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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) recibía históricamente el 1,4% de la coparticipación federal de impuestos. En enero del 2016, Nación y CABA firman un convenio de transferencia de la Policía Federal a la jurisdicción de CABA. El convenio fue aprobado por la Legislatura de CABA pero no por el Congreso nacional. Por decreto nacional se subió la coparticipación a CABA de 1,4% a 3,75%. Con la firma del Consenso Fiscal 2017 esta participación se redujo a 3,5% a los fines de adecuar el porcentaje a los cambios impositivos dispuestos en ese acuerdo.
El actual gobierno aduce que este porcentaje de coparticipación excede al gasto de la policía transferida. Por ello, en setiembre de 2020 reduce por decreto el porcentaje a 2,32% y con el remanente financia el denominado Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, el gobierno nacional promueve la sanción de una ley por la cual la coparticipación de CABA vuelve a ser de 1,4% y el Tesoro nacional le transferirá $24,5 mil millones anuales actualizables para sostener a la policía transferida.
Un dato clave es que nunca se presentó un estudio oficial sobre el costo de los servicios transferidos. Apelando a información histórica de ejecución presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA) trazó el siguiente panorama para el 2020:
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Los $24,5 mil millones que plantea el gobierno nacional equivaldrían a precios actuales a lo que le costaba a la Nación el personal transferido.
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Incluyendo otros costos, además de personal, según la ejecución presupuestaria los servicios transferidos costarían a CABA en la actualidad unos $38,2 mil millones.
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El incremento de coparticipación otorgado a CABA ascendería aproximadamente a $57,2 mil millones.
Estos datos señalan que la porción de coparticipación otorgada en su momento por la Nación a CABA excedería a lo que insume la transferencia de la Policía Federal. A su vez, también muestran que el monto fijado en la ley impulsada por el gobierno nacional no alcanzaría para cubrir estos costos. Si el tema se hubiese manejado con más transparencia y seriedad, desde un principio, es probable que el conflicto se hubiera evitado. Pero el oscurantismo y el desprecio por la institucionalidad degradan la gestión pública.
Parte de los desfasajes se produjeron porque se manejó con ambigüedad y poca transparencia el aumento en la coparticipación de CABA. Al fijarse como un porcentaje de la coparticipación, y no como un monto fijo actualizable, no había garantías de que los ingresos adicionales que recibe CABA sean similares a los costos de los servicios transferidos. Lo que ocurrió en la práctica es que la masa coparticipable aumentó a partir de marzo del 2016 por un hecho extraordinario: la devolución del 15% que se destinaba a la ANSES. Esto hizo que los recursos recibidos por CABA crecieran por encima de lo que cuesta la policía. Hoy, con la ley que impulsa el gobierno, los recursos transferidos a CABA no van a compensar las erogaciones que generan los servicios transferidos.
Pero el aspecto más insólito de este entuerto es que el Estado nacional termina financiando los servicios de seguridad de la jurisdicción más rica de la Argentina y posiblemente del Cono Sur. Se trata de otra evidencia de que no tiene sentido seguir insistiendo en la necesidad de acordar una nueva ley de coparticipación. Un mecanismo que centraliza el 80% de la recaudación impositiva en el nivel nacional para luego distribuirla entre las jurisdicciones, fatalmente genera tratamientos injustos, distorsivos, ineficientes y conflictivos. Reglas de distribución oscuras y discrecionales son inevitables mientras se mantenga esta desproporcionada centralización de recursos a nivel nacional.
En lugar de persistir con esta decadencia sería mejor abordar una descentralización de potestades tributarias hacia las provincias y los municipios. Cada jurisdicción debe financiarse con sus propios impuestos y rendir cuentas a la sociedad por los servicios que otorgue a cambio de dichos impuestos. Dada las fuertes disparidades regionales, sería pertinente un fondo de convergencia en el que las provincias más ricas financien, con plazo definido, el desarrollo de las zonas más atrasadas del norte del país.
Totalmente de acuerdo. No es posible que se haya naturalizado que hay provincias que son pobres y quieren seguir siendo mantenidas por las otras sin nunca hacer un plan de superación. Aún cuando la CABA usufructuó de muchos subsidios y de muchas ventajas, también es injusto para la CABA porque su aporte al PBI es muy superior a muchas de las otras provincias (menos la Pcia de Bs As, claro).Mientras CABA aporta casi el 20% La Rioja no aporta ni el 1%.............. Háganse cargo. Viven de arriba.Santiago del Estero, Formosa, viven todos a costillas de los demás. Chaco
Es lo que pienso hay que hacer, y que cada municipio sepa lo que arriesga y cada gobernador deje de nombrar personal ñoqui, y con sus propios impuestos y tasas financiarse. Se evitaria la alevosia de girar montos considerables a FEUDOS que todo esperan del gobierno nacional. La CABA genera el 22% del total de la copartipacion y le queda una miseria. Lo que no dice el articulo, es que mientras se aumento la coparticipacion a la CABA se le transfirio un servicio publico, pero a la Pcia. de Bs.As. se le aumento 4 puntos de coparticipacion, secos y liquidos, sin ningun servicio extra transferido. Este sistema es injusto, veremos quien le pone cascabel al gato. Me gustaria el proximo candidato a Presidente, lo asuma y diga que lo va a hacer.
¿Porque no cambiamos el CRITERIO de manera DEFINTIVA? Que CADA ESTADO PCIAL (incluida la CABA en ese status), RECAUDA y NEGOCIA CON EL ESTADO NACIONAL,,,,¡CUANTO ES LO QUE ESTE DEMANDA DE CADA PROVINCIA PARA SU FUNCIONAMIENTO Y ATENCION DE EMERGENCIAS NACIONALES! Lo que cada Pcia recaudaría, es porque es lo GENERADO dentro de ese AMBITO FISCAL, por lo que LE PERTENECE LEGITIMAMENTE. Entonces una vez al año (o mas veces según el nivel de inflación), se reunirían las Pcias y NEGOCIARIAN el quantum a aportar por cada Estado Pcial, incluso los que corresponderían a ayudas EXCEPCCIONALES de asistencia a Pcias con problemas fiscales. No es JUSTO un sistema de aparciencia "solidaria" que solo consolida los VICIOS de gobernantes ineptos e ineficientes cuando no corruptos que hacen de la MENDACIDAD un "logro financiero" para sacar a su provincia adelante. Deberían presentar, durante el tiempo que duran las "ASISTENCIAS DE EXCEPCCION" planes de ACCION CON PLAZOS a fin de hacer SUSTENTABLES LAS ECONOMIAS DE SUS PROVINCIAS. Asi el ATRASO DE UNAS NO PUEDEN ARRASTRAR HACIA ESE MISMO ATRASO A OTRAS SOCIEDADES QUE HACEN LAS COSAS BIEN.
Y los CORDOBESES que corno tenemos que ver con problemas de la CABA con la NACIÓN por ejemplo, si a nosotros no mandaron de más dinero a nuestra Provincia, para obras, para la Caja de Jubilaciones de la Provincia y mucho más. Que nuestro GOBERNADOR SCHIARETTI no recuerda, no sabe, no contesta porque hizo un pacto con los kirchneristas pasa por otro costado y por su culpa nos quedamos enlodados. Las Provincias recaudan para la Nación, quedándose con parte de las mismas como por ejemplo el Impuesto a las Ganancias entre otros tributos.
Sobre este tema hay una nota interesante en La Nación: https://www.lanacion.com.ar/economia/giros-discrecionales-en-24-anos-la-rioja-nid2526732 para quienes quieran darle una ojeada.