Este miércoles, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe que reveló un cúmulo de "irregularidades e inconsistencias en la asignación y ejecución de la publicidad oficial en 2017 y 2018", durante el gobierno de Cambiemos, y ahora evalúa la posibilidad de presentar una denuncia penal ante la justicia.

El informe hace referencia a distintos incumplimientos relacionados con la falta de una debida planificación de la publicidad oficial, como así también a millonarias asignaciones a empresas con las que el entonces espacio gobernante había estado vinculado en períodos de campaña electoral, como es el caso de Latín American Comunications S.A. (LatCom).

El informe aprobado por la totalidad del Colegio de Auditores Generales incluye una auditoría al Programa 19 de "Prensa y Difusión de Actos de Gobierno" en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que implementó bajo la órbita de la Secretaría de la Comunicación Pública que encabezó Jorge Grecco.

"De los datos relevados, se desprende que la firma Latin American Comunication SA, durante el ejercicio 2017, recibió el 40% del gasto total en publicidad oficial para vía pública, representando un monto de 118,6 millones de pesos, importe que supera en aproximadamente un 1.200 % el monto asignado a la firma proveedora ubicada en segundo orden de prelación", informaron desde la AGN.

LatCom es una firma que estaba relacionada con Mauricio Macri desde el año 2012, cuando era jefe de gobierno porteño, dado que fue contratada para promocionar su gestión en las calles de la ciudad con un contrato de 80 millones de pesos, según surge de distintas publicaciones periodísticas.

En el 2015, aún siendo contratista del gobierno de la Ciudad, LatCom fue elegida para llevar adelante la publicidad de Cambiemos en la campaña presidencial del 2015, según reveló en su momento el diario Página/12.

El informe fue aprobado por el Colegio de Auditores que sesionó hoy -en forma virtual- con la presencia del titular de la AGN, Jesús Rodríguez, y la participación de los auditores generales María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Pichetto y Alejandro Nieva.

En esta auditoría se analizaron también los procedimientos de contratación de servicios técnicos y profesionales y las estrategias de comunicación directa y vínculo con el ciudadano, mediante redes sociales y otras formas de comunicación electrónica (SMS; WhatsApp; email, etc.).

En los hallazgos de la auditoría se evidencian incumplimientos relacionados con la planificación de la publicidad oficial, en particular, en lo referido a la inexistencia de un documento aprobado que defina la estrategia anual de comunicación, incumpliéndose de esta manera con el artículo 1° del Anexo a la Resolución 617-E/16, informaron desde la AGN a través de un comunicado.

Otro incumplimiento se refiere a la ausencia de un Plan Anual de Publicidad Oficial que enuncie las campañas presentadas por los organismos del Sector Público Nacional, por lo que se incumplen los requisitos exigidos por los artículos 5° y 6° de la Resolución 247-E/16, remarcaron.

La ausencia de ese plan -explicaron- "impide evaluar la razonabilidad del análisis que en cada caso haya efectuado la autoridad administrativa al momento de ponderar la admisión o rechazo de las propuestas presentadas por los organismos del Sector Público Nacional conforme lo establece la normativa aplicable"

Se verificaron también incumplimientos referidos a la aplicación de criterios objetivos para la asignación de partidas a las distintas publicaciones y/o medio por campaña, que rigen la distribución de la pauta oficial.

Se constató que el auditado emitió órdenes de publicidad sin contar con crédito disponible en el presupuesto del organismo, vulnerando principios de orden financiero e incumpliendo la Ley de Presupuesto, la Ley 24.156 de Administración Financiera que en su art. 33 estipula que "no se podrán adquirir compromisos para los cuales no quedan saldos disponibles de créditos presupuestarios".

También se relevó que en la campaña "Haciendo lo que Hay que Hacer", la cual representó el 45% de la ejecución presupuestaria del año 2017, se emitieron órdenes de publicidad sin contar con la aprobación del crédito presupuestario.

Una vez aprobado el informe, por la totalidad del Colegio de Auditores Generales, fue remitido a la Secretaría Legal e Institucional de la AGN para que evalúe la posible presentación de una denuncia penal ante la Justicia.