El título corresponde a un notable libro publicado hace casi medio siglo por Héctor Nicolás Zinny, un notable periodista e historiador rosarino ya fallecido. Se trata de una investigación sobre la trata de mujeres en la llamada “Chicago argentina” en las primeras décadas del siglo XX. Pasaron cien años de los sucesos descriptos y el título cobra inusitada vigencia: una de las ciudades más pujantes y bellas del país vuelve a encontrarse asolada por las mafias, pero esta vez con características más violentas y con el aval de sectores policiales y de la política. Al punto de que en los últimos años contabiliza un asesinato por día. Entre los fallecidos se cuentan muchos inocentes que fueron alcanzados por las balas en paradas de colectivos, calles y plazas. Los ataques y las advertencias en forma de tiroteos, llegaron a tribunales, medios de comunicación, a la casa de un gobernador y, la semana pasada, el negocio de la familia de la esposa de Lionel Messi. ¿Por qué el Estado no actúa de manera eficiente para combatir el delito organizado? ¿Por qué la dirigencia argentina no tiene este tema entre sus prioridades? ¿Por qué Rosario?

El mensaje que dejaron los atacantes después de disparar catorce veces contra el negocio de los Rocuzzo, decía: “Messi te estamos esperando. Javkin (por Pablo, el intendente de Rosario) es narco no te va a cuidar”.  La noticia, con la amenaza al crack del PSG, se instaló en todos los medios de comunicación del mundo y derivó en una crisis política. Javkin explotó de impotencia ante las cámaras de televisión, expresando sus sospechas sobre connivencia policial e intencionalidad política (aspira a la gobernación), “nunca hay detenciones ni persecuciones, se llegó a disparar sobre tribunales caminando”, dijo. El Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, eligió una frase insólita: “ganaron los narcos”. El presidente Alberto Fernández , aunque parecía imposible, empeoró la idea de su ministro: “hay que ayudar a Rosario, los rosarinos son argentinos…” . Un verdadero canto a la imposibilidad. Los comentarios generaron bronca y vergüenza. Desde la oposición, que tuvo sus cuatro años de política ineficaz en la materia, sólo hubo comentarios de aprovechamiento político en formato de promesas de “mano dura”. Unos días antes del incidente la titular del PRO y precandidata a Presidenta, Patricia Bulrich, prometió en Rosario la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narco. A pesar de la desmesura y la ilegalidad de alguna de sus propuestas, hay que reconocer que es difícil que esas ideas no seduzcan a muchos ciudadanos hartos de vivir con miedo. En las últimas horas, Daniel Scioli –que también aspira a la Presidencia– elogió a Bukele, el Presidente de El Salvador que combate a las pandillas de su país salteándose los derechos humanos y normas mínimas de legalidad. Dicen que tiene un 90 por ciento de aceptación.

Hace años que señalo públicamente que el narcotráfico es el principal desafío que deben enfrentar los estados democráticos. No soy el único, lo hacen numerosos especialistas con mejores argumentos. Sin embargo, el tema no está en la agenda de la dirigencia nacional, mucho menos en la de los sectores progresistas. Basta ver los procesos que viven hace décadas países hermanos como México, Colombia y Brasil, para entender que este enemigo común, cuenta con recursos ilimitados, apoyo financiero y legal, y que crece de manera exponencial si no se lo enfrenta con la necesaria decisión política. En los países mencionados, hay villas (unas 300 sólo en Río de Janeiro), zonas rurales, áreas selváticas, incluso municipios, controlados por el narco. En esos territorios las bandas operan como un estado paralelo gracias a la compra de policías, jueces y funcionarios. A quienes no pueden corromper los amenazan o los eliminan.

La palabra Messi operó “el milagro” de expandir lo evidente y, esta vez, nadie pudo desentenderse con facilidad. En Rosario faltan recursos de todo tipo. No alcanza con más policía, hace falta una mejor policía porque la que está no combate al delito y, muchas veces, participa de los negocios ilegales. En palabras del Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe: “la policía santafesina no existe”. Hace falta inteligencia criminal para golpear a los que lavan el dinero con operaciones financieras, comerciales o inmobiliarias. Hacen falta más jueces y fiscales (insólitamente el Congreso tiene demorada cantidad de designaciones). Hacen falta recursos económicos para intervenir en los barrios populares, donde los pibes a los 12 o 13 años tienen como opción más atractiva servir a las bandas que comercializan droga. Y hay que intervenir el Servicio Penitenciario, tanto el nacional como el provincial, porque hasta ahora sirvieron como oficinas para los narcos detenidos. Se estima que el 80 por ciento de las balaceras se ordenan desde allí.

Dicho esto, es un error pensar que se trata de un problema circunscripto a una sola ciudad. En el conurbano y en algunas villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la situación es igualmente grave, sólo que la policía en lugar de participar de las operaciones delictivas, muchas veces, las ordena. Hace meses que Nacho Levy, dirigente de La Garganta Poderosa y los referentes sociales de Laferrere, Fuerte Apache y la villa La CAVA, denuncian que no se puede salir a la calle por la noche, por las peleas por el territorio por el narcomenudeo. Y algo más grave, señalan un cambio cultural alarmante: antes estaba muy mal visto ser “transa”, ahora es una opción de supervivencia aceptada. “Podemos retener a los chicos en las actividades deportivas o educativas hasta los 13, después si no la pegan con el fútbol o con la música, los perdemos”, cuentan los referentes barriales.

El problema no es Rosario, es todo el país. Esa ciudad es un escenario especial por su ubicación geográfica y por algunas características particulares. Tiene catorce puertos privados en la zona norte con escaso control estatal en la zona del complejo sojero. Desde hace una década se empezó a pagar “las coimas” con droga y no con dinero, lo que obliga a que “todos tengan que vender” y el mercado se atomizó. No se trata de grandes cantidades, vender en Argentina con este tipo de cambio no es un buen negocio. Tampoco de organizaciones complejas, pero cuentan con conexiones con quienes deben reprimirlos y eso, durante años, les garantizó impunidad.

El entramado de connivencia entre un dealer que opera en el barrio y un contador que lava el dinero en una cueva del centro es enorme. Estamos ante un fracaso transversal. Por acción u omisión, socialistas, peronistas, radicales, del Pro, todos tienen niveles de responsabilidad. Fiscales exigieron quitarle los fueros a un senador sospechado por sus vinculaciones con el narco para poder indagarlo y los legisladores santafesinos se opusieron. Las señales de impunidad abundan y avergüenzan.

Para los políticos y funcionarios judiciales y policiales no hay muchas opciones para analizar o enfrentan al delito o son cómplices. No alcanza con meter preso a un dealer o a un jefe narco, siempre habrá otro que lo reemplace. Mataron a Pablo Escobar y el negocio en Colombia siguió sin alterarse, metieron preso al Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa sigue siendo una de las organizaciones más poderosas del continente.  Hay que seguir con las detenciones, eliminando bunkers y desbaratando bandas, pero si no se rompe el negocio nada cambiará. Obvio que ayudaría la despenalización del consumo, después de medio siglo de fracaso de la llamada “Guerra contra la droga”, el catecismo que le impuso Estados Unidos al mundo. Ya hay presidentes, como Gustavo Petro, que lo plantean abiertamente en los foros internacionales (les recomiendo la última intervención del presidente de Colombia en Naciones Unidas).

Los narcos no ganaron todavía, pero nos están goleando. Y si el Estado democrático no presenta batalla, no pone a los jugadores en el campo, el resultado será inevitable. Para poder ganar hay que estar dispuesto a jugar el partido por más difícil que parezca.