La embestida contra la justicia por parte del kirchnerismo sumará un nuevo capítulo el próximo martes 1 de febrero cuando se concrete, frente al Palacio de Tribunales, la promocionada marcha contra la Corte Suprema. Organizada por el gobierno en forma solapada a través de las redes sociales mediante un llamamientoformulado por el juez Juan María Ramos Padilla, padre del ex magistrado de Dolores Alejo Ramos Padilla, exige, entre otras cosas, “el fin del law fare y de la impunidad” (SIC).

Hasta ahora, trascendió que habría 3 oradores principales. Uno sería el propio Ramos Padilla, y otro el ex juez Daniel Llermanos, histórico abogado de los Moyano. El restante se trataría nada menos que del suspendido juez de Garantías 9 de Avellaneda, Luis Silvio Carzoglio (foto portada), célebre por haberse negado en 2018 a dictar la prisión preventiva contra Pablo Moyano.

«Aquellos que administramos justicia tenemos que romper con esos lazos que tenemos con la política. Ser magistrado es una bendición. Y tenemos que ser conscientes de que el Poder Judicial es la columna vertebral de una república. De nosotros depende el futuro del país”, afirmó hace pocos días. Pero tales declaraciones contrastan bastante con algunas conductas esgrimidas por él mismo durante su trayectoria judicial, más allá del episodio que involucró a la familia del líder camionero.

Luis Carzoglio es un claro exponente de los intentos del kirchnerismo por instalar un nuevo relato. Incluído en la lista de víctimas de la bautizada “Gestapo” presuntamente montada por la ex administración bonaerense de María Eugenia Vidal a través del procurador Julio Conte Grand para perseguir opositores, y del espionaje ilegal durante el macrismo, el juez ya había sido sumariado y denunciado por la propia Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, mucho antes de que fuera suspendido de su cargo en diciembre de 2018.

Designado titular del juzgado de garantías 9 de Avellaneda en 2007, en ese entonces perteneciente a la jurisdicción de Lomas de Zamora, con el decisivo apoyo del ex intendente Baldomero “Cacho” Álvarez, un barón del conurbano con mucha influencia, hoy asesor de gabinete ad honorem en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación conducido por su “delfín”, Jorge Ferraresi, el dr. Carzoglio recién pudo asumir en octubre de 2008. ¿Por qué?

El flamante juez tenía algunas denuncias en su contra durante su paso como Director del cementerio de Avellaneda. Cuando se ingresa al Poder Judicial, cualquiera sea el cargo, se exige al postulante que presente, entre otras cosas, certificados actualizados de antecedentes penales, emitido por el Registro Nacional de Reincidencias y la Dirección de Antecedentes Personales de la Policía Bonaerense. Carzoglio no podía presentar dicho escrito, por lo que necesitó de una “probation” para poder asumir el cargo, lo que hizo que se demorara su asunción formal.

En su trayectoria, el magistrado acumuló dos sumarios en su contra, los 22/10 y 28/11, el segundo derivado del primero, este a su vez iniciado por la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Corte bonaerense para determinar si había cometido el delito de falsificación material de documento público agravado.

En concreto, se le inició un expediente administrativo por fraguar actas en las cuales hacía constar que un grupo de imputados en una causa penal que involucraba a piratas del asfalto, quienes habían sido beneficiados con la excarcelación y que debían concurrir en forma periódica ante sede judicial, se presentaban en el juzgado cuando en verdad, no lo hacían.

La maniobra fue detectada a través una pericia caligráfica que realizó la Suprema Corte, mediante la cual se descubrió que el juez había rubricado, al mismo tiempo, actas con diferentes fechas, y que él mismo completo a mano, adulterando datos sobre la presencia de esos peligrosos imputados en su juzgado. ¿Cuál fue el detalle que detectaron los peritos?. Que dichas actas fueron firmadas todas juntas, en una misma pila, habiendo quedado el trazo de la birome marcado en las hojas que conformaban aquel pilón, con lo cual, se demostraba que era imposible que las actas se hubieran hecho en diferentes fechas, como había afirmado Carzoglio.

