La protesta reviste larga data, pero hasta el momento las autoridades nacionales no brindaron respuesta. Por este motivo los “pilcha gris o candados”como se los conoce en la jerga, plantaron bandera y se encadenaron frente a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal en pleno centro porteño.

Los puntos del reclamo, -por demás legítimo-, no son pocos, pero a pesar de esto el destrato y manoseo de la interventora del organismo –la ex jueza de Justicia Legítima María Laura Garrigós de Rébori, quien posee vínculos estrechos con Juan Martín Mena y Horacio “El Perro” Verbitsky-, desbordó el vaso de los guardia cárceles que dijeron basta.

Puerta adentro de los presidios es parte del folclore; las condiciones de trabajo infrahumanas y la presión que ejerce el Poder Ejecutivo son agobiantes. La pandemia de COVID-19, la falta de equipamiento e insumos de protección personal, la deficiente asistencia sanitaria, sumado al abandono institucional y los magros salarios, generaron un espeso caldo de cultivo que derivó en reclamos masivos de los penitenciarios que hasta inicios de 2020 se mantuvieron sumisos, pero que detonaron cuando una vez mas, les metieron la mano en el bolsillo.

Los puntos del reclamo:

-Reconocimiento del Servicio Penitenciario Federal como una fuerza de seguridad nacional, y traslado de la estructura al Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina;

-Equiparación de haberes, -conforme el artículo 95 de la Ley 20.416-, con las jerarquías de la Policía Federal Argentina;

-Restitución de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) que les fue despojada hace más de 12 años, perjudicando ostensiblemente las prestaciones de la obra social del organismo;

-Restitución en los haberes del 2% correspondiente al Suplemento por Años de Servicio, para el cual los efectivos aportaron de manera “adicional” durante toda la carrera;

-Respaldo institucional, asistencia jurídica, y garantías para desempeñar adecuadamente la función;

-Otros temas.

A pesar de la lluvia, los manifestantes que arribaron de diferentes provincias y unidades carcelarias de todo el país, continúan encadenados aguardando soluciones. Pero tal parece, la agenda política contempla derechos y prioridades de presidiarios, aunque no de trabajadores.

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