La Argentina, que desde hace décadas vive un “subdesarrollo sustentable”, genial definición de Vicente Massot, está asistiendo ahora a una marcada inclinación del ángulo de la pendiente por la que desliza hacia el abismo final. Si bien la casta política ha sido gran responsable de esa degradación institucional, una mayor cuota corresponde a la Justicia, cuyos miembros han tolerado que los virus de la corrupción y de la politización la enfermaran tan gravemente. Hay una vieja máxima republicana que reza: “con una Justicia eficiente, rápida e independiente, todo es posible; sin ella, nada lo será”; por haberla ignorado, así estamos.

En el terreno judicial, desde el sábado se han producido dos hechos importantes. Me refiero, claro, al indignante sobreseimiento de Cristina Fernández dictado por la mayoría del Tribunal Oral Federal N° 5 (Daniel Obligado y Adrián Grünberg) sin realizar el juicio oral y público que ordena el Código Procesal Penal y mientras aún faltaba producir prueba pedida por la propia defensa de la beneficiada; y al absurdo procesamiento del ex Presidente Mauricio Macri, por el Juez subrogante de Dolores, Martín Bava.

Los primeros invocaron un principio clave para resolver así, con el honroso voto en contra de Adriana Palliotti: la existencia de una ley más benigna; malintencionadamente, olvidaron que esa ley había sido modificada cuando los delitos imputados continuaban cometiéndose por varios años más; el fallo será apelado por el Fiscal Diego Velazco, y será la Sala I de la Cámara de Casación, que ya se ha pronunciado en el sentido de la necesidad de realizar el juicio, quien resolverá. Quedará, por supuesto, la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, que debiera expedirse en breve plazo para evitar que todo se transforme en la anhelada impunidad.

Obligado, que ahora se amparó en ese principio legal para proteger a su patrona, es el mismo Juez que lo negó a todos los militares que, imputados de lesa humanidad, cayeron bajo su imperio, en procesos viciados por la indudable falsedad de los testimonios y por el desconocimiento de garantías tales como la de juez natural, de irretroactividad de la ley penal, etc., y a los cuales les extendió arbitrariamente la prisión preventiva sin atender a sus edades (76 años, en promedio) ni a sus condiciones de salud.

Por su parte, Bava dispuso el procesamiento de Macri sin contar con prueba alguna que lo vincule con el presunto (aún no probado) espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan. Mientras, obedeciendo el antiguo apotegma peronista (“al amigo, todo; al enemigo, ni justicia”), otro Juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, hace como que investiga la denuncia derivada de las muchas carpetas, con transcripciones de conversaciones de opositores, frutos de escuchas ilegales, que fueron encontradas en la casa de la PresidenteVice en Calafate durante un allanamiento ordenado por el fallecido Juez Claudio Bonadío.

Cambiando de tema, esta misma semana fuimos informados por la UNESCO del resultado de las pruebas realizadas a nuestros alumnos primarios: fuimos un faro luminoso en el mundo desde fines del siglo XIX, cuando la educación pública erradicó el analfabetismo; hoy, el derrumbe es total, y los chicos que llegan al secundario ni siquiera comprenden los textos que leen y, mucho menos, acceden al conocimiento de las ciencias duras.

La Provincia de Buenos Aires es el paradigma de esa catástrofe. Su gobierno entregó la política educativa a los gremios más ideologizados y salvajes, cuya máxima expresión es Roberto Baradel, gran capitán de los “trabajadores de la educación”. La “cuareterna” fue su ideal, y la pandemia la excusa para ni siquiera asistir a las escuelas, en las cuales la proliferación de maestros y suplentes (40% de ausentismo) para los mismos cargos docentes impide mejorar salarios y exigencias, y todo ello en uno de los países que, en la región, destina mayor presupuesto a la educación. Pese a ser el kirchnerismo socio político de Rafael Correa, el ex Presidente prófugo de Ecuador, no imitó su política educacional; éste hizo dictar una ley, aún vigente, que dispone que sólo puedan enseñar quienes merezcan las mejores calificaciones en los institutos de formación, todos de excelencia.

La nueva carta/misil emitida por Cristina Fernández, en la que transfirió la responsabilidad de un eventual acuerdo con el FMI -que, como condición previa, requiere de un plan económico creíble que contenga una reducción del gasto público y de la inflación- a su mandatario, el MemePresidente (que ha pedido al organismo que, antes de firmar, haga un insólito mea culpa por el crédito otorgado durante la administración de Macri) y, sobre todo, a la oposición. Intenta quitarse el sayo del ajuste y reservarse el derecho a veto para conservar su capital simbólico; lo construyó su propio marido mintiendo descaradamente cuando, para cancelar la deuda con el FMI, que cobraba un interés del 4% anual pero exigía auditar las finanzas públicas, nos endeudó con su socio Hugo Chávez al 15%, repartiendo entre ambos los “beneficios”.

Si la Justicia fuera proba, nada de todo esto podría haber sucedido, puesto que los jueces hubieran puesto límites. Hoy nos queda una esperanza: un inminente fallo de la Corte Suprema, ya demorado seis años, que restituya la composición del Consejo de la Magistratura (responsable de la elección y la remoción de los magistrados) a lo establecido en la Constitución de 1994. Esperemos que no sea, una vez más, vana.