La denuncia que presentara la titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, contra funcionarios de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por el supuesto “hallazgo” de un video donde se hablaría de armado de causas por parte de la administración de la hoy diputada de Juntos, no debería interpretarse como un hecho aislado. Por el contrario, es un eslabón más de una cadena que comenzó en los albores del gobierno de Alberto Fernández y se prolonga hasta estos días. Y aunque involucra a presuntos personajes menores, en verdad no lo son.

En los últimos días de 2021, se difundió un video de una reunión llevada a cabo el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, encabezada por el ex ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, donde el funcionario manifestó que si “pudiera tener una Gestapo, una fuerza e embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. La frase fue desafortunada y de pésimo gusto, pero el kirchnerismo hizo de esto una campaña de victimización. Y una excelente excusa para avanzar contra la oposición, la justicia y los medios.

La modalidad de los “hallazgos sorpresivos” de material de inteligencia registrado no es nueva. En septiembre de 2020, Cristina Caamaño presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal 2 de Mar del Plata, a cargo de Daniel Adler, por un supuesto espionaje ilegal realizado durante el Gobierno de Mauricio Macri a familiares de los tripulantes fallecidos en el submarino ARA San Juan. El material de inteligencia, se dijo, habría sido encontrado en soportes digitales en la Delegación Mar del Plata de la AFI: “Fueron hallados puntualmente en tres discos rígidos diferentes. que incluían 29 archivos digitales”. Finalmente, el ex Presidente fue procesado por el Juez Martín Bava.

La interventora de la AFI fue una de las que organizó y financió unas desopilantes jornadas llevadas a cabo el 2 y 3 de diciembre pasado en el predio de la ex ESMA llamadas «El lawfare en América Latina y su impacto en la vigencia de los derechos humanos». Según explica la novedosa teoría, el lawfare sería, lisa y llanamente, una persecución judicial contra prominentes figuras políticas de América Latina, a partir de delitos inventados por periodistas, dirigentes opositores, y jueces y fiscales enemigos de la patria.

Cabe subrayar que Cristina Caamaño sostuvo durante su intervención en aquel encuentro que «tenemos todavía presos políticos por lo que necesitamos que se depure la justicia«, y que los jueces «están empatizando con el establishment, no con lo popular, quieren ser como la derecha, son de derecha de hecho».

El apuntado principal de esta nueva embestida es el procurador bonaerense Julio Conte Grand (foto portada), cuyo pliego fue aprobado casi por unanimidad por el senado bonaerense el 22 de diciembre de 2016, quien reemplazó en el cargo a María del Carmen Falbo. Conte Grand se desempeñaba como Secretario Legal y Técnico de la Gobernación de María Eugenia Vidal.

De hecho, el próximo 18 de enero será tratado en la legislatura bonaerense un pedido de juicio político contra el jefe de los fiscales de la provincia. Luego de ello, se deberá crear una comisión que analizará la petición. En paralelo, el kirchnerismo, a través de la Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, citó a declarar a Conte Grand. Dicha subcomisión está integrada por los ultra k Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. Uno de los primeros testigos que declarará contra el procurador será Enrique Ferrari, fiscal general de Lomas de Zamora, suspendido de su cargo en julio de 2020 por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires.

El dr. Ferrari llegó a la fiscalía en el año 2013, designado por el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, y fuertemente impulsado por La Cámpora, la organización de Máximo Kirchner. En aquel momento, su nombramiento cayó muy mal entre los intendentes peronistas del conurbano por el claro perfil garantista del fiscal integrante de Justicia Legítima, que se contraponía con la inseguridad que se vivía y aún se vive en Buenos Aires. Quien ejerció una fuerte presión para que Ferrari sea finalmente designado fue el entonces secretario de Justicia de la Nación y destacado miembro camporista, Julián Álvarez.

El departamento judicial de Lomas de Zamora, cuya jurisdicción incluye a los distritos de Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza, Avellaneda, Lanús, y por supuesto el partido gobernado por Martín Insaurralde, es uno de los más importantes de todo el territorio bonaerense. Tiene bajo su órbita a más de 100 funcionarios y allí se aglutina nada menos que el 25% de los procesos penales de la provincia de Buenos Aires.

Promediando 2020, se puede hallar un curioso antecedente con la actual denuncia de la AFI por la bautizada “Gestapo antisindical”. El 22 de junio de aquel año, el citado Enrique Ferrari denunció a Julio Conte Grand, por su “presunta participación en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales”, a través de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, que funcionaba en la fiscalía general de Lomas de Zamora.

