Este jueves Damián Ferron hubiera cumplido 51 años, pero la banda integrada, entre otros, por los hermanos Lanatta y los hermanos Schillaci lo mataron, junto a Sebastián Forza y Leopoldo Bina, el 7 de agosto de 2008. Y por eso hay días en los que Diego Ferron, su hermano, parece haberse quedado en el tiempo. En ese tiempo. En esos días. Y por eso también hay hechos, palabras y también silencios, miradas que no olvida, que lo llevan a esos días. Para él fue un golpe que la jueza federal María Servini le dictara en diciembre de 2016 la falta de mérito a Ibar Esteban Pérez Corradi como autor intelectual, no porque no confiara en la magistrada sino porque los primeros investigadores del caso lo habían acusado una y otra vez de haber encargado el triple crimen desde México como coartada. Y, entonces, en febrero de 2017, le contó a la jueza cosas que no había dicho antes: «Lo de Pérez Corradi siempre me despertó dudas. El jueves [7 de agosto de 2008] a la noche fui a la comisaría, me tomaron declaración. Al otro día, fuimos a la fiscalía y ahí conocí a Solange [pareja de Forza], esa fue la vez que la escuché hablar sobre Pérez Corradi. El lunes [11 de agosto] había que volver a la fiscalía, pero con mi vieja pasamos primero por la comisaría. Gabela nos mostró una foto de Pérez Corradi con un informe financiero, donde decía que tenía 600 cheques rechazados y que esa era la persona que tenía que buscar, tenía preparados los grupos, pero la fiscalía no le daba la orden, le habían dicho que se corriera, esto era algo muy pesado».

Aquel 11 de agosto, mientras el jefe de la comisaría 50 de la Policía Federal (PFA), José Fernando Gabela, le aseguraba a Ferron y la mamá que todo había sido obra de Pérez Corradi, la banda de los Lanatta y los Schillaci todavía mantenía en frío los cuerpos de las tres víctimas. Recién el 13 de agosto de 2008 los «plantaron» en General Rodríguez. A diferencia de los fiscales Juan Ignacio Bidone y Marcela Falabella, como la jueza Servini consideró en diciembre de 2016 que no había elementos suficientes para procesar a Pérez Corradi como autor intelectual del triple crimen, Ferron revivió aquellos primeros días de la investigación. Y, entonces, se preguntó y le preguntó a la magistrada: «Siempre me llamó la atención, ¿por qué tardamos tantos años en imputarlo si desde principio decían que era él? Pero si lo involucraron por lo que dijo Solange, ¿por qué no buscaron también a Magalllanes, Abasto y la mesa de dinero de militares también? Porque ella declaró que Forza le tenía miedo a todos esos, no solo a Pérez Corradi».

La pregunta de Ferron a Servini en realidad era para Bidone. El fiscal de Mercedes tuvo tres años a disposición a Pérez Corradi porque la jueza federal Sandra Arroyo Salgado lo había detenido por un pedido de una fiscalía de Maine, Estados Unidos, para extraditarlo por tráfico de oxicodona, pero debió excarcelarlo cuando se vencieron los tres años de prisión preventiva, máximo establecido por ley. En todo ese tiempo, Bidone nunca lo indagó. El juez Marcelo Romero ordenó su captura nacional e internacional recién en marzo de 2012. Pérez Corradi se escondió en la triple frontera. El tribunal de Mercedes, al condenar a los Lanatta y los Schillaci como partícipes necesarios, cometió un grave error: aunque Pérez Corradi no estaba imputado en ese juicio, lo señaló como el autor intelectual. El acusado en ausencia, si antes había decidido no entregarse, luego de eso, mucho menos. A principios de 2016, el fiscal Bidone acordó con la jueza Servini que el expediente Pérez Corradi pasara del fuero ordinario al fuero federal. Y a mitad de 2016, en un operativo en el que participaron policías y servicios de Inteligencia de la Argentina, Brasil, Paragua y Estados Unidos, el prófugo más buscado cayó en Foz de Iguazú.

