El pasado viernes se conoció que Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, fueron sobreseídos en la causa “Hotesur” y “Los Sauces” por el Tribunal Oral Federal Número 5. El sobreseimiento alcanza también a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

En esta causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles bajo la sospecha de que fue una devolución de favores por los negocios públicos que los empresarios obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

Antes, la vicepresidenta fue desvinculada de las causas dólar futuro y la firma del memorándum con Irán. Sin embargo, esta vez la decisión del TOF 5 causó mayor sorpresa, ya que, a diferencia de los casos anteriores, hay bastante coincidencia en que “Hotesur” y “Los Sauces” es una causa mucho más sólida y mejor documentada.

Por eso y porque están involucrados sus hijos, se trata de un expediente que genera una gran preocupación para Cristina Kirchner.

Pero al margen de las cuestiones estrictamente judiciales, ya comenzaron las lecturas políticas de la decisión adoptada por el tribunal. ¿La última derrota electoral tiene alguna relación con la estrategia judicial de Cristina Kirchner?

Algunos interpretan que el avance sobre las causas que más le preocupan es efectivamente a causa de la derrota: un intento de revertirlas lo antes posible, antes que sea demasiado tarde, frente a la posibilidad de que haya una eventual alternancia en el poder en 2023.

De hecho, quienes siguen de cerca los movimientos judiciales de Cristina y sus abogados esperan que en lo inmediato apunten a derribar las causas “Cuadernos de las coimas” y “Vialidad”, los otros dos expedientes que resultan más inquietantes para la vicepresidenta.

Las consecuencias políticas y judiciales del sobreseimiento de Cristina Kirchner

Sin embargo, también es probable que este “timing judicial” no esté directamente relacionado con las elecciones, ya que lo lógico hubiese sido intentar derribar las causas en un entorno político más favorable y no ahora, con un oficialismo golpeado y debilitado.

El riesgo para Cristina es que la justicia interprete que efectivamente podría haber un cambio de gobierno en 2023 y en vez de desentenderse, como parece haber sucedido hasta ahora, pise el acelerador en las causas que avanzan a paso cansino.

Al margen de esto, lo más importante son las consecuencias políticas y judiciales del último sobreseimiento.

Por un lado, esto agrega una presión adicional sobre el sistema judicial que estará siendo observado por la opinión pública. El fiscal Diego Velasco ya se prepara para apelar la decisión del TOF 5, y la Sala I de la Cámara de Casación (que ya benefició a la vicepresidenta en la investigación sobre dólar futuro) será quien tendrá la última palabra.

Pero la presión se extiende también a los jueces y fiscales que deberán actuar en el resto de las causas que involucran a Cristina.

Cómo se moverá el sistema judicial de ahora en más

Hay otros problemas que preocupan a los argentinos en mayor medida, en especial los problemas económicos, pero el foco de la opinión pública también estará puesto en lo que pasará con las causas que pesan contra ella.

La dimensión social podría adquirir mayor relevancia si hay movilizaciones en contra de las decisiones tomadas por los jueces. Luego de conocido el último sobreseimiento, hubo algunos cacerolazos en la Ciudad de Buenos Aires, manifestaciones espontáneas, pero muy pequeñas.

Sin embargo, si esto escala hacia una reacción social de mayor envergadura, podría generar una mayor presión sobre los jueces. Existe la posibilidad de que la oposición, que en el pasado hizo de la cuestión de la corrupción y la impunidad una bandera de campaña (en especial para las presidenciales de 2015) capitalice la situación.

De hecho, en los últimos años, con la emergencia económica ocupando un lugar central las figuras de oposición más identificadas con estos temas habían quedado a un lado. Es posible que en este contexto recuperen algo de relevancia.

El rol del Consejo de la Magistratura

Probablemente, el Consejo de la Magistratura adquiera también una mayor centralidad, en especial a partir de la nueva conformación que tendrá el Congreso.

En este sentido, la Corte Suprema deberá tomar una decisión fundamental, en su agenda del próximo año está previsto que decida si es constitucional o no la integración actual del Consejo de la Magistratura.

El recurso está en la Corte desde 2015 y los dos últimos gobiernos (Macri y Alberto) frenaron su tratamiento con promesas de que presentarían un nuevo proyecto de ley.

Esto nunca ocurrió y ahora Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz deberán tomar una decisión. Si restituyen el régimen anterior, habrá una vuelta a los 20 integrantes (hoy son 13) con más equilibrio entre la política y los estamentos profesionales (jueces, abogados y académicos).

Es este un aspecto central ya que, si el Consejo de la Magistratura adquiere un rol más importante como garante del buen funcionamiento del sistema judicial (papel que debería cumplir), los jueces deberían verse obligados a moverse con mayor cautela.

Por todo esto, si bien las decisiones de la justicia hasta ahora favorecen a Cristina Kirchner, sus hijos y los demás acusados vinculados a ella, podría generarse un efecto bumerang (como sucede en tantos otros temas en los que el gobierno interviene). Paradójicamente, mientras Cristina Kirchner se beneficia judicialmente, es posible que la cancha termine inclinándose en contra del propio gobierno, por los eventuales efectos sociales y políticos que podrían surgir.