En otra de las derivaciones del Trump-mode, la intendencia de Aguas Blancas en Salta quiere construir una valla de 200 metros de alambre para evitar el ingreso ilegal de bolivianos y forzarlos a dirigirse a los pasos legales.

Hay varias cuestiones que surgen de este tema aparentemente pequeño. En primer lugar, no podemos llamarlo simplemente “pequeño” porque los hechos ocurren en Aguas Blancas o porque la longitud del alambre tenga solo 200 metros: la inmigración ilegal o el flujo constante de extranjeros en toda la frontera norte (Bolivia-Paraguay-Brasil) es un tema inquietante para la Argentina.

Muchos de los disparos, las muertes y las balas que luego terminan ocurriendo en La Matanza empiezan a gatillarse en esos lugares aparentemente lejanos, pero cuyo descuido produce desastres en zonas que muchos calificarían sí como más “cercanas”.

Cuando los especialistas explican cómo están conectados estos dos extremos, los cabezas de termo responden –como siempre- con burradas o sinsentidos.

El gobierno de Mauricio Macri que declaró la frontera norte como un lugar “en emergencia”, había comprado 200 drones para monitorear el área. La burocracia llevó esos drones a los galpones de la Aduana. En el interín Macri terminó su gobierno y asumió Alberto Fernández.

Una de las primeras medidas de ese gobierno inmundo fue eliminar la emergencia en la frontera norte. Cada uno sacará sus propias conclusiones respecto de por qué se tomó esa medida.

Una consecuencia de eso fue abandonar los drones donde estaban y jamás usarlos: hoy se han vuelto inútiles porque el paso del tiempo los arruinó. Tiempo, dinero y quizás vidas, tiradas a la basura de la ideología o -quizás- de los negocios.

Ahora, de los drones bajamos al alambre.

No importa, pero algo hay que hacer allí. No puede ser que los límites geográficos de  la Argentina continúen siendo una invitación al delito.

Bolivia es, junto a Colombia, uno de los mayores productores mundiales de cocaína. Y ese veneno se filtra todos los días hacia la Argentina por pasos fronterizos ilegales y fuera de todo control. Hacia el extremo oriental aparece el foco de peligro mundial denominado la “triple frontera”, que une los límites de Paraguay, Argentina y Brasil. El sitio es considerado un antro del terrorismo y una cabecera de playa de Hamas y del extremismo islámico en América Latina.

La Argentina, el único de los tres países que ha sufrido dos de los atentados terroristas más importantes del mundo, viene manejando esa cuestión con extremado desdén.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Macri y de Milei siempre tuvo claro lo que debe hacerse en toda la extensión de la frontera norte y, en particular, en la zona de la triple frontera. Sin embargo una mezcla de escasez económica y un peligroso enfoque ideológico de la cuestión ha hecho que, a los fines prácticos, todos esos pasos estén a merced de los delincuentes.

Si hay un lugar en donde el “approach” Trump debería aplicarse con todo rigor y urgencia es esta región que va desde Los Andes a las Cataratas del Iguazú. No debería haber dudas a la hora de tomar decisiones que permitan el despliegue de fuerzas militares en el área, porque la función principal de esos cuerpos es cuidar la integridad física del territorio y toda esta actividad ilegal la está minando todos los santos días. Es más, si me apuran un poco diria que no deberían estar haciendo otra cosa, porque si no, ¿para qué están?

El tiempo y la corrupción política han permitido que se teja una trama de complicidad entre autoridades de todo tipo (policiales, inmigratorias y políticas) y los cabecillas de la delincuencia. Ese “matrimonio” ha dado suculentos dividendos a todos los socios con lo cual es, obviamente, mucho más difícil avanzar en la solución del problema porque muchos de los que tienen que solucionarlo son quienes lo provocan para beneficiarse personalmente.

El gobierno federal debe tomar esto como una de las mayores prioridades de la gestión. Primero, porque si continúa el desdén frente a la cuestión, la sociedad argentina se seguirá pudriendo y envenenando con indeseables y con el producto fatal de sus acciones.

Segundo, porque la seguridad fronteriza es uno de los primeros deberes -a mi criterio, indelegable- del gobierno central a cuya responsabilidad los estados federados, delegaron el poder de policía para que los cuide.

Tercero, porque el presidente tomó un compromiso frente a la corrupción y esta es incompatible con una sociedad moderna, abierta y libre. De modo que, descubrir a todos los que están entongados con los delincuentes, debería ser una prioridad nacional.

Si de aquí se han ido echados (por las razones que fuesen) funcionarios como Mondino, Barra, Ferraro o Giordano, los que sean aliados de delincuentes deben ser despedidos y sometidos a proceso ya mismo, y los que sean autoridades provinciales -sobre las que el gobierno federal no puede avanzar por elementales cuestiones constitucionales- entonces se deben poner sobre la mesa las evidencias que los expongan para que los ciudadanos de esas provincias sepan lo que tienen que hacer con ellos.

Lo único que no se puede hacer es nada.

En ese sentido, sería muy saludable que el gobierno reviera su postura de quitar a la OA y a la UIF sus facultades para ser querellante en juicio: la capacidad de las agencias del gobierno para perseguir corruptos y delincuentes y para impulsar esos procesos no debería ser materia de una capitis diminutio que se transforme en una ventaja para los que delinquen.

Solo con una postura firme e inflexible que replique en esta área las fortalezas que el gobierno ha demostrado tener para combatir el deficit fiscal, nos permitirá acabar de  una vez con otro deficit tan maldito como ese: el déficit de vivir más seguros.