A pesar de las inocultables diferencias entre el Presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner, el kirchnerismo duro, representado por La Cámpora y alineado con la ex mandataria, continúa conservando enormes cuotas de poder y estratégicos cargos en el gobierno.

Así lo demuestra al menos un análisis de las partidas presupuestarias asignadas a determinadas áreas de la administración nacional, todas ellas manejadas por dirigentes de la organización liderada por Máximo Kirchner o cercanos a la vicepresidente. En 2021, dichos recursos representaron nada menos que el 73% de todo el presupuesto. En tanto, para el año en curso, tales partidas representarían el 64%, si se toma en cuenta la ley original que preparó el Ejecutivo, que proyectaba gastos por $13.2 billones y que no fue aprobada por Diputados el último diciembre.

El caso más significativo sin duda alguna es el de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), que luego de la estatización de las AFJP (jubilaciones privadas) durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, se ha transformado en una de las “cajas” más codiciadas del poder. A cargo de los recursos de la seguridad social, y utilizada para financiar todo tipo de proyectos, el organismo conducido por Fernanda Raverta culminó el año pasado con un gigantesco presupuesto de $4,13 billones, exactamente la mitad de los gastos del Estado previstos para 2021.

Tomando como punto de partida un análisis que realizó y publicó el diario “Clarín”, las áreas más importantes del Estado controladas por los sectores más radicalizados del kirchnerismo totalizaron partidas por más de $6 billones durante todo el año pasado. Sobre los $8.3 billones que proyectó el presupuesto 2021 presentado por el ministro de Economía Martín Guzmán, los recursos manejados por los camporistas ascendieron al 73%. Y aún inflando aquel número por la reasignación de gastos, la incidencia sigue siendo muy significativa

Los organismos, ministerios y secretarías analizados fueron, además de la mencionada ANSES, el PAMI de Luana Volnovich, con $456.000 millones; el ministerio del Interior, a cargo del número 2 de La Cámpora, Eduardo “Wado” de Pedro, con $92.000 millones; la estratégica secretaría de Inclusión Social, dirigida por Laura Valeria Alonso, dependiente del ministerio de Desarrollo Social, con $250.000 millones, lo que representa casi la mitad del presupuesto de la cartera conducida por Juan Zabaleta; la secretaría de Energía, bajo las órdenes de Darío Martínez, con $957.000 millones; y el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a cargo de Jorge Ferraresi, que totalizó partidas por más de $300.000 millones.

Para el ejercicio 2022, el gobierno estimó gastos por $13.2 billones en el presupuesto. Al ser rechazado por la Cámara de Diputados el 17 de diciembre pasado en una recordada sesión por la controvertida intervención, justamente, de Máximo Kirchner, el Gobierno debió prorrogar el correspondiente a 2021.

El decreto 882/2021, publicado el 24 de diciembre del año pasado en el Boletín Oficial, estableció que, dado que “a la fecha no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2022″, se aplica el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”. Dicha norma dispone que “ante esa situación regirá el Presupuesto que estuvo vigente el año anterior”.

Pese a que, de acuerdo al proyecto rechazado, la incidencia de las cajas manejadas por La Cámpora se reducía en relación al año anterior, la misma seguía siendo elevada. En total, tomando como base las mismas reparticiones estatales, la suma de gastos ascendía a los $8.5 billones. Sobre un presupuesto estimado en $13.2 billones, el dinero controlado por el kirchnerismo duro significaba un 64% del total presupuestado. Es decir, una reducción de 9 puntos respecto a 2021.

A modo de ejemplos, de todos los organismos, la ANSES de Fernanda Raverta continúa siendo la más beneficiada, con partidas calculadas en $6 billones, representando el 70% sobre el total de fondos controlados por la organización del hijo de la vicepresidente. Por su parte, el ministerio del Interior tenía asignado $70.000 millones, mientras que la secretaría de Energía, $823.400 millones.

La designación de Raverta en un puesto tan estratégico y tan caro a los intereses kirchneristas, no parece casual. Luego de la salida de Alejandro Vanoli, por la mala organización del cobro de jubilaciones y asignaciones sociales al comienzo de la cuarentena por el coronavirus, el Presidente Alberto Fernández designó a la ex candidata a Intendenta de Mar del Plata el 30 de abril de 2020.

Raverta, tras recibirse de licenciada en trabajo social en la universidad pública de la ciudad balnearia, comenzó su carrera profesional en la Delegación de Menores marplatense, para luego recalar en la secretaría de Desarrollo Social del municipio vecino de General Alvarado, y en la subsecretaria de Minoridad del Ministerio de Desarrollo Humano bonaerense.

También supo desempeñarse en la subsecretaria de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia (Delegación Región V). Entre 2011 y 2015 fue legisladora provincial y entre 2015 y 2019, diputada nacional. En 2010, fue jefa de la Unidad De Atención Integral (UDAI) de la Anses Mar del Plata, cargo que luego ocupó su marido, Pablo Obeid. Hija de los militantes montoneros Mario Montoto, hoy devenido en empresario de la seguridad, y María Inés Raverta (desaparecida), Fernanda Raverta fue fundadora de H.I.J.O.S. Regional Mar del Plata en 1995.

Las aspiraciones de la camporista de suceder a Guillermo Montenegro en la intendencia local están intactas. Así quedó demostrado cuando la titular de ANSES anunció en la ciudad, en enero de 2021, que el organismo invertiría $ 100 mil millones para ampliar el puerto marplatense a través de la construcción de un nuevo espigón en el sector pesquero, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Más de un año después de aquel anuncio, las obras brillan por su ausencia. Cabe mencionar que Mar del Plata es el tercer distrito electoral de la provincia de Buenos Aires.

Según trascendió, no son pocos los que dentro del gobierno le dicen al Presidente que le pida la renuncia a algunos funcionarios ligados a Cristina Kirchner. Pero hasta ahora ello no ocurrió. A la luz de las cifras que manejan, parece difícil que alguno de ellos decida renunciar.