El problema más acuciante que tiene el gobierno es la inflación derivada de los excesos de emisión que genera el déficit fiscal. Si bien la Argentina sufre un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos de larga data, en la actualidad el factor más decisivo son los subsidios a los servicios públicos. Prueba de ello es que en el primer trimestre del 2022 subieron a razón del 180% interanual. Actualizar las tarifas es inexorable. A tal fin, de manera tardía y dubitativa, el gobierno convocó a audiencias públicas como paso previo a la actualización tarifaria.

Los subsidios económicos no sólo resultan insostenibles desde el punto de vista fiscal. Además, generan enormes daños por los incentivos perversos que generan. Por un lado, exacerban el derroche en el consumo. Por el otro, deterioran la calidad de la gestión de las empresas proveedoras de los servicios subsidiados. Cuando las empresas dejan de cobrar por sus servicios en función de sus costos y pasan a depender de los subsidios que reciben del Estado, los incentivos están más orientados a lidiar con la arbitrariedad del Estado que a satisfacer el bienestar de los consumidores.

Sobre la base de datos del Ministerio de Economía sobre valor bruto de la producción y del INDEC, el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA) elaboró un revelador informe.

Allí se discriminan las fuentes de generación de ingresos: se puede estimar la parte de la facturación que las empresas de energía eléctrica, gas y agua reciben como pago de los usuarios y la que reciben como subsidios del Estado. Según estas fuentes, para el año 2021 se observa que:

• El 54% de la facturación proviene del pago de los usuarios.

• El otro 46% de la facturación proviene de los subsidios del Estado.

• Esto implica que prácticamente la mitad de los ingresos de las empresas de electricidad, gas y agua provienen de los subsidios del Estado.

Estos datos muestran que el financiamiento de estos servicios públicos proviene casi en partes iguales de la tarifa que pagan los usuarios y de los subsidios que decide el Estado. Ante esta situación, la idea de mejorar la situación fiscal con aumentos de tarifas impone un enorme desafío. La actualización tarifaria implica romper la costumbre de consumidores que pagan solo la mitad del servicio y de empresas que cubren la mitad de sus costos con subsidios del Estado. Estas malas señales seguramente han llevado al arraigo de malas prácticas de consumo y de gestión que es imprescindible revertir.

La muy alta tasa de inflación derivada de los excesos de emisión es la señal más contundente de que la política tarifaria que se vino aplicando en los últimos años es insostenible. Tanto desde el punto de vista fiscal como del desafío de impulsar cambios que induzcan un consumo menos dispendioso de estos servicios y de acciones en el interior del sector tendientes a mejorar la gestión. Hay que aceptar que, con el relajamiento y el desorden que generan los subsidios, necesariamente se sacrifican la inversión y la eficiencia.

El Estado Nacional asigna aproximadamente 3,5% del PBI a subsidios a sectores económicos. Cerca de la mitad se destina a combustibles, electricidad, gas y agua. Se trata de servicios donde el uso de fondos públicos sólo se justifica para garantizar el acceso a consumos mínimos de los sectores vulnerables. En el resto de los hogares, promover el consumo subsidiando el costo no tiene sentido. Diferente es el caso del transporte público de pasajeros donde puede haber un interés social en desincentivar la movilidad en vehículos particulares. Pero en esta área solo se destina un 20% del total de los subsidios y arbitrariamente se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Los subsidios son muy atractivos desde el punto de vista electoralista. Pero cuando se llega a situaciones extremas en que las empresas proveedoras de servicios públicos tienen la mitad de sus ingresos subsidiados, los riesgos de una disrupción son muy altos. No solo porque resultan fiscalmente insostenibles y regresivos para la distribución del ingreso, sino también porque inducen conductas muy dañinas entre los consumidores y las empresas de servicios públicos. Cambiar estas conductas costará mucho tiempo y esfuerzo.