Según la denuncia de Ferrari, desde dicha Unidad “se habrían iniciado investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados, y funcionarios”. El 26 de febrero de 2020, el fiscal, mediante la Resolución 4/20, decidió disolver la Unidad en cuestión, y distribuir las investigaciones que allí se seguían entre los fiscales naturales, pero sin girarles los recursos para hacerlo. ¿Cuáles eran algunas de aquellas pesquisas?. Nada menos que la que investigaba a los líderes camioneros y dirigentes de Independiente Hugo y Pablo Moyano, la de la feria “La Salada” y la investigación del asesinato de un barra brava del club Lanús, entre otros.

Entre todas estas causas se produce un llamativo cruce de abogados, pero con un denominador común: el propio Julián Álvarez. En octubre de 2018, el juez de garantías de Avellaneda Luis Carzoglio rechazó la prisión preventiva pedida contra Pablo Moyano justamente por la Unidad luego disuelta por Ferrari, por lo que el magistrado fue suspendido dos meses después de sus funciones. El representante legal de Carzoglio era Diego Raidán, ex policía y hermano de Javier Raidán, también abogado, y muy allegado a Álvarez. De hecho, ocupó un cargo en el ministerio de Justicia hacia finales del segundo gobierno de Cristina Kirchner. Pero además de ello, Javier Raidán representa legalmente a Adrián Castillo, el dueño de “La Salada”.

A su vez, Raidán también es defensor de Daniel Llermanos, histórico abogado de los Moyano. Y finalmente, en la causa que quedó impune, donde se investigó el asesinato del barra “Gallego Popey”, vinculado a Lanús y a Independiente, el principal sospechoso era Matías “Polaquito” Soto, uno de los líderes de la hinchada de Lanús y a quien también se lo vinculó con Julián Álvarez. El “polaquito” fue condenado a 9 años de prisión por otro caso. El abogado de Soto es Daniel Trava.  

Luego de la denuncia contra Conte Grand que hiciera Enrique Ferrari, el fiscal que disolvió la Unidad que llevaba adelante las investigaciones mencionadas, el dr. Trava también realizó una presentación judicial contra el procurador, acusándolo de “formar parte de una intrincada maquinaria diseñada para el logro de espurios fines”. El letrado señaló que el sistema desarrollado se basó en “el armado de causas penales y la consecuente la utilización de prisiones preventivas como modo de generar supuestos “arrepentidos”. Demasiados parecidos con la actual denuncia de Cristina Caamaño.

Pero hay más. Un año después de la presentación de Ferrari contra el jefe de los fiscales bonaerenses, la Comisión Provincial por la Memoria, muy allegada al kirchnerismo, presentó un informe ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, donde describió “la persecución y hostigamiento contra magistrados, completamente fuera del marco legal, impulsada por Julio Conte Grand”. Cabe recordar que la CPM apoyó la liberación de presos que promovió el gobierno kirchnerista al inicio de la pandemia de coronavirus.

En febrero de 2019, este medio, a través de la periodista Susana Jantus, publicó un artículo sobre Enrique Ferrari. Allí se dijo, entre otras cosas que “Ferrari se encarga de avalar, por ejemplo,  a Gustavo Gaig, en el pasado su secretario,  quien accedió a su posición como Juez de Garantías N° 3 de Lomas de Zamora a instancias de  otros funcionarios y quien también es sospechado entre otras casos por  irregularidades en el tratamiento del caso de La Salada. Su esposa, la Fiscal Florencia Belloc, es conocida es los Tribunales como la “empleada desleal” por filtrar información de los expedientes aprovechándose de su cargo. Se la vincula con el barra brava de Boca, Hernán Ávalos apodado, “el fantasma”, quien está acusado de cobrar a los puesteros de La Salada”. 

La denuncia de la AFI contra la “Gestapo” quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof. “Es la justicia la que debe determinar la figura de delito que se le adjudica a los funcionarios. Los videos muestran esta reunión, donde hay mesa judicial de la provincia de Buenos Aires. Aparentemente Vidal tiene responsabilidad en esto”, afirmó la propia Cristina Caamaño.

Solo a modo de dato, cabe señalar que, según dicha presentación, el principal damnificado habría sido el jefe de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo “Päta” Medina, quien fuera detenido en septiembre de 2017, y a quien se le encontraron bienes por más de 11 millones de dólares.

Una fortuna sencillamente inexplicable para un líder sindical.