Para Sergio Chodos y Sebastián Palla, el 27 de octubre pasado no fue un día más. Viejos amigos, ambos participaron del equipo que secundó al ministro Roberto Lavagna y al secretario Guillermo Nielsen, hoy embajador en Alemania, en las negociaciones que desembocaron en la reestructuración de la deuda después del default, uno como jefe del Gabinete de Asesores de Financiamiento y el otro como subsecretario de Finanzas.

    Las vueltas de la vida los ubicó años después en dos bandos distintos. Ahora Chodos es el superintendente de AFJP y controla a Palla, el presidente de la Unión que las agrupa. Dos cargos que, si prospera el proyecto oficial de estatización previsional, dejarán de tener sentido en apenas dos meses.

    Menos sentido que la "orden" que, según los propios funcionarios dejaron trascender, le habría dado aquel lunes de octubre Chodos a Palla, para que las administradoras dejasen de vender los bonos que ellos mismos habían ayudado a diseñar.

    Pero las vueltas de la vida no rodean únicamente a estos dos técnicos de las finanzas. Puede dar fe de ello Néstor Kirchner, quien como gobernador de Santa Cruz firmó junto a sus pares de todas las provincias y el Gobierno nacional el "Acuerdo entre la Nación y las provincias para el sostenimiento del sistema previsional" el 12 de agosto de 1992.
    El llamado "Pacto Fiscal I" disponía que el 15 por ciento de los recursos de la masa coparticipable de impuestos se destinase "para atender el pago de las obligaciones nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios" (inciso "a" de la cláusula primera), al tiempo que solicitaba al Congreso la aprobación de la "reforma del régimen nacional de Previsión Social" (inciso "a" de la cláusula séptima), la privatización de YPF (inciso "b"), de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, Casa de la Moneda y Banco Nacional de Desarrollo (inciso "d").
    Kirchner, al igual que otros veinte gobernadores, firmó el acuerdo sin dejar sentada ninguna objeción. La única provincia que expresó una reserva fue la de Córdoba, a través de su vicegobernador Edgardo Grosso, quien precisó que la detracción del 15 por ciento de la coparticipación bruta "reviste el carácter de préstamo al Estado Nacional". Para los demás, Kirchner incluido, se trató de una cesión definitiva.
    Pero más allá de las posturas que tomaron los gobernadores hace dieciséis años, la detracción del 15 por ciento de la coparticipación para financiar el sistema previsional fue la muestra más contundente de los problemas de financiamiento del mal llamado sistema de reparto. Mal llamado reparto porque asegurar que los beneficios jubilatorios se financian con los aportes de los trabajadores activos, es una verdad a medias.
    El esquema básico de cualquier sistema de reparto se basa en la financiación de los haberes de los pasivos por medio de los aportes (personales y patronales) de los trabajadores activos. En los inicios, el sistema es altísimamente rentable, ya que los beneficiarios son pocos en relación con la cantidad de trabajadores en actividad.
    Hace aproximadamente medio siglo se estableció el 82 por ciento móvil, en referencia al porcentaje sobre el sueldo del activo equivalente que debería percibir un jubilado. Con aportes personales y patronales que totalizan un 27 por ciento de la nómina salarial, para que el sistema funcione tendría que haber más de 3 activos por pasivo, no solo por la evidente multiplicación 27 x 3= 81, sino porque el promedio de los trabajadores activos es forzosamente de menor edad que el de los pasivos y se supone que en el historial laboral de una persona los mejores ingresos tienen lugar sobre el final de su vida activa.
    Ese esquema fue erosionándose con el correr de los años debido a tres razones principales:
    * Ninguno de los gobiernos del último medio siglo tuvo éxito en la erradicación del trabajo informal o "en negro" y en más de un caso promovieron la desfinanciación previsional con el pago de "adicionales no remunerativos".
    * El crecimiento vegetativo de la población argentina viene experimentando un retroceso permanente desde hace ochenta años.
    * La expectativa de vida, en ese mismo lapso, muestra un aumento.
    En consecuencia, aun en etapas de pleno empleo, la ratio activo/pasivo se fue reduciendo hasta niveles en los que el financiamiento de la seguridad social por mecanismos de reparto se hizo insostenible. Hubo que echar mano, pues, a otras fuentes de financiación complementarias a los aportes personales y patronales. Y esa complementación se llevó a cabo a la tradicional usanza argentina en materia tributaria: parches sobre parches.
    En la actualidad, los recursos del sistema previsional nacional se reparten en partes casi iguales entre los aportes personales y las contribuciones patronales (52 por ciento) y una serie de deducciones de diferentes recursos impositivos (48 por ciento), a saber: el ya mencionado 15 por ciento de la coparticipación bruta, el 11 por ciento del IVA (cuando un jubilado va al supermercado, ¡está financiando su propia jubilación!), el 20 por ciento de Ganancias, el 21 por ciento de Combustibles y el 10 por ciento de Bienes Personales.
    De lo que se desprende que lo que desembolsa el Estado al régimen de reparto fuera de los aportes y contribuciones supera ampliamente lo que los funcionarios dicen que se financia a las AFJP. Sin ir más lejos, en 2007 fueron 35.000 millones de pesos en las deducciones de todos los impuestos mencionados. En catorce años, mucho más que los 100 mil millones de dólares que, según Amado Boudou, incidió el régimen de capitalización en el incremento de la deuda pública.
    En otras palabras, si el régimen fuera verdaderamente de reparto, las jubilaciones serían la mitad de lo que son en la actualidad. Y todo hace prever que tenderán a ser menos en el futuro, a no ser que se propongan más aumentos de impuestos. O aumentar la tasa de natalidad y reducir la esperanza de vida. Todo es posible en la dimensión argentina.

Marcelo Bátiz