Los imputados presuntamente beneficiados por el magistrado pertenecían a una peligrosa banda de piratas del asfalto, que se dedicaban a a robar camiones blindados y camionetas de la tabacalera Nobleza Piccardo, hoy British American Tobacco Argentina. La causa, 07-02-0016442, del año 2008, fue procurada por la UFI 4 de Avellaneda, donde se acusó a 20 personas, además de asociación ilícita, por más de 25 delitos.

Al tiempo, Carzoglio les otorgó el beneficio de la excarcelación, debiéndose presentar todos ellos en forma quincenal, en la sede de su juzgado, de avenida Mitre 2609/15, en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, para certificar su “buena conducta” a través de la firma de actas, como suele hacerse en estos casos. Pero según declararon en uno de los sumarios los propios empleados del juez, siempre lo hacían fuera del horario laboral. O directamente no lo hacían.  

Los citados funcionarios comenzaron declarando en marzo de 2014 en el sumario administrativo CJ-22/10 “Sr. Presidente de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Lomas de Zamora, Dr. Miguel Carlos Navascues s/pone en conocimiento lo actuado en habeas corpus 30/08 que tramitara en el Juzgado de Garantías nro. 9 de Lomas de Zamora con sede en Avellaneda”, dispuesto por el Presidente de la Cámara Miguel Navascues, a partir de un requerimiento de parte de la fiscal Carla Musitani, por presuntas irregularidades en las conductas de Carzoglio, como otorgar domiciliarias a imputados procesados en jurisdicciones ajenas.

Luego de ello, desde el 10 de junio del mismo año, los mismos comparecieron ante la UFI 6 de Avellaneda, en el marco de la IPP (Investigación Penal Preparatoria) 07-00-015228-14, cuyo denunciante era nada menos que la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Allí los funcionarios confirmaron lo declarado meses antes.

Las declaraciones de los funcionarios fueron transcriptas en el sumario 22/10. Allí, se afirma que “el dr. Carzoglio le quiso hacer firmar las actas de todo un año de una persona que tenía una morigeración  y tenía que venir a firmar, y el juez pretendía que la deponente las firmara todas juntas, a ello que la deponente se rehusó porque no le constaba la presencia de esa persona”.

En otro tramo, se revela que “el acta en la que se deja constancia que el imputado había comparecido al juzgado, se encontraba preimpresa, estando preparadas para ser completadas con los datos personales de los encartados, domicilio, fecha, y hora, de manera que lo que Vuestra Señoría quería es que cualquiera de los Actuarios confeccionara un acta por mes, y luego se rubricara dejando así constancia de una circunstancia que no había sucedido”.

Hay más. “A veces se dieron discusiones con el magistrado, quien pretendía que los secretarios firmaran actas cuyo contenido no se correspondía con la realidad”.

A partir de estos testimonios, “surge que el dr. Carzoglio, habiendo tomado conocimiento del incumplimiento por parte de (Diego) Gamero”, uno de los imputados de la causa Nobleza Piccardo, “de su deber de concurrencia periódica al juzgado, dispuso convocar al nombrado y que a través de los actuarios, se confeccionaran en forma simultánea las actas correspondientes al período del incumplimiento referido”.

Respecto a otro imputado integrante de la banda que se dedicaba a robar camiones blindados, Diego Higgins, quien también gozaba del beneficio del arresto domiciliario, al igual que Gamero, se concluye que “de las conclusiones periciales se desprende que las actas de comparendo al juzgado han sido confeccionadas irregularmente en un único momento, de lo que se infiere el incumplimiento”.

Por otro lado, afirma que “en los dos supuestos indicados (Higgins y Gamero) surgen elementos acreditantes de la confección de actas correspondientes a fechas diferentes en un mismo momento, lo que evidenciaría una maniobra dirigida a evitar que se ponga en evidencia el incumplimiento de los encausados de la exigencia de comparendo periódico que se les impusiera”.

