Uno de los acuerdos a los que llegaron Cristina Fernández y Alberto Fernández, cuando ella decidió que lo apoyaría y postularía como su candidato a Presidente, fue que en caso de ganar las elecciones del 2019 ambos se comprometían a usar el poder para “limpiar” los muchos problemas judiciales que acechaban y aun acechan, en menor medida, a la familia K.

Así lo confirmaron fuentes inobjetables del oficialismo.

Existe un “Plan Impunidad K”, no escrito, pero sí planeado hace poco más de dos años, rediseñado de acuerdo a la coyuntura, pero con una táctica y una estrategia definidas: el objetivo final es lograr que los Kirchner, la vice Fernández y sus dos hijos, sean desligados de los diversos juicios o causas de corrupción que se tramitan en los tribunales federales, en las que son o eran acusados de graves delitos vinculados a su estadía en el poder durante 2003-2015.

Son investigaciones que se entremezclan con sus negocios privados: su patrimonio mientras ocupaban la Casa Rosada creció en un porcentaje exponencial, pero de detalle difícil de precisar, debido a contradicciones en sus declaraciones juradas, o bienes o cotizaciones que investigadores judiciales, o periodísticos, detectaron como contradictorias. Eso, como mínimo.

El sobreseimiento de la familia Kirchner en los casos “Hotesur” y “Los Sauces”, resuelto el viernes 26 de noviembre pasado por dos jueces del tribunal oral federal N 5, y una tercera en disidencia, fue un quiebre en la dinámica que dejó al descubierto que este plan inconfesable para la Casa Rosada existía. Existe. Y existirá hasta que el Frente de Todos pierda el poder.

Estos movimientos “subterráneos”, casi sincronizados y, además, puestos efectivamente en funcionamiento, fueron tan bruscos, que la propia Justicia está investigando si desde el Estado se cometieron delitos en esta nueva reorganización de organismos de control para crear el “Plan Impunidad K”.

El expediente que pesquisa esta trama fue iniciado por un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, y la instrucción está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti.

Cómo funciona el plan de impunidad K

El esquema organizado sobre la novedosa era K en la Justicia, tiene varios protagonistas, que se convirtieron en actores cruciales para mantener los canales administrativos del Gobierno que sirvieran para instrumentar medidas que evitaron la publicidad de los actos públicos.

A los “instrumentadores del “Plan de Impunidad K” se le sumaron otras acciones, vinculadas al Poder Legislativo y, por supuesto, al Judicial. El “Plan de Impunidad K” fue impulsado abiertamente en declaraciones de funcionarios nacionales, abogados con acceso a la Casa Rosada, empresarios; y hasta por decretos o resoluciones dictadas con ese único fin. Lo mismo que nuevas leyes, o con proyectos legislativos ultra K.

El objetivo del “Plan de Impunidad” es claro y sencillo, como un arroyo de campo: que los Kirchner, en especial la vice, evite ser juzgada en los tribunales de Comodoro Py, para lo cual debe dilatar o lograr suspender procesos complwjos y avalados por varias instancias jurídicas. Pasó.

Conviene ir por partes para desglosar el “Plan”, que no fue espontáneo. Fue organizado. Sus diferentes etapas no se enumeran en orden cronológico. Forman parte de un todo, como se verá.

• Antes de asumir la Presidencia de la Nación, Alberto Fernández sorprendió a quienes conocen su pasado en la gestión pública cuando aceptó que el cargo crucial de Procurador General del Tesoro (PGT), el jefe de todos los abogados del Estado y al que le llega información detallada de infinidad de causas judiciales fuera Carlos Zannini. Se trata del principal ideólogo, junto a su jefa Cristina Fernández, de los diferentes tipo de asedios y copamientos al Poder Judicial durante sus anteriores administraciones en la Casa Rosada K. Alberto Fernández lo consideraba un “adversario” cuando fue jefe de Gabinete de los K. En el 2019 lo elogió cuando anunció que sería su nuevo PGN.

