El 17 de diciembre de 2014, por una iniciativa de legisladores de “La Cámpora” se sancionó, por ley 27.095, el “Día Nacional de la Identidad Villera”, que en tan solo cuatro artículos establece lo siguiente:

Artículo 1° - Institúyese el día 7 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Identidad Villera, en homenaje al padre Carlos Mugica en el aniversario de su nacimiento.

Artículo 2° - El Ministerio de Educación de la Nación, en el marco del Consejo Federal de Educación, promoverá la incorporación en el calendario escolar de la fecha mencionada en el artículo precedente e implementará actividades tendientes a difundir entre los alumnos el conocimiento y el significado de la conmemoración resaltando los valores que componen la identidad villera tales como: solidaridad, optimismo, esperanza, generosidad, humildad y el valor por lo colectivo.

Artículo 3° - Invítase a las jurisdicciones educativas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Artículo 4° - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

La ley, que fue publicada en el Boletín Oficial el 22 de enero de 2015, tuvo fuerte rechazo opositor de legisladores como la Senadora Norma Morandini, histórica defensora de los derechos humanos, quien sostuvo: “como no se resuelve la tragedia de un sector social, entonces se lo glorifica”.

Nadie podría sostener seriamente que en la villa no existen los valores que la ley destaca como características de la “identidad villera”. Ahora bien, según el diccionario de la RAE, “identidad” significa “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.”. En más o en menos, los valores que la norma en cuestión atribuye a la “identidad villera” están presentes en el resto de la sociedad. Como también la sociedad entera, incluyendo la villa, padece de disvalores, porque el bien y el mal son parte de la condición humana; no de las categorías sociales.

En fin, la discriminación resultante de una ley que implícitamente sostiene que determinados valores no son característicos de los ciudadanos que no habitan en villas, quizá debiera ser preocupación del INADI. Y más aún si dicho discurso, por ley, debe ser inculcado en los establecimientos escolares, como lo ordena el art. 2° de la norma. Pero no se hagan ilusiones.

Lo que sí es distintivo de la villa es que se trata de una organización ilícita en sí misma, donde la irregularidad es la regla, y donde los principales perjudicados de la ilegalidad son sus propios habitantes.

En ese contexto, el revuelo generado por los dichos de la Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al advertir la dificultad de reintegrar al sistema educativo a los niños que viven en villas, luego del cierre de escuelas derivado de la infectadura, resulta por demás hipócrita. Tan hipócrita como la ley del “Día de la Identidad Villera”.

Es lógico que el delito se desarrolle con más fuerza donde hay miseria, donde todo es básicamente ilegal, y donde lo que el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional define como “los beneficios de la libertad” llega solo en cuentagotas.

Pero el INADI prefiere rasgarse las vestiduras porque las definiciones de la Ministra Acuña, según su particular y retorcido criterio, estarían asociando ilegalidad con marginalidad y con escuela pública.

Con el mismo criterio que utiliza el organismo a cargo de Victoria Donda, si alguien dijera que los narcos son millonarios, todos los millonarios ajenos al delito deberían sentirse discriminados por la asociación de poder económico y narcotráfico. Así de ridículo es el razonamiento del kirchnerismo, y así de persecutorio para cualquiera que ose elaborar un diagnóstico de la realidad. De hecho, la famosa definición de Kicillof cuando dijo que contar a los pobres era estigmatizarlos, se encuentra emparentada con los argumentos que el INADI utiliza para escrachar opositores.

Ningún espacio político ha demostrado, hasta ahora, tener la solución al problema de las villas y todos los gobiernos peronistas, lejos de solucionar el problema, fueron testigos y motores interesados de su crecimiento. Y así seguirá siendo, si se continúa poniendo el foco en las palabras que utiliza tal o cual opositor para describir las condiciones de indignidad que padecen los pobres, o si, a falta de soluciones, se utiliza el discurso oficial y la potestad de dictar leyes, para glorificar la indignidad.


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