“Es una prioridad de esta gestión lograr una educación pública de calidad. Por ello, del mismo modo que en 2021, en la Ley de Presupuesto 2022 se proyectó un nuevo incremento de la inversión en el Sistema Educativo de la Provincia”, señalaba hace un año el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, en ocasión de presentar en la legislatura la ley de leyes para el año en curso.

Pero aquella afirmación no sería del todo acertada.

Aunque cabe reconocer que el gobierno de Axel Kicillof aumentó considerablemente el presupuesto educativo para la provincia de Buenos Aires, casi duplicándolo en los dos últimos ejercicios, cuando se hace un desglose de los mismos, si se observan las partidas destinadas a obras y mejoramientos edilicios, los números empiezan a no cerrar tanto.

Para 2022, los fondos previstos fueron de $915.174 millones, un 13,2% más en términos reales interanuales respecto al año anterior. Pero en particular, se contemplaba una inversión de $35.333 millones en gasto de capital, $10.907 millones para el programa Escuelas a la Obra, $5.485 millones para fortalecimiento edilicio de jardines y $6.621 millones en tecnología educativa. Además, incluían $11.000 millones en programa integral ATR de acompañamiento de las trayectorias educativas; y la creación de la Escuela Provincial de Formación de Equipos de Supervisión y Dirección.

Traducido: Sobre el total invertido, de más de $900 mil millones, solo un 6,3% ($58.346 millones) estaban dirigidos a la confección de obras. Es decir, a infraestructura.

La situación no mejoró demasiado. Y para 2023, se prevé una merma en dicha incidencia.

Aunque aún no fue aprobado por la legislatura provincial, el Presupuesto para el año próximo contempla una impactante inversión en educación en $1.8 billones, lo que representa un 29,6% del total. Pero cuando se analiza el detalle de las erogaciones, el impacto se diluye considerablemente.

En las partidas para obras se contemplan los siguientes gastos para el año por venir:

Infraestructura Educativa, $ 10.113.949.134

Infraestructura Y Equipamiento, $ 7.521.223.751

Innovación y Desarrollo De La Formación Tecnológica, $ 4.327.345.739

Fortalecimiento Edilicio De Jardines Infantiles, 1.802.563.826

Obras En El Marco De La Pandemia Covid-19 176.975.550

Programa De Escuelas A La Obra 11.900.000.000

Ampliación Y Mejora De La Infraestructura Escolar 4.800.000.000

Y aunque no se especificó el destino, también se contemplan partidas por $23.593 millones, lo que da un total de $64.257 millones sobre un presupuesto educativo previsto en $1.8 billones. Es decir, que la inversión en obras apenas representa un 3,5%. Es decir, la mitad del 6,3% estipulado para 2022.

Aunque no queda claro que los más de 96 puntos porcentuales restantes de las partidas vayan a pagar los sueldos de los casi 500.000 docentes bonaerenses, cabe citar un informe de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) del año 2018, en el cual se determinó que el 97% del presupuesto de las escuelas del Estado en la provincia de Buenos Aires se asignaba a salarios, un 2% a la compra de insumos, y solo un 1% se destinaba a infraestructura escolar.

Hace pocos días, el gobernador Axel Kicillof anunció que se invertirán $4.000 millones para el reacondicionamiento de establecimientos educativos antes del inicio del ciclo lectivo 2023. La inversión se realizará a través de los Consejos Escolares de los 135 municipios bonaerenses para que las obras se ejecuten durante el receso de verano. Estará compuesta por una partida ordinaria de $600 millones y otra extraordinaria de $3.400 millones para trabajos de reacondicionamiento de cubiertas de techos y canaletas; reparaciones eléctricas y de sanitarios; mantenimiento de instalaciones de gas; adquisición de calefactores; pintura, reemplazo de vidrios y arreglo de aberturas.

Aunque la medida va en el sentido correcto, no alcanza a mover significativamente el amperímetro. La poca inversión en este último rubro salta a la vista.

Apenas comenzó la gestión de Axel Kicillof, la por entonces flamante directora de Cultura y Educación, María Agustina Vila, quien dejó el cargo a fines de 2021 siendo reemplazada por Alberto Sileoni, brindó un detalle sobre la situación de los edificios escolares en la provincia.

Allí, la ex funcionaria, luego de avisar que iba a tener que “afrontar un deteriorado estado de infraestructura”, detalló que “el 49.8% de las escuelas tiene necesidades generales de mantenimiento, y el 35% tiene problemas en los techos, como filtraciones y roturas”.

Además, agregó que “el 19.3% sufre problemas sanitarios, al 21.4% le faltan aulas o edificios; el 12.3 tiene problemas eléctricos; el 6.6% muestra obras paradas; el 12.3 % tiene faltante de gas y el 52 por ciento mobiliario faltante”.

Entre tanto número, el más destacado es, sin duda, que la mitad de los aprox. 14.000 establecimientos que hay en el distrito presentaban serias deficiencias.

Pero casi 2 años y medio después, la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, emitió un informe que daba cuenta que, pese a la inversión declamada, la situación no había mejorado en nada.

El trabajo fue realizado sobre un total de 1.076 jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, donde se entrevistaron unos 4.000 directores y docentes.

Los datos fueron contundentes.