No conforme con ello, las conclusiones también apuntan a más encartados: “Surge de los incidentes respectivos” que un grupo de 7 imputados, “domiciliados en diferentes localidades, arribaron al juzgado el día 6 de julio de 2009, fuera del horario judicial”, agregando que “la misma circunstancia se reiterará el 16 de noviembre de 2009 a las 16 hs, también fuera del horario judicial”.

“Las irregularidades que rodearon la confección de las actas se derivan no sólo de las irrefutables conclusiones técnicas de las pericias, sino también del análisis y lectura armónica del material hasta aquí recabado”, señala el expediente abierto por la Corte Suprema bonaerense.

Según una alta fuente de la investigación consultada, “la Fiscal Musitani se dio cuenta de la situación, y le empezó a exigir al Juez que le explique por qué no estaba controlando lo que hacían los delincuentes. Y a Carzoglio se le ocurrió llamarlos, principalmente a los jefes de la banda, y hacerlos firmar, en un único acto, todas las presentaciones en que no habían asistido al Juzgado”.

Y explica tajante: “En concreto, falsifico actas porque dijo que una persona (el imputado) se presentó un día que no lo hizo, y la firmo con esa falsedad”.

A partir de las declaraciones de los funcionarios del juzgado de garantías 9, se formó un nuevo expediente, el sumario administrativo CJ-28/11 “Sres. Hugo Álvarez y Natalia Diaz, Secretario y Secretaria Adjunta de la AJB Lomas de Zamora s/denuncia”, para determinar si Carzoglio ejerció coacción y abuso de autoridad sobre ellos, luego de que éstos se negaran a convalidar lo actuado por el juez con los imputados de la causa Nobleza Piccardo.

Curiosa paradoja. Pese a que dicho sumario fue originalmente impulsado por la Asociación Judicial Bonaerense, en la actualidad la propia entidad gremial defiende al magistrado. Es que, según afirman las fuentes consultadas, están aliados al kirchnerismo a través de Jorge Sotelo, Secretario Gremial de Lomas de Zamora, y del ex Secretario General, Pablo Abramovich.

La misma fuente judicial afirma que “a pesar de que Carzoglio está suspendido por el jurado de Enjuiciamiento por estos hechos, lo cual habilita a la fiscalía a que lo indaguen como imputado, esta medida aún no ha sucedido, ya que goza de protección judicial, a través del Fiscal General de Avellaneda, Guillermo Castro, que impide que se lo indague”. Y agrega: “Hace más de tres años que el juez debería haber sido indagado”. Actualmente, la causa la tiene el Fiscal Martín Rodríguez de la UFI 6 de Lanús.

Uno de los abogados de Carzoglio es Diego Raidán, ex policía y hermano de Javier Raidán, también letrado, y muy allegado a Julián Álvarez, ex vice ministro de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner y uno de los dirigentes más importantes de La Cámpora, la agrupación dirigida por Máximo Kirchner. Además de ello, Javier Raidán representa legalmente a parte de la familia Castillo, los dueños de “La Salada”, y a Daniel Llermanos, que, como ya se dijo, sería otro de los oradores del acto del 1F.

Vale recordar así mismo que, contrariamente a lo que se cree, Luis Carzoglio no está suspendido por no haber detenido a Pablo Moyano, sino que fue momentáneamente apartado de sus funciones no solo por los dos sumarios señalados, sino también por haber dictado 18 órdenes de allanamiento sin siquiera haber fijado las fechas en que deberían haberse realizado las medidas, y también por haber allanado irregularmente el Colegio de Abogados de Avellaneda y Lanús, cuando, según afirman, no era el juez competente para hacerlo, sino que quien debió hacerlo fue su par de Lanús. Por ello, fue denunciado por la propia institución y por el Colegio de la provincia de Buenos Aires.

Es decir, que el dr. Carzoglio, mucho antes de hacerse célebre por haber rechazado un pedido de prisión preventiva contra Pablo Moyano, acumulaba sumarios y denuncias por parte no sólo de distintas instituciones, sino también de sus colegas y de la propia Corte Suprema de Justicia bonaerense.

Este hombre será uno de los oradores del acto donde se pedirá el fin de la impunidad.