En realidad, la magistrada le dictó la falta de mérito a Pérez Corradi porque luego de leer todo lo actuado en los anteriores ocho años por el fiscal y luego de tomarle declaración indagatoria en once jornadas, necesitaba más tiempo para «evacuar las citas», es decir, comprobar si lo que había dicho el acusado, a esa altura «arrepentido» en la «ruta de la efedrina», era verdad o mentira. Pero, por otra parte, esa resolución también implicaba que lo sostenido por Bidone durante tanto tiempo no era tan sólido como parecía. Entonces, a Ferron le hizo ruido que Gabela le adelantara, con seguridad, que «todo era obra de Pérez Corradi». Y, entonces, a Servini le hizo ruido algo más: que el jefe policial pudiera sostener semejante acusación el 11 de agosto de 2008, cuando los Lanatta y los Schillaci aún no habían «descartado» los cuerpos.

En consecuencia, en febrero de 2017, la jueza Servini ordenó buscar al comisario ya retirado: le era «imprescindible» que le explicara «cómo a 72 horas» del triple crimen «tomó conocimiento de quien sería el autor de los hechos». Por eso, siguiendo sus órdenes, los detectives lo buscaron desde 2017 en adelante, pero el primero en acusar a Pérez Corradi pareció habérselo tragado la tierra. Hasta ahora. Encripdata pudo saber que Gabela, el hombre en cuestión, finalmente respondió el llamado al otro lado de la puerta. Fue en los últimos días del año pasado. Pero, como tantas otras veces desde que se hizo cargo del caso, la magistrada se topó con trabas: personas que entorpecieron la investigación o, en el mejor de los casos, que no se acordaban lo que habían hecho.

En este caso, Gabela le dijo a los detectives no recordar lo que había dicho según Ferron. Y a trece años del triple crimen, eso quedó en la palabra del comisario retirado contra la palabra del hermano de una de las víctimas.

Pero Ferron no estaba equivocado: Encripdata pudo confirmar que ese mismo 11 de agosto, cuando el hermano de la víctima visitó al comisario, alguno de los investigadores agregó los informes financieros de Forza, Ferron, Bina y las dos empresas del primero: Seacamp SA y Sanfor Salud SA. Y tenía 658 cheques rechazados por falta de fondos, ni más ni menos que 4,3 millones de pesos. En esa época: 1,4 millones de dólares. Ferron, en cambio, tenía solo once cheques rechazados por 7 mil pesos, pero mucho más viejos, del 2003. Bina, directamente, no tenía cheques adeudados. Aunque no figuraba en los papeles, Pérez Corradi, como reconocería después, financió a Forza en Seacamp SA, pero a finales de 2007, cuando se dio cuenta que era imposible evitar la inminente quiebra de la droguería, se fue a otra parte a intentar lavar la plata que ganaba con la venta de efedrina a un cártel mexicano. Sin salida, Forza firmó cheques y más cheques que, como sabía, rebotaban. Pero al 11 de agosto de 2008, Solange nunca mencionó en la comisaría ni en la fiscalía que Pérez Corradi haya sido socio de Forza, solo que lo había amenazado, como los otros.

Había dos policías que sabían que Forza y Pérez Corradi habían hecho negocios juntos: «Chipi» y «Gaucho», dos que, como Gabela, eran de la PFA. Si aquellos días hablaron entre los tres, es un misterio.

También sigue siendo un misterio por qué Gabela tenía un teléfono a nombre de un hombre de origen asiático.

Desde ese teléfono, Gabela habló el 7 de agosto de 2008 con un policía que trabajaba con él. Esa llamada fue a las 18.14. Dos horas después, la banda de los Lanatta y los Schillaci prendió fuego la camioneta de Ferron con la pistola de Forza dentro a ocho cuadras de la comisaría.

Ese policía federal que habló con Gabela también se comunicó 18 veces entre el 25 y el 28 de julio de 2008 con el teniente primero Eduardo Fabián Ocampo. Este policía bonaerense se contactó 3 mil veces con el comisario inspector por entonces ya retirado Alberto Molina. Según le hizo creer a la viuda de Ferron, «Patón» Molina haría una investigación paralela para saber quién había matado a su marido, pero el 13 de noviembre de 2008 el investigado pasó a ser él: ese día, policías federales, tras recibir un informe de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos, fueron a romper un galpón en San Miguel siguiendo los pasos de narcos mexicanos, pero, para su sorpresa, Molina, Ocampo y el también policía bonaerense Rafael Fernando Portillo, que tenían una pista sobre 2 mil kilos de efedrina, ya estaban en el lugar.

