La trama, en esencia, podría sintetizarse así: los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner entregaron contratos de obras públicas a Lázaro Báez, quien destinó parte de esos fondos al alquiler ficticio de cientos de habitaciones y salones en dos hoteles de la familia presidencial, entre 2008 y 2013, entregándoles así millones de pesos.

Esa fue la esencia de lo que publicó diario La Nación a finales de 2013, tras una investigación que tomó años, y que derivó en una investigación judicial que quedó en manos del juez federal Claudio Bonadío y, tras su apartamiento, de su colega Julián Ercolini.

Tras años de investigación que incluyeron allanamientos, peritajes, procesamientos y planteos recursivos de las defensas, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, Báez y otros 15 acusados afrontaran un juicio oral.

¿De qué los acusaron? De integrar una “asociación criminal” que “canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional –a través de la obra pública vial– a los expresidentes y su núcleo familiar por medio de un esquema de lavado de dinero montado en base a la actividad hotelera que aquellos llevaban adelante”.

Para esa operatoria, resultaron decisivos dos hoteles de los Kirchner y una sociedad comercial de Báez. Es decir, el hotel Alto Calafate, controlado a través de la firma Hotesur, su hermana menor, la hostería Las Dunas, y la firma de Báez, Valle Mitre, que actuó como “gerenciadora” de esos establecimientos turísticos.

El rol de Báez, sin embargo, también resultó indispensable para la compra misma del Alto Calafate, de Las Dunas y de un tercer hotel, La Aldea. Porque fue el hombre señalado como presunto testaferro de los Kirchner quien le prestó casi US$6 millones a la familia presidencial para que adquirieran esos tres establecimientos.

Para entonces, cabe aclarar, el emporio que Báez levantó en directa correlación con el ascenso a la cúspide nacional de los Kirchner se había convertido en el principal contratista de la obra pública vial de Santa Cruz, recibiendo miles de millones de pesos.

Así, con los hoteles ya dentro del patrimonio de los Kirchner, el siguiente paso fue su gerenciamiento. Y Báez también fue clave en ese tramo con su firma Valle Mitre. Pero su actividad principal de esa sociedad no fue captar turistas, sino firmar contratos con empresas propias –Austral Construcciones, Kan y Costilla, Loscalzo y Del Curto, Badial, Don Francisco, La Estación, Alucom Austral y Diagonal Sur Comunicaciones– cuyos empleados pernoctarían, en teoría, en esos hoteles, durante años. ¿Su otro gran cliente? Aerolíneas Argentinas, cuando ya estaba bajo el control del Estado nacional.

Sin experiencia en hoteles

Remarcaron los fiscales Pollicita y Mahiques al pedir que envíe el expediente al tribunal oral: “Hasta ese momento, Valle Mitre administraba solamente un restaurante –con ventas netas anuales por apenas $430.095,80– y sin ninguna experiencia en el rubro hotelero, [pero] comenzó repentinamente a tener el manejo de los tres hoteles de la familia Kirchner quienes tan pronto iban adquiriendo los hoteles, le entregaban a la empresa de su socio y beneficiario de obra pública, la administración y explotación de aquellos. De esta forma, Valle Mitre pasó a realizar ventas por más de 24 millones de pesos”.

Para generar esa facturación resultó decisivo inflar la ocupación real de los hoteles. Al decir de los fiscales: “Se inició un proceso de reciclaje de una parte del producido de lo defraudado al Estado Nacional en el que las empresas del grupo Báez mediante la falsa contratación de habitaciones y de salones, la contratación simulada de servicios de consultoría integral y marketing e incluso la supuesta contratación para construcción”.

¿Un ejemplo de eso? Báez argumentó que alojó en El Calafate a los responsables de dirigir y controlar sus obras viales por “la calidad de los servicios, infraestructura y conectividad” de esa ciudad y porque no contaban “con alojamiento y/o obradores para tal fin ni en los parajes próximos” a esas obras en las localidades de Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, Río Turbio y 28 de Noviembre. Es decir, que sus operarios debían viajar entre 500 y 1200 kilómetros diarios –algunos por camino de ripio– para alojarse allí, según reconstruyó LA NACION.

