La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, pidió su sobreseimiento en la causa en la que está imputada por la filtración de las identidades de agentes de inteligencia en el marco de la investigación por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.

"Solicito que se resuelva mi sobreseimiento respecto de la presente causa. La imputación que se me formula en estos autos resulta a todas luces infundada", proclamó Caamaño mediante un escrito y luego, al responder preguntas que le formularon la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano.

La AFI envió a la fiscalía federal de Lomas de Zamora y al juzgado federal donde tramitaba la causa una documentación reservada sobre actividades desarrolladas entre 2016 y 2018.

Esa documentación había sido reclamada por las defensas de los imputados como elementos necesarios para las indagatorias de, entre otros, Gustavo Arribas, el titular de la central de inteligencia en ese período.

"En el marco de los más de 40 pedidos de colaboración por parte de los Fiscales Federales de Lomas de Zamora que condujeron aquella investigación, emití la Resolución Nro. 991/20 por la que dispuse desclasificar determinada información que, en ese caso puntual, había sido requerida por las defensas de diversos imputados", explicó Caamaño.

"La desclasificación de la información y documentación -añadió- se encontraba alcanzada por las disposiciones establecidas" en la Ley de Inteligencia y, en consecuencia,  "no se permitía la reproducción, duplicación o divulgación, ya sea a través de medios técnicos o humanos".

"Para el caso que la autoridad judicial requirente considerara necesario el acceso a la información y documentación allí desclasificada era preciso se arbitraran las medidas necesarias para que la compulsa que se realizara, llegado el caso, fuera personal y en la sede judicial donde aquella se encontraba", explicó la titular de la AFI en su descargo.

Esa descripción parece complicar la situación de los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, así como la del juez federal Juan Pablo Augé.

Sin embargo, consideró que "la divulgación de la información que aquí se investiga no ha puesto de ningún modo en peligro la seguridad de la Nación. (…)  El contenido de aquella copia del libro de actas … no incluía cuestiones de índole operativa vinculadas con la seguridad nacional o la relación con las agencias extranjeras; sino cuestiones meramente administrativas que no tienen absolutamente nada que ver con el tipo de secretos cuya vulneración reclama la norma penal indicada".

"Y prueba de ello es que a casi un año de haberse divulgado aquella información no hubo ningún perjuicio de esa naturaleza", enfatizó.

"La AFI al remitir la información tomó todos los recaudos necesarios para proteger su contenido de conformidad con las exigencias que la normativa impone en materia de diligenciamiento de documentos clasificados", insistió.

En ese contexto, Caamaño expresó que "el tratamiento otorgado por los funcionarios de Lomas de Zamora se apartó abiertamente de los estrictos y claros recaudos que fueron detalladamente señalados en la propia resolución de desclasificación".

"Mi responsabilidad como Interventora de la AFI ante ese puntual requerimiento era remitir la información en los términos que fue solicitada, y adosarle el sello de seguridad que efectivamente fue colocado", abundó.

Ante los cuestionamientos sobre por qué no había testado los nombres, lo que permitió que saliera a la luz la identidad de los agentes de inteligencia, Caamaño explicó que "no había nada que testar porque ningún criterio normativo así lo impone, y porque -además- la información que fue desclasificada y luego remitida a la sede de la Fiscalía era exactamente la que había sido solicitada".

Caamaño indicó que remitió la documentación requerida en "formato papel", y que fueron los propios fiscales de Lomas de Zamora quienes "reconocieron que la acción creadora del riesgo que se concretó finalmente en el resultado lesivo fue la digitalización de la copia del libro de actas y su posterior carga al sistema Lex 100", desde donde se filtró a medios de comunicación que la publicaron.

"Esa acción no sólo se encontraba totalmente fuera de mi esfera organizativa, sino que había sido expresamente prohibida en la resolución de desclasificación", reiteró Caamaño.

La titular de la AFI reconoció que existió la filtración, pero negó su responsabilidad en tal situación: ""nada de ello hubiera sido posible si las autoridades judiciales hubiesen respetado las precisas indicaciones brindadas por mí en el cuerpo mismo de la resolución de desclasificación".

"Si los funcionarios de Lomas de Zamora se hubiesen apegado estrictamente a ellas, nadie hubiese tenido disponible una copia digitalizada del libro de actas. Fue esta omisión y no otra la que posibilitó la filtración", repitió Caamaño.

"El hecho de haber sido totalmente ajena a ella obstaculiza cualquier intención de imputarme objetivamente el resultado aquí investigado", insistió al pedir su sobreseimiento.