Cuando entraron los federales, los bonaerenses estaban charlando con los narcos. Ni siquiera tenían la orden de allanamiento. Eso llegó una hora después. Se las mandó de apuro el juez federal Federico Faggionatto Márquez, que ya investigaba la «ruta de la efedrina». Pero no había 2 mil kilos de efedrina sino 750 kilos de cocaína. Ese «doble» operativo terminó con dos causas: la primera, a cargo del juez federal Juan Manuel Culotta, para investigar a los dueños de la droga y la segunda, que terminó en juicio contra Faggionatto Márquez, Molina, Ocampo y Portillo por ese procedimiento sin autorización ni testigos. El tribunal, finalmente, los absolvería por el beneficio de la duda aunque al juez de la «ruta de la efedrina» lo destituirían por otras irregularidades en otros expedientes. Pero aunque libre y con ganas de ser intendente de General Rodríguez, algunos sospecharon que Molina, más que «Patón», fue «Orejudo» porque, a través de la investigación paralela, quiso obtener datos sobre traficantes con otros fines.

A diferencia del comisario retirado Gabela, el teniente primero Ocampo dijo recordar varias cosas ante la jueza Servini: «En el 2008 prestaba servicio en la comisaría de Francisco Álvarez. Cuando pasó lo del triple crimen, pasé a depender de la Secretaría de Delitos Complejos de la Provincia de Buenos Aires, dependía del doctor Paul Starc. En ese momento me notificaron que era para llevar adelante investigaciones y los resultados los debíamos aportar a cada tribunal, si era por triple crimen, a Bidone y si era por la ‘ruta de la efedrina’, a Faggionatto Márquez». Y, sobre el allanamiento a ese galpón, aseguró: «A mí me dijo ‘Lauchón’ Viale que a ese lugar iban a llegar 2 mil kilos de efedrina, nunca me habló de cocaína. Él, que era de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), me pasaba toda la información que tenía en ese momento».

«Lauchón» no era otro que Pedro Tomás Viale, agente encubierto de la Dirección de Contrainteligencia de la SIDE y hombre de confianza del director general de Operaciones de «La Casa», Horacio Antonio «Jaime» Stiuso.

El 23 de noviembre de 2008, solo diez días después del «doble» allanamiento a traficantes mexicanos en ese galpón de San Miguel, dos agentes de Contrainteligencia de la SIDE participaron de la detención de Mario Segovia en el aeropuerto internacional de Ezeiza. En 2016, ocho años después, en entrevistado por la periodista Agustina López para La Nación, Stiuso, preguntado por la caída de Pérez Corradi, le bajó el precio: «Me parece que es un peón. Al verdadero ‘Rey de la efedrina’, Mario Segovia, lo detuve yo en el 2008 y ahí estalló el tema de la ‘mafia de los medicamentos’. De todos modos, a mí nunca me pasaron la orden de que lo busque a Pérez Corradi».

En realidad, el «verdadero rey» fue Pérez Corradi: como confesó y como la jueza Servini dio por probado, el «arrepentido» traficó 13 mil kilos de efedrina hacia un cártel mexicano. Segovia, bastante también, pero menos: 8.400 kilos. Nadie entiende, entonces, por qué «Lauchón» Viale le entregó a Ocampo el dato de los 2 mil kilos de efedrina en el galpón de San Miguel -aunque después se encontrara con 750 kilos de cocaína y nada de efedrina- si, con esa pista, la SIDE hubiera podido dar un golpe más a los argentinos y mexicanos que triangulaban el precursor necesario para fabricar el éxtasis que convirtió en zombies a miles de personas en los Estados Unidos.

Al «Lauchón» Viale, dos miembros del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense lo mataron cuando lo fueron a arrestar el 9 de julio de 2013 a su casa de La Reja, Moreno. El juez Culotta, sabiendo que era de la SIDE, había ordenado su captura por considerar que operaba con el narco Rodolfo Carricaburo con la «chapa» de espía como excusa.

Enigmático, Ocampo le dijo a Servini que se retiró de la Policía justamente cuando la división especial de la Bonaerense mató al «Lauchón». La jueza no entendió si eso fue una aclaración o un mensaje.

Tampoco se lo preguntó.