Después de varios cambios en la acusación formal, el juez Guillermo Atencio envió a juicio al exauditor general Guillermo Berra y a la exauditora sumarial María Rosario Sardiña por su desempeño en la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, pero ya no por los delitos de «abuso de autoridad en dos hechos en concurso real entre sí e ideal con peculado» -que algunos medios informaron como parte del espionaje ilegal del macrismo- sino, como pudo reconstruir Encripdata, por realizar 692 búsquedas en Nosis. En el debate oral, deberán explicarlas una por una, una tarea menos tediosa que si el magistrado hubiera mantenido la acusación de la fiscal Cecilia Corfield, que inicialmente les reprochó 46 mil búsquedas, pero que ya demostraron que el 97% no correspondían a su usuario de ese sistema pago.

Todo comenzó cuando Néstor Martín denunció en septiembre de 2019 haber detectado «tareas de inteligencia» por parte de Asuntos Internos. Martín, como lo retrató el periodista Leonardo Nieva para Perfil, era en 2016 «el comisario más rico de la Bonaerense»: el fiscal Marcelo Romero, a instancia de la AGAI, lo investigaba por «enriquecimiento ilícito».

Aunque el comisario general, a cargo de la millonaria caja de las horas extras (Cores) y las adicionales (Polad), declaró tener solo siete inmuebles en La Plata, un helicóptero experimental y acciones de una empresa, con un sueldo de 48 mil pesos e ingresos de monotributo de 30 mil en aquel entonces, la fiscalía de Delitos Complejos platense determinó que en realidad tenía 101 propiedades -la mayoría parcelas en un country-. Martín renunció para hacer desaparecer sus problemas. No lo consiguió: Berra lo exoneró.

Tres años después de la denuncia de Berra, Martín contraatacó con otra en septiembre de 2019. Un mes después, el 22 de octubre, cinco días antes de las elecciones a gobernador, en las que Vidal buscaba la reelección, la fiscal allanó la Auditoría General. A pesar de que Corfield era del fuero ordinario, algunos medios aseguraron que el caso se trataba de un delito federal: espionaje ilegal. El propio Martin dijo haber sido víctima de «tareas de inteligencia».

Cuando el juez fijó las fechas de indagatoria, Télam, la agencia de noticias estatal, publicó otra cosa: el 10 de junio de 2020 anunció que «procesaron al extitular de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense». En el fuero ordinario bonaerense no existe la figura del procesamiento -como sí en el fuero federal- sino la de confirmación del auto de acusación y el juez puede resolver en esa dirección solo una vez que los indaga.

Al principio, Corfield sospechó que Berra y sus auditores habían hecho 46 mil búsquedas en Nosis, sistema también usado por periodistas, pero los acusados consiguieron demostrar que en Asuntos Internos solo realizaron 1491 entre el 3 de junio de 2017 y el 22 de noviembre de 2019 mientras que en el área de Narcotráfico otros concretaron 2 mil y en la de Inteligencia Criminal, 40 mil más.

Entre esas 1491 búsquedas, la fiscal puntualizó a «Marcelo Hugo Rocchetti, Sergio Ricardo Maldonado, María Daniela Pezzutti, Daniel Jorge Pezzutti, María Cristina Sosa, Ana Claudia Amorosi, Máximo Zitti, Gonzalo Martín Pepe Fernández Bird, César Ricardo Melazo, Gastón Andrés Rueda, Mario Alejandro Mac Dougall, María Florencia Musich, Juan Pablo Mussi, Franco Daniel Schillaci, Tomás Fernando Espinoza, Juan Domingo Tomás Espinoza, Mario Alberto Ishii, María Florencia Alconada, Tomás José Gigli, María Alejandra Bellini, Diego Ariel Otero, Néstor Emilio Otero, Elías Mahli, Juan José Tocci, Daniel Alejandro Salcedo, Ricardo Oscar Bogoliuk, Norberto Anibal Degastaldi, entre otros».

Entre 2015 y 2019, la Auditoría General de Asuntos Internos realizó 39.392 sumarios internos: 2300 policías terminaron exonerados, 3000 suspendidos, 13.685 apartados y 1007 detenidos.

En noviembre del 2021, los jueces Laura Irma Lasaga y Sergio Ramón Almeida, de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata, sobreseyeron a Berra y Sardiña por el «hecho I» y los llevaron a juicio por los «hechos II y III». La fiscal Corfield no apeló. El juez Atenció resolvió en consecuencia.

El «hecho I» era, justamente, lo que dio inicio a la investigación: la denuncia del excomisario general Martín. Los camaristas confirmaron lo obvio: que las autoridades de Asuntos Internos podían investigar y una vez hecha la denuncia penal, seguir con el expediente administrativo. Dijo Lasaga y acompañó Almedia: «La normativa permite la realización de tareas investigativas en el marco de la potestad disciplinaria de la AGAI, no advirtiéndose que las tareas concretamente desarrolladas en relación a Martín, en el marco del sumario administrativo señalado, constituyan el delito de abuso de autoridad». Es más: los sobreseyeron con una crítica indirecta al juez y fiscal: como reza el artículo 323 inciso 3 del Código Procesal Penal bonaerense, «el hecho atribuido no encuadra en una figura legal».

Sobre el «hecho II», los camaristas redujeron las 1491 búsquedas a solo 692 ingresos a Nosis porque «no revestían estado policial». En la resolución, los jueces no específicaron quiénes eran esas personas. Tampoco era su tarea, era la de la fiscal al sostener la acusación, pero en la indagatoria no les preguntó a los acusados los motivos, uno por uno, de esas búsquedas. Como sea, en el juicio podrán declarar las veces que consideren necesario. La indagatoria es el acto de defensa por excelencia, especialmente frente al tribunal, del que depende el veredicto final.

En esa instancia, los jueces resolverán el «hecho III»: «la utilización de servicios pagos por la administración pública provincial, como ser el usuario y la clave para acceder al sistema Nosis, en provecho propio y de terceros no identificados». En aquella época, la AGAI pagaba 6.161,32 pesos por mes por el servicio. Por lógica, el delito imputado en este hecho seguirá atado a lo que se resuelva en cuanto al hecho anterior, es decir, si logran fundamentar las búsquedas, entonces también conseguirán demostrar que no hubo «peculado». En ese sentido, los camaristas, conforme el sobreseimiento por el primer hecho, descartaron que Berra y Sardiña hubieran cometido ese desvío de fondos públicos en su beneficio al momento de investigar al «comisario más rico de la Bonaerense».