“La deuda que se estaba determinando no era fruto de una persecución sino de impuesto a las ganancias que no había abonado la contribuyente y, tanto lo sabía, que esa deuda correspondía que, en 2020, según noticias que tomaron estado público, solicitó la exención en impuesto a las ganancias de los conceptos por los cuales se le realizó la determinación de oficio”.

Con estas palabras, directas y sencillas, el ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP, Jaime Mecikovsky, se refirió en una reciente presentación judicial a una denuncia en su contra hecha nada menos que por la ex presidente Cristina Kirchner y ampliada luego por la actual titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont (foto portada). Allí donde las denunciantes acusan a un grupo de funcionarios por “hostigamiento fiscal”, éstos responden simple y contundentemente que “la pretensión de darle un envoltorio de persecución o conspiración política al simple control del pago y de las declaraciones de impuestos no es novedosa”.

En febrero de 2020, la vicepresidente formuló una denuncia contra el ente recaudador por presuntos “manejos ilegales y operativos clandestinos” durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo a través de dos escritos, donde solicitó que se anule “todo lo actuado” y definió al accionar de la AFIP como una “maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos”. Quizá no se trate solamente de una intención de no pagar impuestos. Es, más que nada, una parte de la teoría k del “law fare”.

Luego de ello, el 14 de diciembre del mismo año, fue el propio organismo, a través de su titular, Marcó del Pont, el que amplió la denuncia, donde, haciéndose eco de lo señalado por su jefa, no solo advirtió sobre la existencia de una “matriz de persecución política”, sino que se valió de un típico argumento kirchnerista: habló de la creación de “una fuerza especial creada en el organismo con el fin específico de perseguir a la ex presidenta y sus hijos”. Lo más parecido a un “grupo de tareas”. Cabe recordar que el fallecido Néstor Kirchner también calificó temerariamente de esa manera en 2008 a los sectores del campo que protestaban durante aquel recordado conflicto.

La decisión de Mercedes Marcó del Pont expone crudamente, en toda su dimensión, la injerencia y contaminación de la política en organismos que debieran estar desprovistos de ella. En el seno de la AFIP, se dirime una batalla entre los funcionarios de carrera y los que llegan por sus contactos políticos. En este caso, termina siendo la propia administración la que embiste contra un hombre que reviste funciones desde 1980, y que supo ocupar por méritos propios altos y estratégicos cargos.

Lacónicamente, Jaime Mecikovsky señala en su denuncia que la vicepresidente en verdad “se queja de la coordinación de los agentes de la administración para cumplir las órdenes judiciales emitidas con la finalidad de cobrar lo que deben contribuyentes remisos”. Y agrega tajante: “Resulta preciso recalcarle que intentar cobrar lo que el contribuyente no paga conforme es su obligación, no es ni hostigamiento ni persecución sino cumplimiento de las obligaciones que le competen a los funcionarios de la administración tributaria”.

El escrito de la ampliación que presentó Marcó del Pont, donde acusa a las gestiones de sus predecesores Alberto Abad y Leandro Cuccioli de “abuso de autoridad y asociación ilícita”, está basado en un trabajo de auditoría interna dispuestos luego de la denuncia de Cristina Kirchner. Allí, se dijo, se habrían detectado ocho irregularidades.

Pero Mecicovsky asegura que los resultados fueron adulterados. “Las conclusiones de las auditorías internas cargos OIP 16/20 y el informe confidencial cargo OCV 11/2020 fueron ajustados por la Subdirectora General de Auditoría Interna Gabriela Camiletti”. Los funcionarios que llevaron a cabo las tareas de campo no firmaron “el informe final de la OCV 11/20 del 25 de junio de 2020” , por lo que, no sólo se los quitó de sus cargos, sino que también fueron “castigados” con una rebaja en sus remuneraciones.

Además de no haber consultado con los funcionarios actuantes en su momento, como lo exige el propio manual interno del organismo, “tampoco se dejó constancia”, prosigue Mecicovsky en su denuncia, que la mencionada Camiletti, designada por Marcó del Pont, “revista en la agrupación La Cámpora y que una de las consultadas oficialmente sobre los hallazgos es la ex cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García”. Actualmente, García es Directora General de la DGI.

En otra clara demostración de la injerencia de la política en la AFIP, fue designada a través de la Disposición 487 del 13 de diciembre de 2019, la abogada Silvia Traverso como Directora General de Aduanas, quien, según fuentes del organismo, “fue una estrecha colaboradora de Marcó del Pont en la Fundación FIDE (Fundación de Investigaciones para el Desarrollo)”, cuya Presidente en uso de licencia es la jefa de la AFIP. Además de ello, siempre de acuerdo a las fuentes citadas, “no tiene ninguna experiencia en el complejo tema aduanero”. Traverso es vocal en la mencionada Fundación.