No sólo eso. Detallaron los fiscales: “Otro de los mecanismos a través de los que se justificó la transferencia de fondos fue la supuesta contratación de salones en el Hotel Alto Calafate para la promoción de productos derivados del petróleo pertenecientes a la firma YPF de los que la empresa estatal no estaba siquiera enterada o mediante contratos millonarios por asesoramiento en materia hotelera y marketing para lo que Valle Mitre no contaba en su plantilla con personal adecuado para llevar a cabo dicha labor”.

Resultados económicos

Pero, ¿cómo le fue a los Kirchner y a Báez con ese gerenciamiento? Bien y mal. La familia presidencial logró embolsar $86,5 millones de las empresas de Báez, según verificó la Justicia. Pero durante ese mismo período, Báez perdió $6,1 millones con Valle Mitre.

Semejante pérdida puede ocurrir en el devenir de cualquier operación comercial. Pero para los fiscales, este caso fue distinto. “Báez se hizo cargo de pagar un canon totalmente desproporcional y elevado en comparación con las expectativas que tenía el negocio”, cuando bastaba con cotejar los antecedentes del propio Alto Calafate: “Durante el último año en que fue administrado por sus primeros dueños (2008), tuvo una ganancia neta anual de $469.866,66, con lo cual la expectativa de Báez no podía ser mucho más allá de ello”. Pero firmó por más, le pagó más a los Kirchner y fue a pérdida él.

“Según se observa en los libros de Hotesur”, abundaron Pollicita y Mahiques, “la empresa de la ex familia presidencial sin tener siquiera un empleado ni ninguna actividad a su cargo, ganó doce veces más de lo que ganaba la misma empresa con sus anteriores dueños gracias al canon que le garantizaba Báez”.

El papel de Cristina

Ahora bien, de los registros internos del grupo Báez que obtuvo LA NACION, como también de las evidencias que obran en la investigación judicial, el rol protagónico en esta operatoria lo asumió Néstor Kirchner. Tras su fallecimiento, fue su hijo Máximo quien tomó las riendas, en tanto que su hermana Florencia tuvo un papel secundario. ¿Y la expresidenta? Según los fiscales, “Fernández, junto con Néstor y Máximo Kirchner, se hicieron del dinero líquido necesario para adquirir una cadena hotelera que serviría como medio para la canalización del dinero espurio, para lo cual, realizaron diferentes operaciones comerciales, inmobiliarias y bancarias en su mayoría con firmas vinculadas a Báez en las que la acusada actuó en forma directa o prestando el asentimiento conyugal cuando la ley lo exigió, todo ello con la finalidad de contribuir en la formación del vehículo que permitió canalizar dinero ilegítimo en favor de la exfamilia presidencial”.

Los fiscales también detallaron el rol de la actual vicepresidenta en la venta de terrenos a Austral Construcciones, y de tierras fiscales, la compra de la hostería Las Dunas, la donación de acciones de Hotesur a su hijo Máximo, la designación de Valle Mitre como gerenciadora, y el retiro de fondos como “créditos” de las cuentas de Hotesur, sin distribuir dividendos.

“Para todo ello resultó necesario que la acusada, desde su rol de accionista de la sociedad familiar”, indicaron los fiscales, “aprobara cada uno de los ejercicios económicos de la empresa Hotesur entre 2010 y 2013, ratificara la contratación con la empresa Valle Mitre, designara a las autoridades del órgano de administración, y se beneficiara con el crecimiento de la sociedad familiar y con el retiro personal de fondos”.

Ese dato no es menor, según estimó la Oficina Anticorrupción al compartir el criterio de enviar a juicio oral a Cristina Fernández y demás acusados: “Se demostró que los imputados realizaron retiros de los fondos canalizados sin cumplir con la normativa que rige en materia societaria, al tiempo que se verificó la adulteración de los libros contables con el fin de ocultar la intervención de Cristina Fernández de Kirchner en este tramo final del proceso de lavado”.

Esos planteos, que también compartió la unidad antilavado (UI), fueron refrendados por el juez Ercolini. A principios de 2019 elevó el expediente a la instancia oral, con los Kirchner como acusados junto a Báez, a Romina Mercado -hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, al contador Víctor Manzanares, a Osvaldo Sanfelice, Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornoz, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz y Oscar Leiva (Diario La Nación).