• La Casa Rosada reformuló la misión de la Oficina Anticorrupción (OA). Pasó a ser un organismo dependiente de la Presidencia. Fernández designó allí a un ex fiscal militante de la agrupación oficialista Justicia Legítima: Félix Crous. Cumplió con su deber político. En una orden sin precedentes, la OA se retiró como querellante de la gran mayoría de los juicios de corrupción que antes impulsaba. El argumento fue mencionar problemas presupuestarios y de falta de empleados para cumplir ese papel, básico, de ese organismo, ya transformado en otro. La OA ayudó así a la vice en varias causas que antes la inquietaban.

• En la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en varios juicios contra ex capitostes K, es un ente que reúne documentación de inteligencia de los bancos sobre posibles delitos financieros complejos. Quedó a cargo de otros incondicionales del Frente de Todos: Carlos Cruz, alineado con el Presidente; y su vice, Manuela Quebedo, afín a la vice y La Cámpora. La UIF era querellante en varios causas contra el kirchnerismo. Dos de sus abogados tuvieron un rol relevante en el juicio de “La Ruta del Dinero K”: pidieron penas severas para el ex socio de los Kirchner, Lázaro Báez, y adhirieron a la tesis de éste último cometió lavado de dinero con un origen precedente a ese delito: el cobro ilegal de contratos millonarios de obra pública nacional. Esos dos abogados terminaron de la UIF.  ¿Demasiado rebelde? Cruz y Quevedo presentaron su dimisión tras denuncias internas, y de dirigentes externos, que señalaron que el organismo contradecía a su función: dejó durmiendo en cajones a los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que emiten los bancos ante transferencias que, se sospechano podrían explicar. Cruz sigue en su puesto, aunque renunciado, y asediado por cuestionamientos de sus subordinados. En el juicio de Hotesur-Los Sauces, la supuesta querella de la UIF ayudó a la defensa K para lograr su sobreseimiento sin juicio oral. La querella impulsa la investigación, pero en este caso,

• La vice, en un gesto de desautorización impresionante desde el punto de vista política, pero irregular desde el normativo, frenó el inicio de las audiencias para que se vote o se rechace la designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación (PGN, es decir, el jefe de todos los fiscales. La Constitución Nacional ordena que sea el Presidente el que elija a un postulante a la PGN. A la vice no le gusta Rafecas, impulsor del caso Ciccone, entre ptros. Ella incumplió con cualquier tipo de plazo establecido para que al menos el candidato a la PGN lidere las audiencias públicas donde se pueden presentar apoyos e impugnaciones que él responde antes de que sea enviado su pliego p del Senado. El expediente Rafecas no se movió nada, nunca. El país no tiene Procurador General de la Nación. Su lugar lo ocupa el adjunto,

• En el 2020, el primer año pandemial, y en el que todo el país fue sumido por un decreto presidencial que ordenó a la gran mayoría de la sociedad a cumplir un largo Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el Senado impulsó una Ley de Reforma de la Justicia, que generó grandes debates con voceros gubernamentales desacreditando al Poder Judicial. Se propuso reformular fueros, unificar otros, crear nuevas Cámaras de Casación en las provincias. La energía del oficialismo para que esa ley se aprobara fue brutal. Logró una media sanción pero se trabó en Diputados.

• El propio presidente hizo declaraciones en contra de causas judiciales en trámite, algo que debería haber evitado según instruye la Constitución Nacional. Afirmó que la gestión Macri había creado una “mesa judicial” para inventar causas para meter presos a ex funcionarios K y se alineó con el discurso de su vice: ella era inocente de todas las acusaciones en su contra, víctima de un complot entre sectores de la política, los tribunales y los medios. Ese proceso pasó a ser llamado con un nombre que se “popularizó”: Lawfare. Es una teoría y no un delito tipificado en el código penal.

