Cristina Elisabet Fernández de Kirchner sólo tiene un objetivo -lograr la impunidad para sus múltiples delitos- y, para lograrlo, está dispuesta a incendiar Roma; la comparación con Nerón no es gratuita, ya que el Emperador padecía una gravísima enfermedad mental similar a la que, sin duda, afecta a nuestra emperatriz hotelera. Las fuerzas de choque de las que la insana jefa dispone para generar el caos incluyen a “soldaditos” del narcotráfico, barrabravas subsidiados, criminales liberados con la excusa del Covid, falsos mapuches y terroristas del Sendero Luminoso peruano y de las FARC/ELN colombianos, instructores venezolanos, cubanos e iraníes, y anarco-cuentapropistas; esta semana, algunos de sus más energúmenos seguidores han llamado a la “batalla” (sic) y arrastran a los pobres tan fanatizados que se niegan a reconocerla como responsable de su miseria.

Cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron penas tan severas para la viuda de Kirchner y un grupo de sus cómplices, abrieron la caja de Pandora. Pese a que falta mucho para que la sentencia del Tribunal sea emitida, ya que aún deben hablar los abogados defensores e, inclusive, decir sus “últimas palabras” los acusados, el aparato mediático del Ejecutivo ordenó que el “pueblo” salga a bancarla, realice enormes concentraciones y corte las rutas, en una actitud claramente mafiosa y golpista; que ese golpe sea dirigido contra el Poder Judicial, en especial contra la Corte Suprema, no lo hace menos grave a la luz de los preceptos constitucionales.  

En su intervención por YouTube desde su despacho en el Senado –algo habitual en ella pero no por eso menos ilegal- Cristina Fernández no refutó una sola de las demoledoras pruebas que los fiscales exhibieron en el juicio, utilizó bastardamente datos personales tergiversados o falsos para denostar a fiscales y jueces y tratar a Mauricio Macri de delincuente,, confesó que su AFI espiaba, acusó de corrupto a su marido muerto, negó que su gobierno haya sido una asociación ilícita y sostuvo que ella ignoraba cuanto sucedía (confesiones de empresarios “arrepentidos”, secretarios privados enriquecidos, cuadernos de Oscar Centeno, asociación inmobiliaria con Lázaro Baéz y bolsos de José López incluidos) en su administración; o sea, pretendió que no se le puede atribuir “responsabilidad funcional”.

Fue aplicando precisamente ese concepto que fueron condenados los integrantes de las juntas militares y, desde 2003, con la clara complicidad del entonces Presidente de la Corte Suprema, sentenciados a prisión perpetua infinidad de militares y civiles que “hubieran debido saber” en razón de su posición en el organigrama estatal durante el Proceso.

Por otra parte, no se puede olvidar que fue la propia Cristina Fernández, como Convencional Constituyente, quien propuso en Santa Fe, en 1994, agregar al artículo 36: “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”.

El hasta ahora denostado peronismo, a cuyos dirigentes ella mandó hace poco a suturarse un esfínter, salió unánimemente a respaldarla, preocupado porque la mancha venenosa de la lucha contra la corrupción alcance a sus señores feudales, sean éstos eternizados gobernadores o gremialistas. Pero la renovada humillación de esos “machos alfa” frente a la “abogada exitosa” y sus aspiraciones de impunidad se da en un momento económico y político sumamente complicado debido al fracaso del artilugio inventado por ella para ganar en 2019 -hoy una mesa que ha perdido una de sus tres patas- y a la inminencia de las elecciones del próximo año, en las cuales prevén una fuerte derrota del oficialismo nacional.

Si bien todo el revuelo mediático ha servido para enviar el feroz ajuste en la educación y la salud de Sergio Massa, “el Aceitoso”, a las páginas interiores de los diarios, no por ello dejará de sentirse en los bolsillos de la gente, absolutamente harta del despilfarro y de la corrupción del Estado; cuando esa “sensación” se agudice, habrá que ver si la declamada lealtad a ultranza de estos caciques, que pretenden renovar sus tan infinitos mandatos, no flaquea ante las encuestas que muestran que la mitad de los votantes del Frente para Todos, y todos los no lo son, dice estar convencida de la culpabilidad de Cristina Fernández.

El canalla que se autopercibe Presidente venía violando la Constitución hace tiempo y ahora, al arrogarse el conocimiento de una causa judicial en trámite, algo que tiene expresamente vedado por su artículo 109, incurrió en un nuevo delito. Llegó al colmo cuando dijo algo que ya entró en la historia prostibularia de nuestro país: “Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga lo mismo”; a nadie llamó la atención que contradijera sus públicas y recientes declaraciones sobre el asesinato del Fiscal, porque estamos acostumbrados a su permanente incoherencia, pero sí que formulara, desde el sillón de Rivadavia, una tan clara amenaza al mejor estilo de Don Corleone.

La semana pasada recomendé comprar cascos, asegurando que lloverían piedras; con las violentas amenazas que se formulan diariamente y la fuerte agresividad que exhiben ahora los militantes kirchneristas, seguramente me habré quedado corto.