Yo entiendo que el episodio de la vicepresidente presidiendo la sesión donde se expulsó al senador Kueider y el famoso traspaso del mando ya va quedando antiguo en la vorágine de noticias argentinas. Pero me permito traerlo una vez más al ruedo porque me parece que explica, en una cuestión  pequeña, dónde se encuentra el origen de los problemas argentinos o dónde hay que ir a encontrar los caminos para solucionarlos.

Por supuesto no me extraña que, en la interpretación de los hechos que voy a dar aquí esté solo como Adán en el día del amigo porque no es raro encontrarme a mi nadando en contra de la corriente, pero, por supuesto, eso no me inhibe de dar mi punto de vista.

Producido el brulote conocido por todos, prácticamente la totalidad de los “especialistas”, salió a decir que el traspaso del mando debió hacerse por un acto formal que constara en un acta notarial intervenida por el escribano mayor del gobierno.

Contra eso sostengo que el traspaso del ejercicio del Poder Ejecutivo del presidente al vicepresidente cuando el primero no está, es automático y se produce de pleno derecho por lo que dispone el artículo 88 de la Constitución que, obviamente, no habla de “actas”, “escribanos” y, claro está, mucho menos de “ceremonias”.

Dice el artículo 88: “ En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo”.

El racional detrás de la redacción del artículo 88 es que el Poder Ejecutivo es un poder que no puede estar acéfalo nunca de modo que, ante la ausencia del presidente, el poder pasa inmediatamente al VP. La ausencia del presidente, a su vez, es un hecho que depende de la realidad, no de un acta. Haya o no haya acta el encargado del PE desde que el presidente se ausenta es el VP. Es así de sencillo y así de simple.

¿En que se basan, entonces, los “especialistas” que prácticamente por unanimidad salieron a blandir la necesidad del “acta”?

Pues en algo bien simple de explicar y muy complicado de cambiar: en una mentalidad. Como típica heredera de la cultura europea continental, la Argentina no puede concebir que las cosas no estén escritas y, si es posible, refrendadas por alguna especie de sello. 

Les recuerdo que, en el caso particular del “traspaso del mando”, la Argentina llegó incluso a organizar una ceremonia (¡¡que hasta era cubierta por los periodistas!!) en el sector militar del aeropuerto en donde el presidente y vicepresidente firmaban el acta en presencia del escribano mayor de gobierno. Faltaba que se entonaran las estrofas del himno.

Conocedora del fuerte sesgo a la “piratería” que tienen nuestras culturas, la sociedad sale a sancionar “reglamentos” que detallada y casuísticamente preven (o creen prever) cada detalle, para que nada quede librado a la viveza de algún pirata. Cuando algún área aparece desprovista del “reglamento”, el argentino aparece desorientado, no sabe qué hacer, mira para todos lados y dice “¿y ahora qué?”.

Es esa mentalidad la responsable intelectual de todo el orden jurídico argentino que es, justamente, la consecuencia de la cultura europea continental.

En la Argentina el tema es particularmente grave porque el país tiene una Constitución que responde a otra escuela jurídica completamente diferente que hace descansar la solución de las cotidianeidades no en reglamentos que lo preven todo, sino en el sentido común. No en vano esa Constitución pertenece a la escuela jurídica del “Common Law”, que no es otra cosa que la consagración del sentido común como primer rector de las relaciones civilizadas. Noten que, justamente, “common law” y “sentido común” tienen en común, justamente, la palabra “común”.

El súmmum de esa escuela lo tiene, por supuesto, el derecho inglés, que ni siquiera cuenta con una Constitución escrita en el sentido formal que la idea tiene prácticamente en casi todos los demás países.

Ese choque jurídico/consuetudinario de tener una Constitución que responde a una escuela (que entiende que no hay que escribir todo para que las soluciones aparezcan) y el orden jurídico inferior que responde a otra escuela (que sí necesita que todo esté escrito de antemano para que la existencia exista) produce un malfunction que hace que todo el sistema produzca chirridos por todas partes.

Este choque jurídico-cultural ha tenido y tiene ejemplos que se han hecho famosos por su innata ridiculez. Así, por ejemplo, en Brasil, hasta no hace mucho existía un trámite que le imponía a las personas la necesidad de demostrar que estaban vivas. Es decir, su propia vida era “falsa” hasta que un “acta” no demostrara que era verdadera.

Algo parecido sucedía hasta no hace mucho en la Argentina con los jubilados a quienes se les imponía la desagradable indignidad de demostrar su “supervivencia” cada tres meses. De vuelta el jubilado vivo que se hubiera olvidado de hacer el tramite de supervivencia, para el Estado estaba muerto porque para nuestra mentalidad el “acta” tiene mayor validez que la realidad.

Lo mismo ocurre con esta pavada que sucedió entre Villarruel y Milei que me parece que esta mas sostenida por una rivalidad previa que por la solución del conflicto en sí.

Cuando salí a explicar públicamente mi postura frente al tema, me llovieron los números de leyes que me tiraron por la cabeza para justificar la existencia de normas que obligaban a la intervención del escribano, a la confección del acta y a la “notificación fehaciente” al VP.

Frente a eso digo dos cosas. 

Una: ¿ustedes me están diciendo en serio que la continuidad sin acefalía del Poder Ejecutivo depende de una “notificación”, como si se tratara de un locador que necesita de un medio indubitable para emplazar a su inquilino? ¿Me están hablando en serio? 

Dos: la Argentina no está como está porque un rayo misterioso (que en lugar de hacer nido en su pelo) la destruyó sin miramientos: la Argentina es la consecuencia de su sistema legal; es su orden jurídico (el que ella se dio a sí misma) el que formateó la realidad que hoy padece. La explicación de la decadencia argentina debe encontrarse, justamente, en sus leyes. Así que no me tiren con leyes para demostrar nada porque probablemente eso es lo que más demuestra mi punto. Es la ley la que dirigió el país hacia la decadencia.

Es más, si me pusiera en “revolucionario” saldría a gritar “Cumplamos la Constitución; desobedezcamos las leyes”. ¡Alto, alto, desesperados! ¡Es solo una metáfora! Con alguna chicana, es cierto, pero metáfora al fin. No se asusten…

Por supuesto que, al lado de los estropicios que este tipo de orden jurídico -intervencionista reglamentarista, casuístico, creído de que puede prever todo y de que todo debe quedar explicitado por escrito para existir- le ha provocado al país el tema del traspaso del mando entre el presidente ausente y el vicepresidente (en este caso, la vicepresidente) es un detalle menor.

Pero como todo detalle menor, el episodio oculta, en los pliegues de su pequeñez, la luz que nos hace ver la oscuridad que nos provocó un fracaso que debería avergonzarnos. 

A todos los que me recitan las innumerables normas que imponían la solemnidad del traspaso, les recuerdo aquella anécdota cómica que cuenta que cuando cuando en una comida alguien se la pasa hablando de moralidad, cuando todos se van, hay que contar los cubiertos…

Si la Argentina fuera menos “solemne” y más decente, si se guiara antes que por lo que dicen los reglamentos por lo que debe ser el orden natural y corriente de las cosas, no solo esta estupidez del traspaso del mando se haría con la simpleza que lo explica la Constitución, sino que el país se habría ahorrado los dislates que le ha causado un positivismo jurídico del que hasta el propio Hans Kelsen se espantaría si volviera a nacer.