• Siempre en plena cuarentena, con el Congreso trabajando con restricciones, se sancionó otra ley sobre la Justicia: se modificó el sistema jubilarorio de jueces y fiscales, argumentando que sus haberes tras dejar el trabajo eran “de privilegio”. El kirchnerismo logró imponer clásulas que permiten a los magistrados y miembros del Ministerio Público Fiscal mantener su viejo régimen jubilatorio, siempre y cuando inicien los trámites de retiro en la ANSES. La oposición denunció que la Ley se sancionó para que muchos de los jueces y fiscales decidan jubilarse cobrando los antiguos haberes, por lo que el plan del Gobierno era genersr una legislación que provoque vacancias en los tribunales para designar allí a “gente propia”.

• La embestida contra la Justicia fue casi el único tema del que se ocupó el Senado y la dirigencia ultra K en un particular 39. Otro de los movimientos legislativos más escandalosos en este sentido generó que el oficialismo legislativo que camaristas que votaron en contra de los deseos de Cristina en causas por corrupción en su contra, como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal, sean considerados mal designados en esos puestos por el Consejo de la Magistratura. A ellos se sumó uno de los jueces que integran el tribunal oral federal que debe juzgar a Cristina Fernández en la megacausa de corrupción conocida como “Los Cuadernos de las Coimas”. Germán Castelli sigue en su puesto. La Corte Suprema emitió una acordada que estipula que tanto Bertuzzi como Bruglia deben seguir en sus cargos pero hasta que el Consejo de la Magistratura realice los concursos para reemplazarlos por quienes sea elegidos por la Casa Rosada para esa función.

• Desde el Congreso, se inició también un asedio contra el Procursdor General de la Nación adjunto, Eduardo Casal, al que se acusó de varias irregularidades para que deje su puesto. Los K iniciaron ataques con declaraciones críticas, a las que sumaron denuncias en los tribunales contra diversos investigadores de la corrupción de la gestión K, como el asedio contra el fiscal del Caso Cuadernos, Carlos Stornelli. También se señalo desde el poder a periodistas o empresarios de medios.

• El Presidente designó como interventora de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) a Cristina Caamaño, actual titular de la agrupación judicial que milita para el kirchnerismo, Justicia Legítima. La AFI se ocupó de presentar denuncias en los tribunales contra opositores o adversarios del Gobierno.

• La vice Fernández se aseguró que los principales cargos del Ministerio de Justicia sean ocupados por funcionarios de su absoluta confianza. El viceministro es quien fue subjefe de la SIDE K, Juan Martin Mena. De conexiones con varios miembros del Poder Judicial. La vice se enfrentó desde el inicio del Gobierno con la primera titular de ese organismo, Marcela Losardo, la mejor amiga del Presidente, su socio en un estudio jurídico, ex compañera de facultad de él. Tras largos meses de críticas veladas, y no tanto, que trascendían desde el entorno de la vice contra la ministra, a la que se acusaba de no haber impulsado con suficiente enegía el proyecto de reforma judicial en el Congreso, finalmente el Jefe de Estado aceptó su renuncia. Fue un golpe para un sector del Gabinete: el Presidente dejaba ir a su vieja amiga de la Facultad por orden de la vice.

• El ministro de Justicia que la reemplazo es Juan Martin Soria. No tiene contactos con los tribunales. Ni siquiera se reunió de modo oficial y diplomático con la Corte Suprema de Justicia. Fue, eso sí, uno de los legisladores que más críticas brutales emitía desde el Congreso contra un sector de la Justicia, y también contra la Corte en particular. El otro diputado que formó parte del “Plan de Impunidad K” fue Rodolfo Tailhade, un denunciador serial de opositores y magistrados y fiscales a quienes consideraba “enemigos” del Gobierno. Tuvo una notable efectividad: ninguno de los expedientes que se generaron por sus escritos llegaron a avanzar de modo serio, con pruebas concretas o testigos sustanciosos.

• Acecho a la Corte Suprema: desde los inicios de la gestión del Frente de Todos, desde el Presidente a su vice, pasando por una infinidad de voceros calificados del oficialismo, y hasta de un ex cortesano como Raúl Zaffaroni, o de juristas afines al kirchnerismo, se intentó desacreditar a los actuales jueces, en especial a Carlos Rozenkrstz y Horacio Rosatti, además de que se presentaron y planearon nuevos proyectos para cambiar la Corte: desde triplicar el número de sus integrantes a quince, otros proyectos de esa envergadura.

