El pueblo ha escuchado hablar a sus gobernantes, a los dirigentes del campo y ansía que, de una manera u otra, el conflicto —que, más allá de este ámbito, mantiene en vilo a toda la sociedad por sus implicancias propias— finalice de una vez.
    Pero esta crisis recientemente "estallada", era un explosivo de retardo, o si se quiere un concepto más suave, una bomba vieja que tarde o temprano iba a hacer sentir su onda expansiva.
    El abandono del mal llamado “Estado de Bienestar” en forma abrupta durante el gobierno de Carlos Menem, impuso a nuestro país la búsqueda de alternativas que orientadas al ámbito privado posibilitaron que muchas multinacionales se hicieron como gangas en remate, de las industrias del Estado.
    Y no solamente eso. Privó hasta ahora la idea de “tercerizar” todo lo que el Estado (Nacional, Provincial y Municipal) podría hacer; porque quedó la falsa sensación de que el mismo es un mal administrador.
    Así, durante todos estos últimos años, fuimos sufriendo el monopolio de las grandes privatizaciones, el afianzamiento de las multinacionales con sus medios afines y muchos argentinos toman conciencia de la locura cometida y convertida en realidad en los 90.
    Por eso hoy se convive con el capricho de las empresas o grupos económicos que tienen jugosos contratos con el Estado y realizando las viejas tareas que antes hacía este.
    Pero no pudimos a tiempo descubrir o no se supo ver, que, como un huevo de serpiente quedaba allí bajo tierra, paradójicamente en el campo, una de sus más importantes secuelas.
    El conflicto agrícola es un resabio o mejor dicho una clara consecuencia de la desaparición de las viejas políticas estatales y la instrumentación de medidas que luego se aplicaron, buscaron a los ponchazos, paliar ese vacío paternalista del Estado convirtiéndose simplemente en odiosos medios recaudatorios
    Juan D. Perón dijo oportunamente —y con toda lucidez— ante la aparición del capitalismo monopolista que “la economía nunca ha sido libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de este”.
    A finales de la segunda Guerra Mundial, cuando este conflicto mostraba a la humanidad sus trágicas consecuencias y el mundo despertaba del mismo con el desamparo como compañía y el hambre como su sombra, el Estado Argentino, implementaba el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) que tenía como función primordial, eliminar a los sectores intermediarios vinculados a la oligarquía terrateniente y a los monopolios extranjeros asegurando la llave de nuestra riqueza.
    Este organismo tuvo una especial e importante influencia ya que posibilitó no sólo la concreción de grandes negocios para el Estado que a través de otras medidas, tomaba el control del Banco Central, creaba la Marina Mercante y nacionalizaba los FF.CC. etc.
    Todo ello claramente al servicio de una política que posibilitaría promover cosechas, posibilitar brillantes ventas e incentivar otras producciones , además de poder utilizar ese flujo económico en otras áreas.
    En ese entonces, las grandes corporaciones del campo estaban nucleadas en torno a Bunge & Born, Dreyfus y De Rider.
    A partir de mediados de los 70`cuando se fueron instalando al servicio de los grandes centros mundiales políticas de claro tinte neoliberal, se fue cimentando la idea de que debía desaparecer el papel rector del Estado y “liberar” las fuerzas productivas de los países. ¿Liberar de quien? pregunto.
    De esa manera con Menem se hicieron carne estos principios y se producen las diversas privatizaciones de las cuales San Nicolás fue una de las principales ciudades afectadas (recordemos SOMISA).
    Desapareció entonces la Junta Nacional de Granos, que en 1989 antes de su ansiada ausencia manejaba el 52% de las exportaciones de soja; se van apropiando las grandes corporaciones del ramo (Molinos Río de la Plata, Aceitera General Deheza, Cargill, Bunge & Born, Vicentin y Dreyfus) de todo el negocio cerealero llegando en la actualidad a manejar el 92% de las exportaciones de aceite de soja.
    Ellos son los que fijan precios con sus compras y con las mismas incentivan o no los cultivos alternativos.
    Por su acción directa, indirecta u omisión, el campo se va moviendo. Ahora bien, ante la ausencia del Estado en el rubro, la situación forzó a los gobiernos de turno a crear mecanismos de recaudación, supletorios, surgiendo en consecuencia estas famosas retenciones no coparticipables que tanta polémica han desatado.
    De allí su lógica de existencia y hoy en día se está discutiendo en la Cámara de Diputados, algunos proyectos que pretenden directamente recrear la JNG o regenerar varias de sus funciones a través de un nuevo ente estatal.
    La marcha del mundo está demostrando una coyuntura en la que la Argentina debe tomar conciencia de su potencial.
    Produce alimentos anualmente para 300 millones de personas. El hambre golpea en muchos países y en otros han decidido disminuir sus exportaciones para mantener el alimento en sus mesas.
    La crisis energética les posibilita a otros países observar la importancia del negocio como el petróleo y el gas, que en manos de sus Estados posibilitarían mejorar la vida de sus pueblos e incentivar otras industrias. (Política encarada por Chávez y Evo Morales, seguido también por Lula y su apoyo estatal a Petrobrás).
    Aquí tenemos nuestro potencial privatizado; desde los ferrocarriles por dónde se trasladan las cosechas, hasta puertos por dónde se embarcan los granos y encima pagamos 3.500 millones por año en fletes ya que no poseemos buques y dejando prácticamente todo el comercio exterior en manos de las multinacionales e intermediarios.
    La Argentina no puede dejar pasar este momento histórico. Se acentúa la necesidad de contar con entidades estatales regulatorias como lo era el IAPI o
    Luego la JNG con la dirección de técnicos nombrados por el gobierno, representantes de los sindicatos obreros, organizaciones campesinas y de las cooperativas agrícolas, que superen los efectos meramente recaudatorios que brindan las retenciones a las exportaciones.
    El Estado no debe estar ausente de esta coyuntura y su riqueza no debe ser arrebatada ni explotada trágicamente por quienes aprovechando las secuelas de los 90’, pretendan adueñarse del futuro de la Argentina.
    Aprendamos del pasado que nos devuelve una oportunidad histórica.

Ricardo Primo