Fue presentado durante el transcurso de la semana, por la diputada Nora César del Frente para la Victoria, el proyecto en virtud del cual crea el Registro Nacional de Condenados por delitos contra la Integridad Sexual.
    Este proyecto también fue firmado por el diputado Luis Cigogna de la Comisión de Justicia y por la diputada Diana Conti, integrante de ambas comisiones. Es un trabajo que llevó varios meses de trabajo y el texto fue remitido para su consulta a diversos juristas y constitucionalistas.
    Es precisamente a esta diputada a quien, durante la marcha al Congreso efectuada por la Asociación Civil Madres del Dolor y familiares de victimas de delitos sexuales, solicitaron la necesidad que fuera tratado por ambas cámaras un proyecto de este tenor y sancionado a la brevedad. Y fue la presidente de dicha asociación, Viviam Perrone, quien expresó a diversos medios que "la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Nora Cesar, no nos quiere recibir, ni quiere que este proyecto se trate en comisión".
    Por su parte, la diputada César negó que ella o algunos de sus colaboradores hayan dicho a las integrantes de la asociación Madres del Dolor que el proyecto de ley del registro de antecedentes de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual no sería tratado en la Cámara y que sería tratado y abordado con seriedad "una vez superado lo del campo".
    Se pudo establecer que, a los fines de perseguir los delitos aberrantes contra la integridad sexual, y teniendo en cuenta que los siete proyectos que se presentaron sobre esta temática en los últimos años no han logrado el consenso necesario para emitir dictamen y propiciar el tratamiento en el recinto, la legisladora decidió generar un proyecto exhaustivo a los fines de hacer un aporte en este sentido.
    Y que todos los preceptos normativos del proyecto de ley deberán ser interpretados en concordancia con los principios establecidos en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, garantizando los derechos existenciales del condenado y remarcando que en ningún caso se intenta fomentar la estigmatización, discriminación o exclusión social de la persona condenada, sino con facilitar la identificación de los autores de este tipo de delitos para lograr investigaciones más rápidas y eficaces, además de contribuir con la prevención y la seguridad de los ciudadanos.
    Finalmente, se remarcó que se contó con el aporte de legislaciones vigentes en la materia como Estados Unidos, España y Suecia, entre otros países.

Graciela Catalán Álvarez
Fuente: información parlamentaria