertos grupos y personas. El régimen de inversiones mineras de nuestro país, enmarcado en la Ley 24.196 de 1993, establece beneficios al sector, entre ellos, estabilidad fiscal por 30 años para las empresas que exploren o exploten minerales.

Asimismo, “prevé una amortización acelerada, esas empresas pueden deducir los costos de la compra de bienes que utilizan. También, tienen una serie de exenciones a los aranceles de importación, una reducción en el impuesto a la ganancia y una deducción de los aportes realizados al Fondo del cuidado ambiental que es voluntario y no tiene una supervisión muy clara por parte del Estado”, aseguró Julieta Izcurdia, abogada y coordinadora del programa Justicia Fiscal de ACIJ, en comunicación con el portal ElAuditor.info.

Falta información y tampoco hay control

Este régimen tributario fue pensado como una estrategia para la atracción de inversiones y promoción del crecimiento económico, pero carece de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y evaluación de su impacto, tanto en lo económico como en lo ambiental, según los expositores.

“No tiene claridad en sus metas, ni herramientas para controlar el modo de implementación de estos beneficios. No tiene indicadores de resultados y la producción de información en esta materia de gastos tributarios es en general muy poca”, añadió Carmen Ryan, consultora de ACIJ, en la charla virtual.

Todos los años, el Ministerio de Economía produce un informe sobre los gastos tributarios pero en la presentación no detalla cómo se calcula el impacto de cada uno de ellos y en algunos casos no incluye datos financieros, como en el caso de la minería.

“Es un sector totalmente opaco. Hace muchos años que viene funcionando este régimen, se vence en 2023 y parece que nada va a cambiar. Garantizar la estabilidad fiscal de las empresas parece ser más relevante que el impacto que puede tener el territorio”, explicó Izcurdia.

Plan estratégico minero 

Desde el año pasado, en Argentina se desarrolla el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero Argentino, que busca generar las condiciones básicas para el desarrollo de la actividad y para atraer inversiones extranjeras, “algo muy similar al régimen del ’93. El Plan surge en un contexto donde se viene promocionando la actividad”, remarcó Leandro Gómez, integrante del Área de Política Ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

El documento inicial, realizado por la Secretaría de Minería del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, no contempla la participación de actores con posiciones disímiles a las del sector. “Tiene una mirada economicista, productivista, donde pareciera desconocer las dificultades que tienen las empresas para cumplir con la normativa como la Ley de Glaciares que es constantemente violada. Las cuestiones ambientales y sociales no aparecen en el Plan”, aseveró Gómez.

El presupuesto asignado a la Secretaría de Minería “está basado en el desarrollo de este Plan”, aseguró Gómez. Según un informe de FARN de los $355 millones que se le asignan al área, el 98% de las partidas presupuestarias van contra el cuidado del medio ambiente, el 2% no fueron identificadas y un 0% se destina al cuidado del medio ambiente. Por los beneficios tributarios para la promoción minera, el fisco dejará de percibir más de $7689 millones. De ellos, $1910 millones corresponden al impuesto a las ganancias, $240 millones por la estabilidad fiscal y $5539 millones por exención de derechos a la importación.

“Del análisis del presupuesto podemos indicar que las transferencias para cuidados ambientales quedan relegadas frente a la necesidad de generación de divisas”, concluyó Gómez.

Gastos tributarios

Desde 2018, ACIJ comenzó a trabajar en relación a este tema con el objetivo de “incidir para que algo cambie con respecto a la falta de información, de participación de los sectores afectados y sobre la falta de justificación sobre por qué se sostienen regímenes de beneficios en una actividad dañina para las comunidades y para el medio ambiente”, insistió Izcurdia. Los gastos tributarios actualmente representan entre 2 y 3 puntos del Producto Bruto Interno.

Siguiendo a Izcurdia, “en nuestro país los programas de gasto directo como las asignaciones familiares o políticas alimentarias suelen tener metas físicas, indicadores y se analizan anualmente cuando se discute el proyecto de Ley de Presupuesto. Pero no pasa lo mismo con los gastos tributarios que permanecen a lo largo del tiempo sin que su impacto sea monitoreado y en algunos casos ni siquiera las autoridades tienen acceso a información clave de estas políticas”.

Justicia fiscal

Hay varios sectores con beneficios impositivos, que implican grandes pérdidas de recaudación, como es el caso de los jueces que están exentos del pago de impuesto a las ganancias. Que los magistrados no abonen este tributo implica “una pérdida estimada de $41.285 millones este año, siete veces el presupuesto asignado al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”, alertó Izcurdia.

Desde ACIJ definieron la justicia fiscal como la necesidad de que el sistema esté diseñado de tal forma que permita generar recursos suficientes para garantizar los derechos de todas las personas en condiciones de igualdad, especialmente de aquellas que requieran de la intervención estatal para vivir con dignidad.

“Para eso el sistema impositivo y de gasto público debe ser socialmente justo, equitativo, sin privilegios, progresivos y redistributivos de los ingresos y las riquezas”, comentó Izcurdia.

Del conversatorio Beneficios impositivos a la minería, que se puede ver online, también participó Alexandre Cinconello, oficial senior de programas de International Budget Partnership (IBP), que explicó la situación y las similitudes tributarias en la región; Gabriela Merlinsky, socióloga e investigadora del CONICET, que habló de los impactos socio-ambientales de la minería; y Bruno Rodriguez, de Jóvenes por el Clima, quien hizo énfasis en el activismo.