Tal vez el debate en la oposición haya quedado superado por el curso de los acontecimientos.

El principal bloque opositor parece encaminado finalmente a adoptar una posición común, e intermedia, similar a la que propugnaba Elisa Carrió ya desde hace semanas, respecto al acuerdo con el FMI: facilitará el acuerdo de reprogramación de la deuda con el organismo, pero no la aprobación de las medidas que el gobierno argentino se compromete a llevar a cabo a cambio del mismo, y que se consideran, por buenos motivos, contribuirán a gestar una peligrosa bomba de tiempo para el presidente que suceda a Alberto.

El acuerdo interno entre los opositores es precario

Y tan es así que puede no sobrevivir al trámite parlamentario. Dependerá de que no se repita lo vivido con el debate del presupuesto, o la inauguración de sesiones legislativas: que algún sector del oficialismo o sus líderes se empecinen en maldecir a Macri y su herencia, amenazar a los exfuncionarios con la cárcel o cosas por el estilo, y los halcones logren una vez más arrastrar detrás suyo al resto de los legisladores de JxC, lo que conllevaría esta vez dejar tal vez sin quórum a la Cámara Baja y sin ley al Ejecutivo.

Pero es un acuerdo precario, además, por otra circunstancia, que tiene que ver más con la interna de JxC que con las malas artes del gobierno: el debate entre dos posiciones polares, la de quienes consideran que la prioridad es evitar una “bomba de tiempo” para 2023, y la de los que consideran lo más importante evitar un descontrol total de las variables económicas en la segunda mitad del mandato de Alberto, un estallido similar al de fines de 2001, o de 1975, sigue abierto.

Eso sucede, ante todo, porque ambas partes tienen buenos argumentos a su favor. Aunque no los suficientes para convencer a los del otro bando.

Es evidente que la estrategia de negociación encabezada por Martín Guzmán ante el FMI fracasó en muchos de sus objetivos iniciales. Pero sí consiguió uno muy importante para el oficialismo: postergar todo lo posible las medidas antipáticas para su ethos y para lo que el ministro y sus jefes entienden es el interés de sus votantes.

A resultas de lo cual recién en 2024 y 2025 se profundizaría el combate del déficit, se aflojaría el cepo y actualizarían en serio las tarifas; mientras tanto se seguirá acumulando una deuda en pesos a plazos muy cortos y con tasas de interés muy altas, que será imposible de pagar para quien le toque gobernar después de Alberto y Cristina. Así que bomba de tiempo va a haber, y probablemente más destructiva que la que Macri recibió de la señora en 2015.

Por otro lado, que el gobierno está perdiendo el control de las variables macroeconómicas, a paso lento pero sostenido, es algo sobre lo que no hace falta argumentar demasiado. Y tampoco hace falta ser particularmente pesimista para imaginar lo mal que podría terminar esta deriva, en algún momento de los próximos dos años, si el Ejecutivo sigue ejercitando su indudable talento para improvisar y meter la pata, y el resto del oficialismo se lava las manos o, peor, contribuye a horadar la cada vez más precaria gobernabilidad económica, marcando sus diferencias con las decisiones oficiales y serruchándole el piso al presidente y sus colaboradores, para disipar sus responsabilidades en este resultado.

Todo esto es casi inevitable que continúe, conociendo a los personajes involucrados, así que la posibilidad va a estar todo el tiempo rondando de aquí al final de la gestión iniciada en 2019.

Los opositores conocen, o deberían conocer, el enorme costo que una crisis galopante, un estallido inflacionario o algo parecido, tendría para la sociedad. Y también entienden, o deberían entender, que un descalabro de esas proporciones podría beneficiarlos electoralmente, o tal vez no: es posible que a quienes les toque recoger esos eventuales beneficios sea a aventureros antisistema, de los que ya hay varios dando vuelta y apostando alegremente al acabose.

Y aún cuando sucediera lo primero, podría pasar que las ventajas electorales, e incluso las iniciales para la gestión de una salida, a saber, la esperable debilidad de los grupos de interés y la disposición de la sociedad a entregar una carta blanca preliminar a las autoridades que asuman en 2023, duren lo que un suspiro.