La ampliación de denuncia hecha por la Administradora tributaria fue impulsada de inmediato, a través de un pedido de una decena de medidas de prueba, por el fiscal federal Franco Picardi, el mismo que no apeló en su momento el “cierre” de la causa por el llamado “Operativo Puf”. Además, el mencionado Picardi también procura la investigación sobre la supuesta “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri bajo la hipótesis de que hubo un hostigamiento a determinados magistrados y magistradas que no comulgaban con los intereses de esa administración.

Una historia que merece ser recordada

En 2001, la constructora santacruceña Gotti SA, predecesora de Austral Construcciones, nave insignia del presunto testaferro k, Lázaro Báez, comenzó a ser investigada en silencio por la DGI, debido a presuntas operaciones irregulares con facturación apócrifa. Ya para 2007, los sabuesos de la regional de AFIP Comodoro Rivadavia presentaron el resultado de su trabajo: Gotti había facturado $ 495 millones con facturas truchas de empresas fantasmas, generando una evasión de $125 millones en concepto de IVA y 120 millones en ganancias. Al tipo de cambio de la época, en torno a los $3 por dólar, significaba un perjuicio al fisco de unos U$S 80 millones.

Luego del hallazgo, la Justicia Federal tomó intervención, librando un oficio a la AFIP donde consultó si surgían más operaciones con documentación apócrifa. En marzo de 2008, el organismo aún entonces comandado por Alberto Abad contestó afirmativamente, revelando la suma de otros $400 millones. Además de Gotti SA, la DGI también aseguró que Austral Construcciones, Badial SA, Gancedo SA –vinculadas a Báez– y Casino Club SA, de Cristóbal López, también habrían utilizado facturas “truchas”.

Pero en mayo de 2008, la investigación iniciada por la Regional Comodoro Rivadavia entonces a cargo de Norman Williams, se frenó, según aseguraban, por “ordenes presidenciales”. En aquel momento, el director de la DGI era Horacio Castagnola y el jefe directo de Williams, el subdirector nacional de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky, quien apoyó decididamente la investigación. El 3 de junio de 2008, Williams renunció. Y a fines de julio de aquel año, la AFIP, cuyo titular ya no era Abad sino Claudio Moroni, actual Ministro de Trabajo de Alberto Fernández, relevó a Castagnola y Mecikovsky.

El primero fue reubicado en el Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y de la Seguridad Social de la AFIP, siendo reemplazado por Rubén Toninelli, mientras que Mecikovsky fue degradado a agente raso de la DGI, y cuyo reemplazo fue Carlos Sanchez. La Dirección Comodoro Rivadavia fue virtualmente desmantelada, siendo creada la seccional Río Gallegos, donde en 2010 fue designada Virgina García, hoy Directora de la DGI, el cargo que ostentó Castagnola entre 2002 y 2008.

Tanto Castagnola como Mecikovsky fueron repuestos en sus cargos en diciembre de 2015, con la llegada de Cambiemos al poder. Pero la política volvió a “meter la cola”. En octubre de 2018, a través de un conflicto muy poco claro, fueron nuevamente relevados, ahora por el macrismo. De acuerdo a lo que se presume, la razón fue solamente por hacer su trabajo, es decir, fiscalizar a los contribuyentes. La empresa que estaba en la mira de los sabuesos era “IECSA”, de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Por supuesto, con el regreso del kirchnerismo, las cosas fueron empeorando. Si bien Castagnola ya está jubilado, Mecikovsky, con más de 40 años de carrera, está en “almacenes de la AFIP”, degradado y sin computadora ni internet y los auditores que cumplieron correctamente sus tareas, desplazados.

Consultado sobre las denuncias de Cristina Kirchner y Marcó del Pont, reflexiona un funcionario técnico del organismo: “Habría que ver quiénes son los perjudicados. Si los políticos prebendarios que no quieren pagar los impuestos que le fueron legalmente notificados, o los funcionarios que cumplieron correctamente con el rol que el estado les colocó a través de su trabajo”. El propio Mecikovsky afirma algo similar en su denuncia: “Lamentablemente nos estamos acostumbrando a la inversión de roles convirtiendo a los victimarios en víctimas”.

Otro importante empleado de la AFIP ofrece una visión más amarga: “La conducta de esta política que se estigmatiza y se siente perseguida porque debe cumplir con sus obligaciones fiscales es el equivalente al “vacunatorio vip” pero de los impuestos”. Y aclara: “Todo político pretende por su condición tener una “puertita vip” impositiva, se olvidan que deberían dar el ejemplo en lugar de ser prebendarios en su situación fiscal”.