• La reformulación de programa de protección de testigos: muchos de los “arrepentidos”, imputados en múltiples causas a las que aportaron válidas y muy perturbadores testimonios, habían decidido quedar bajo la protección del programa de protección de testigos en la gestión Macri. Muchos de ellos eran ex funcionarios K. Con la vuelta de sus jefes al poder, los “arrepentidos” bajo custodia del Ministerio de Justicia recibieron denuncias injustificadas en su contra, como Alejandro Vandenbroele, del caso Ciccone; o directamente se filtraron fotos de sus nuevos hogares bajo identidad falsa, uno de los tantos infortunios que sufrió el ex remisero Oscar Centeno, autor de los Cuadernos de las Coimas; otros fueron amenazados por teléfonos que solo conocían funcionarios del Estado, tal como informó el ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares. Quien sigue sin amedrentarse ante ataques de los K, e incluso presentó escritos para favorecer las condiciones de los “protegidos” por el Estado en casos de corrupción es la ex esposa de Vandenbroele, la ciudadana Laura Muñoz, quien se animó a denunciar en sede judicial al ex vice luego condenado por robarse la imprenta de billetes Ciccone.

• La Comisión “Beraldi”: Ante la insistencia del sector más “cristinista” del Frente de Todos, el presidente decidió crear una comisión de expertos en Derecho que analizarí el funcionamiento de la Corte Suprema para entregarle una conclusión con propuestas no vinculantes. Aunque la comisión estaba integrada por juristas de renombre, la inclusión del abogado de la vice, el doctor Carlos Beraldi, de activa participación en la comisión que terminó siendo bautizada de modo irónico con su apellido, se desvirtuó y sus informes no se utilizaron.

• Desde que los K volvieron al poder, salieron de la cárcel 21 detenidos vinculados a causas de corrupción de las administraciones Kirchner, entre ellos empresarios como Cristóbal López.

• La presentación de infinidad de nulidades, recusaciones y quejas efectuadas por los abogados de los Kirchner, en varias instancias incluida la Corte Suprema, lo que ralentizó lo ralentizo los juicios en su contra.

El “Plan de Impunidad K” quedó patente en los últimas semanas

La vice logró que caiga el caso Dólar Futuro, después de dar un fuerte discurso ante las autoridades de la Cámara de Casación.

El 7 de octubre pasado, en un hecho sin precedentes por el rol institucional de los protagonistas y falta de sustento jurídico el Tribunal Oral Federal 8 sobreseyó a Cristina, y al resto de los procesados en el caso Memorando Irán. Es la denuncia original de Alberto Nisman. La instrucción creció, fue elevada a juicio oral y en esa instsncia fue sobreseída, también después de hacer un descargo ante los magistrados.

El viernes 26 pasado, los jueces Daniel Obligado y Adriàn Grünberg, del Tribunal Oral Federal 5, votaron en mayoría y en contra de la disidencia de su colega Adriana Pallioti, que los Kirchner, parientes, smigos y empresarios del poder merecían un sobreseimiento del proceso oral y público. Sobreseídos, entonces.

El fiscal del juicio, Diego Velasco, rechazó los planteos de la defensa de Cristina pero quedó en soledad.

Ahora, el fiscal del juicio apelará ante la Cámara de Casación para intentar que la familia Kirchner pueda ser absuelta o condenada tras el desarrollo de un juicio oral y público, tal como dictan las normas. Demasiados beneficiados similares para los Kirchner en Comodoro Py.

El “Plan de Impunidad K” existe. Ya es explícito. Pornográfico. Brutal. Y avanza, con relativo éxito. Por ahora.

Los caminos de los expedientes de corrupción kirchnerista, como el resto de los que se investigan en tribunales, suelen rumbear por caminos impensados, tomar rumbos no planeados ni deseados, son de resolución lenta sinuosos. Es decir, nada está terminado por ahora en las causas contra la vice y su familia.