Le pasó a Carlos Menem en 1989

La hiperinflación de Alfonsín primero “lo ayudó”, pero pronto se le volvió en contra; por algo controlar la situación económica le insumió dos largos años; y le consumió varios gabinetes y sucesivas alianzas. Repetir esa historia implica demasiados riesgos, para un futuro gobierno que va a tener bases de apoyo más frágiles y aún más problemas enfrente para resolver, con menos recursos a la mano, que el del riojano.

El problema que ha venido enfrentando JxC podría resumirse a lo siguiente: los duros tienden a subestimar estos últimos inconvenientes, y sobrevalorar aquellas ventajas iniciales para el gobierno que se imaginan conduciendo; además de que evalúan con pesimismo la posibilidad de desarmar la bomba de tiempo que ven que Alberto, Cristina y Guzmán les están preparando.

Mientras, los moderados de la coalición hacen lo contrario, se preocupan sobre todo por el estallido, y se toman con más filosofía la cuestión de la bomba de tiempo.

¿Se puede saber cuál de las dos posiciones es más realista, quién tiene más chance de equivocarse y quién de acertar?

Es muy difícil, pero además puede que sea innecesario. Porque lo cierto es que el contexto cambió decisivamente desde que el Ejecutivo optó finalmente por avanzar hacia un acuerdo con el FMI. Y desde que él se confirmó, y se conocieron sus detalles, la bomba de tiempo se volvió una realidad inescapable y amenazante, mientras que, al contrario, el estallido se tornó un evento mucho más improbable.

Esto tal vez sirva para explicar por qué varios moderados del PRO han tendido a plegarse a la posición de los duros: “si no podemos evitar la bomba, al menos advirtamos desde ya que ella se está preparando, no cometamos el mismo error que en 2015 cuando se subestimaron los inconvenientes que habría que enfrentar y no se preparó a la opinión pública para las malas noticias que inevitablemente habría que dar”, algo así sería el argumento que justifica este cambio de posición.

Suena convincente, pero podría convenirles hacer algo más de lo que están haciendo: a más de explicar mejor su posición, podrían tanto ellos como el conjunto de JxC tal vez intentar trascender la dicotomía que ha venido empiojando la vida interna de su partido y su alianza, y que, como explicamos, a esta altura ya no tiene mayor sentido que se tome como parámetro de sus debates internos.

Porque si bomba de tiempo va a haber inevitablemente, dado que hasta el Fondo está colaborando a que así sea, por sus propias necesidades de salvar la cara, absteniéndose de empujar al país al default y limitar las exigencias inmediatas planteadas a un gobierno que es a todas luces incapaz de hacer casi nada; y es por los mismos motivos muy improbable que haya de aquí a diciembre de 2023 un conflicto, la tarea de los opositores debería ser otra, no tratar de evitar lo inevitable ni de que ocurra lo improbable, sino asumir una responsabilidad que en serio tenga sentido práctico, y esté a su alcance cumplir.

Ella podría tal vez enunciarse del siguiente modo: reducir al mínimo el daño que el gobierno de Alberto, Cristina y Guzmán puedan hacer en los próximos dos años, y también la cantidad de mugre que logren esconder bajo la alfombra.

Son dos objetivos en tensión, pero no necesariamente incompatibles, porque de que el ajuste que ahora se ponga en marcha sea mínimamente ordenado dependerá, entre otras cosas, la dimensión del que habrá que completar a partir de diciembre de 2023. Cuantas menos macanas se hagan ahora, en los dos sentidos expuestos, menor será también el volumen y dramatismo de los sacrificios que el nuevo gobierno tendrá que administrar.

Es difícil imaginar un juego que no sea de suma cero con las actuales autoridades. Pero en eso al menos módicamente el acuerdo con el Fondo, pese a todos sus defectos, puede ser de ayuda, al introducir ciertos límites y una mínima racionalidad intertemporal en las decisiones de política económica. Conviene tratar de aprovecharlas.