Mientras la dirigencia política discute candidaturas y espacios de poder, se siguen acumulando problemas que no se atienden debidamente y mucho menos se resuelven. Uno de ellos está referido a las políticas públicas dirigidas a la niñez.

De acuerdo a diversos informes elaborados por UNICEF, la inversión que hace el Estado en este sector de la población viene cayendo lenta pero sostenidamente. Mientras que las erogaciones previstas en niños, niñas y adolescentes en el Presupuesto 2022 representaban el 2,05% en relación al PBI, para este año las mismas cayeron al 1,84%, “lo que equivale a una caída del orden del 10% en términos de nivel de actividad”.

En 2001, uno de los peores años de la historia económica y social de la Argentina, la incidencia fue del 5,8% del PBI, alcanzando picos del orden del 8%.

Pero además, también cae fuerte el impacto de estas políticas en el gasto público.

Durante 2002, en plena crisis económica, la inversión destinada a los chicos llegó a representar el 31,9% del GPS (Gasto Público Social), alcanzando su pico máximo en 2005, con el 34,1%.

Para 2020, la incidencia había bajado a 26,7%.

Y sobre el gasto público total, que subió del 23,2% en relación al PBI registrado en 2003 al 40,9% en 2016, las partidas para niñez apenas representaban el 17,7% en 2020 contra los casi 21 puntos que alcanzaron en 2002.

El informe forma parte de una serie de análisis que realiza trimestralmente la propia Oficina Nacional de Presupuesto de la secretaría de Hacienda de la Nación, con el apoyo de la Asociación Internacional de Presupuesto (ASIP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Según el propio documento, “la labor implica una mirada transversal” de los gastos del Estado, “tratándose de acciones que repercuten en las niñas, niños y adolescentes”. A su vez, aclara que “son políticas públicas vinculadas a distintas funciones como Salud, Seguridad Social, Educación o Legislativa, entre otras, que tienen un impacto significativo en este grupo etario de la población”.

La Argentina y UNICEF vienen realizando este trabajo desde el año 2002, con el objetivo de “cuantificar y analizar la inversión social dirigida a la niñez que hacen el Gobierno Nacional, las Provincias y el Sector Público Consolidado”.

Hace unos meses, con motivo de la aprobación del Presupuesto 2023, el organismo de Naciones Unidas lanzó duras advertencias sobre las partidas previstas para el sector.

El documento, titulado “El presupuesto transversal dirigido a la niñez y la adolescencia para 2023”, consigna que algunos programas “tendrían riesgos importantes de desfinanciamiento, como la política alimentaria, las acciones vinculadas a la protección de ingresos y las respuestas orientadas a la expansión de la oferta de servicios de educación y cuidado de la primera infancia”.

De acuerdo a UNICEF, las partidas previstas para el año en curso dirigidas a los chicos totalizan $2.710.482 millones, mientras que en 2022 fueron de $1.676.326 millones.

En verdad, según el sitio oficial “Presupuesto abierto”, el total ejecutado fue de $1.767.173,6 millones. Tomando esta última cifra, se trata de un aumento de poco más del 50%, cuando la inflación interanual ya está en el orden del 115%.

Los gastos analizados cruzan, como ya se dijo, diferentes áreas de la administración pública, como Desarrollo Social, ANSES, Salud y Educación, tomando en cuenta todo aquello que tenga que ver con los menores de 16 años.

La inversión que hace el Gobierno en los niños contrasta fuertemente con las partidas para el controvertido ministerio de la Mujer para este año: $54.683.359 millones, es decir, 30 veces más. La pregunta surge inevitable: ¿por qué no hay un ministerio para los chicos habiendo uno para la mujer?

En su informe, UNICEF advierte que en el Presupuesto 2023 hay “caídas en términos reales para todas las líneas de las asignaciones familiares”, detallando que, para el caso de las Asignaciones Universales por Hijo y por Embarazo, “la reducción es entre un 3% y un 10%”, según el nivel de inflación que se tome.

Pero como el costo de vida está muy por encima inclusive de las previsiones más pesimistas, la caída sería aún mayor. El ajuste que se niega y no se anuncia.

Pero hay más. El organismo señala que la “Prestación Alimentar (ex Tarjeta AlimentAr) también presenta signos de alerta”, ya que “los $342 mil millones presupuestados significan una caída muy significativa en relación a 2022, cualquiera fuera el escenario”. La misma oscila entre un 17% y un 30%.

“Otro signo de alerta”, continúa UNICEF, son las erogaciones de “la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF)”. El área depende del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Victoria Tolosa Paz, y es conducido por Gabriel Lerner, un abogado especializado en la protección de Derechos de los niños.

En el documento se destacan dos programas de la secretaría, el 44, llamado “Acciones para la Promoción y Protección integral de los DDNN”, y el 45, “Políticas Federales para la Promoción de los DDNN”.

Estos programas, sumados a otros (46, 47 y 49) totalizan partidas para este año por $1.803.601 millones. En total, la SENNAF tiene un presupuesto asignado de casi $14 mil millones, apenas un 0,01% del PBI.

“Ambos programas”, subraya el organismo, “presentan caídas reales superiores al 20%, llegando en algunos casos al 40%”, concluyendo que estos ajustes “se dan en un contexto de elevados niveles de pobreza infantil”.

Según el propio INDEC, “el 51,5% de las niñas y niños son pobres por ingresos: viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios”. Además, “si se suman las privaciones no monetarias previamente mencionadas, el valor asciende al 66% de las chicas y chicos del país”.

Más datos. Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la Argentina tenía en 2010 un nivel de inseguridad alimentaria del 6%, llevando ese guarismo en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, al 8,3%. Pero las advertencias de UNICEF van más allá.

En uno de sus últimos párrafos, el trabajo remarca que con el Presupuesto 2023, “existen amplias posibilidades de incumplir lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ley 26.061”.

El mismo establece “la intangibilidad de los fondos destinados a la infancia, adolescencia y familia asignados, y prohíbe las reducciones presupuestarias en relación con la previsión o ejecución de los ejercicios anteriores”.

Este sería el caso.

La norma mencionada fue sancionada en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada por Naciones Unidas en 1989. Argentina aprobó dicha Convención un año después a través de la ley 23.849 y desde 1994 forma parte de la Constitución Nacional.

Desde el Gobierno Nacional se defienden afirmando que la inversión para la niñez mostró un crecimiento en 2021 respecto a 2019, último año de la gestión de Mauricio Macri, del 109% en valores corrientes y del 22,7%, a valores constantes. Casi los mismos porcentuales que para 2022 en relación al año anterior.

Pero el problema es que la inflación que tuvieron en cuenta fue la estimada en la ley de Presupuesto: 29% para 2021, cuando la real fue del 50,9%. En el caso del año pasado, si bien el proyecto de ley no fue aprobado por el Congreso, se calculaba un 60%.

Lo cierto es que los números caen, o en el mejor de los casos se mantienen, en todas las áreas vinculadas a políticas públicas para la niñez en relación a 2022.

Siempre con respecto a la incidencia sobre el PBI, en el caso de las asignaciones que paga la ANSES, bajó del 1,24% al 1,15%; Desarrollo Social, del 0,39% a 0,29%; la Secretaría de la Niñez se mantiene en un ínfimo 0,01%; Educación, baja del 0,29% al 0,28%.

Por último, Salud se mantiene en un 0,09%, pero cae fuerte respecto a 2021, cuando representaba el 0,14% del PBI.