En los últimos días, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un informe sobre el cumplimiento de las normas que regulan la administración del fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias entre enero de 2016 y junio de 2018.

El organismo detectó que faltaron registros formales y fundamentos por partidas de dinero que no fueron otorgadas.  

El fondo fue creado por la ley 23.548 de “Coparticipación Federal de Recursos Fiscales” y su aplicación es tarea del Ministerio del Interior. Según el informe de la Auditoría, ese dinero está reservado a la atención de emergencia y desequilibrios financieros que registren los gobiernos provinciales.

La Secretaría de Provincias y Municipios, dependiente del Ministerio, es la encargada de realizar las evaluaciones técnicas de las solicitudes y del seguimiento del proceso de entrega de dinero.

De acuerdo a la fiscalización, de 2016 a 2018 la recaudación para los ATN fue superior a los fondos entregados a las provincias y esto produjo una acumulación de excedentes en la cuenta, cuyo saldo a junio de 2018 fue de $45.662 millones. Para la AGN esta situación implica “un diferimiento del destino asignado para dichos fondos por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales”. 

Durante el 2016 se ejecutó el 75.18% del crédito vigente, en 2017 fue el 78.18% y en 2018 (se fiscalizó hasta el 30/06) la cifra llegó al 21.02%. En este sentido, en el informe de la Auditoria se indica que hay desconocimiento de los motivos por los cuales se denegaron las solicitudes.

¿Cómo está conformado el fondo?

Los ATN están integrados con el dinero que se extrae de la masa coparticipable (el 1%), de lo producido por el Impuesto a las Ganancias (el 2%), y un 1% del 90% de lo producido a través del Impuesto a los Bienes Personales. Todo el monto resultante debe ser destinado a atender situaciones de urgencia que presenten las provincias.

En caso de no ser utilizada la totalidad de los fondos durante un ejercicio, según establece la ley, ese remanente debe ser trasladado al ejercicio siguiente como reserva. Durante el período auditado (2016-2018), se otorgaron ATN por un total de $8.931.017.000 correspondiendo el 42.4% a los gobiernos provinciales y el resto a los municipios.

Para pedir los fondos, las distintas jurisdicciones envían una solicitud que se recibe por mesa de entrada o en mano a través de gobernadores o intendentes. En este punto, la Auditoría observó que faltan “registros formales y archivo” de los pedidos de fondos que recibe el Ministerio dado que solo se encontró información de las partidas otorgadas y no de las que fueron denegadas con su respectiva justificación.

Las fallas detectadas por la Auditoría 

La AGN aseguró que se desconocen los fundamentos, montos y detalles de las solicitudes de aportes que fueron negados. Esta falta de información, “impide determinar si existen pedidos de ATN de las provincias y municipios en concepto de emergencia o desequilibrios financieros que no son satisfechos por el Ministerio del Interior”, aseguraron.

También se hallaron dificultades en la carga de la información, ya que el organismo de control indicó que no existen manuales de procedimientos para el circuito administrativo que requiere el otorgamiento de fondos por parte de la Secretaría de Provincias y Municipios.

Sobre un total de 693 ATN otorgadas en el período auditado, la Auditoría seleccionó una muestra de 135 expedientes (el 19% de los trámites realizados y el 57% del monto total otorgado). En el 77% de los casos analizados, no se contó con evidencia de que se hubiera  realizado una evaluación técnica de la información suministrada por la jurisdicción al presentar la solicitud de aportes, incumpliendo el requisito para respaldar la asignación de fondos. Tampoco se pudo conocer si dicho fondo se destinó a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros tal como lo determina la Ley de Coparticipación Federal. “La falta de dicha evaluación técnica conlleva un alto riesgo de distribución discrecional”, se indica en el documento.

Menos dinero que el solicitado

Otro punto importante que destaca el informe es que en el 61% de los casos analizados, el monto solicitado por la jurisdicción no coincide con la suma otorgada por el Ministerio. La diferencia promedio fue de un 26% menos. Este número, tomando todo el período bajo examen, asciende $3.318.117.422.

Según la AGN, “en los casos en que existió evaluación técnica de la solicitud (23%), el 93% de los informes técnicos no presentaban justificación de la suma que se recomendaba otorgar”. Tampoco indican el criterio seguido para la asignación lo que incumple con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 23.548.