Según el relevamiento, el 51,7% presentaba falencias. El detalle arrojó que “el 17,7% de los edificios declaró tener problemas estructurales; un 10% adujo filtraciones de agua; un 7,4% dijo tener problemas graves en la instalación eléctrica; un 4,6% planteó que los locales sanitarios se encuentran deteriorados y un 3,4% dijo que cuenta con pisos del edificio en mal estado”.

Vale consignar que el informe fue hecho en conjunto con la cartera educativa bonaerense. Es decir, que son datos relevados por el propio gobierno provincial.

Desde la Dirección de Cultura y Educación se comprometieron a realizar un Censo de Infraestructura, con el objetivo de lograr “la construcción de un sistema integral de la infraestructura escolar que favorezca la coordinación de las responsabilidades que le caben a los actores con competencia en el mantenimiento preventivo, la refacción y la construcción de nuevos edificios escolares”.

Sin embargo, del trabajo nada se sabe.

En función de los datos difundidos por la propia administración bonaerense en diciembre de 2019, y del relevamiento hecho por la Defensoría del Pueblo de la provincia, los problemas edilicios en las escuelas del distrito crecieron casi 2 puntos en lo que va de la actual gestión. En este contexto, el silencio de los gremios educativos, en especial SUTEBA; hace mucho ruido.

En junio de 2018, en pleno gobierno de María Eugenia Vidal, el sindicato conducido por Roberto Baradel difundió un relevamiento en el que daba cuenta que “al menos 781 escuelas bonaerenses sufren algún problema edilicio”.

Pero nada dijo cuando en junio de este año. Nicolás Morzone, presidente del Consejo Escolar de La Plata, afirmaba en una entrevista al diario Perfil que los graves problemas de mantenimiento en las escuelas del distrito configuraban “una verdadera catástrofe educativa”.

La capital provincial es la segunda comunidad educativa más grande de la provincia de Buenos Aires, con 312 edificios públicos y 440 escuelas públicas en sus diversas modalidades. “Hay una notoria regresividad de materia de políticas públicas en la provincia de Buenos Aires desde hace más de 40 años a la que el segmento educativo no es ajeno”, señalaba Morzone.

De esos 40 años, el peronismo, en sus diferentes formas, gobernó 31. Quizá fue por ello que Baradel sólo abrió la boca en los 4 años que gobernó la oposición.

El trabajo difundido por Suteba en 2018 también subraya la situación de Mar del Plata, un objetivo a conquistar por el kirchnerismo. El texto resaltaba que el 50% de las escuelas del partido de General Pueyrredón presentaba filtraciones en techos y paredes, “un 25%, falencias de calefacción; y otro 25%, problemas con los sanitarios, falta de agua potable y limpieza de tanques”.

Según estimaciones de los propios gremios, se necesitaban en la ciudad 15 edificios nuevos con 26 aulas.  Sin embargo, a tres años de haber asumido las jefaturas de los gobiernos nacional y provincial, ninguna escuela se construyó en Mar del Plata de las más de 100 que se hicieron.

Cuando efectivamente, hacen falta edificios. La secundaria 25, muy buscada por los padres, no posee vacantes por falta de espacio. Tampoco la técnica 5, que además funciona en un galpón cuyo alquiler venció en 2019 y nunca fue renovado.

Más indignante resulta la situación de la escuela especial 515, en la cual 170 chicos sordos e hipoacúsicos asistieron durante años a clases en una casa de 127 mts2, con apenas 2 aulas y un patio de 10 mts2, y donde ante el insistente pedido de padres, auxiliares y docentes, el gobierno de Kicillof recién ahora empezó a moverse para solucionar el grave problema, como ya contó este medio en diversos artículos.

Parte de su alumnado debió concurrir a clase a aulas prestadas por otros establecimientos. Una de esas escuelas es la 504, destinada a chicos ciegos, que no tuvo calefacción en todo el invierno ytiene orden de desalojo para marzo de 2023 ya que la dueña del inmueble decidió no renovarle a la provincia el alquiler del mismo debido al constante atraso en los pagos.

En el marco del anuncio hecho por el gobernador para la inversión en infraestructura, General Pueyrredon recibirá $109 millones.

En enero de 2020, la entonces flamante administración lanzó el programa “Escuelas a la obra”, que se proponía “remediar la situación edilicia de las escuelas que están en peligro de no iniciar el ciclo lectivo”. Desde la subsecretaría provincial de infraestructura escolar establecieron cuatro prioridades: “reparación de techos y sanitarios, acceso al agua potable, instalación eléctrica y la red de gas”. La inversión inicial fue fijada en $800 millones.

Pero no todo recae en la provincia de Buenos Aires.

En el presupuesto 2023 que presentó el gobierno nacional a través de su ministro de Economía Sergio Massa, las partidas para el ministerio de Educación, de acuerdo con las proyecciones oficiales, serán de $ 1.457.250 millones. De este modo, los fondos para el ministerio que dirige Jaime Perczyk representan el 5% del total de gastos previstos para el año próximo (casi $ 29 billones).

Sin embargo, si se toma la inflación proyectada de acuerdo con los datos oficiales, que da un incremento promedio anual del IPC para 2023 es del 75%, la caída respecto a 2002 será de un 9%, pasando del 5,5% del año en curso a los 5 puntos previstos para el próximo ejercicio.

Esto se suma al recorte de $50 mil millones que el gobierno dispuso en el pasado agosto a los fondos destinados al programa Conectar Igualdad y a la realización, justamente, de obras de infraestructura en edificios escolares.

Ajuste del que, misteriosamente, poco se habla.