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Lamento, seriamente, haber acertado en mi pronóstico acerca de la presunta opción que tenía Alberto Fernández entre independizarse de Cristina Fernández o someterse en forma definitiva a su voluntad, que enuncié la semana pasada. El MemePresidente confirmó que es un cobarde pusilánime al negarse a despedir a los miembros de La Cámpora que manejan las principales cajas del Estado y, sobre todo, al encabezar el acto de lanzamiento (¡otra vez!) del futuro gasoducto “Néstor Kirchner” (¡otra vez!) rodeado por el Secretario y el Subsecretario de Energía, a quienes Martín Guzmán, el Ministro de Economía del que teóricamente ambos dependen, intentó en vano echar varias veces del Gobierno.
Si no fuera tan trágico, resultaría sólo ridículo que la ocasión sirviera para conmemorar un nuevo aniversario de la creación de YPF, también presidida por un camporista, la compañía utilizada por el kirchnerismo para saquear al país, sacrificando en el camino el autoabastecimiento energético, que tanto dinero costó con la expropiación de su 51% y que, ahora, permitirá a Cristina hacerse con varios miles de millones de dólares más cuando la Juez Loretta Preska, de Nueva York, falle contra la Argentina en el pleito que sus testaferros instauraron por los buscados defectos de ese proceso. Todo lo conté hace casi cuatro años, en la nota “Cristinita, ¿otros US$ 5000 millones?” (https://tinyurl.com/bdej2bs2).
La viuda de Kirchner, que podría haber sido musa de Camus, patéticamente sacó otro conejo de la galera pero se lo ve viejo y desdentado. La sorpresiva división del bloque del Frente de Todos en el Senado, que ejecutó para robarle a Juntos por el Cambio una silla en el Consejo de la Magistratura, dejó expuesto cuánto pánico siente la PresidenteVice. No es para menos, ya que cuanto intentó para lograr la impunidad para sus múltiples crímenes (“democratización” de la Justicia, reforma de la ley que regula la Procuración General, cobertura de juzgados claves con jueces militantes, etc.) y la absolución de la historia, terminaron en sonoros fracasos. Su propuesta de ampliar la Corte a nueve miembros tendrá igual final ya que, si bien puede imponerla en la Cámara alta, no obtendrá allí la mayoría especial necesaria para designar a quienes deban ocupar las nuevas sillas.
La política se ha inmiscuido en el Poder Judicial, socavando así uno de los tres pilares sobre los que está asentada la República. Ese pecado lo cometieron todos los gobiernos y partidos desde que el Consejo de la Magistratura fue creado en la reforma constitucional de 1994; basta recordar las recientes elecciones de consejeros de los cuatro estamentos (legisladores, jueces, abogados y académicos), en las cuales se expuso, como atracción e incentivo para los electores, la filiación de cada candidato. Las nefastas consecuencias que esto produce se ven, por ejemplo, en la permanencia del Juez Federal Walter Bento, de Mendoza, procesado por infinidad de delitos pero protegido por el kirchnerismo en el organismo.
Atribulada por el terrible deterioro de su situación personal y por la falta de futuro que ve en sus hijos, la sociedad no sabe qué es y qué función cumple ese Consejo, que, además de administrar al Poder Judicial, designa y remueve a los jueces; sin embargo ése es el campo donde se está librando la actual y crucial batalla entre la República y la dictadura, entendida ésta como la concentración del poder en manos del oficialismo, que la busca tanto para garantizar la impunidad de la emperatriz hotelera cuanto para imponer un modelo socio-económico similar al que padece Venezuela. Para comprobarlo basta con observar cómo se comporta el Gobierno en todos los foros internacionales en los cuales ampara, con su voto o su abstención, a los émulos regionales de Nicolás Maduro, como Daniel Ortega, en Nicaragua, y Miguel Díaz-Canel, en Cuba, o con el asesino Vladimir Putin; es más, ni siquiera ha tenido la elemental decencia de condenar la salvaje invasión de Rusia a Ucrania, donde éste comete terribles crímenes de lesa humanidad.
Por lo demás, las probabilidades del kirchnerismo de ganar las próximas elecciones disminuyen diariamente, al ritmo del crecimiento de la pobreza causado por la desatada inflación, originada en el descomunal gasto público, que se financia con la emisión descontrolada de papelitos de colores. Es una gran herramienta del Gobierno para reducir sus obligaciones, en especial las derivadas del sistema previsional, quebrado por la populista e irracional decisión de jubilar a millones de personas que no aportaron, pero la deuda de la Argentina (US$ 416,000 millones), especialmente en Leliq y en bonos atados a la inflación o al dólar, alcanza ya niveles estratosféricos.
Esta tarde de sábado, a las 1500 horas, llegará a la Plaza de Mayo la protesta de todo el universo agropecuario contra la inicua persecución que sufre, encarnada en la expoliación masiva de sus ingresos, que será acompañada –no lo dudo- por una enorme manifestación cívica; la ciudadanía concurrirá para gritar que está harta de la proliferación de impuestos confiscatorios, la dilapidación de los recursos públicos, la rampante corrupción en todos los niveles del Estado, la inseguridad, la falta de educación, la inicua pretensión de controlar a la Justicia y la impunidad que pretende Cristina Fernández. Es decir, hoy se vivirá en la capital de la República algo similar a lo que ocurrió cuando se intentó imponer la famosa Resolución 125, en plena guerra contra el campo.
