Existe desde hace algún tiempo a nivel global una importante discusión entre Estado, sindicatos y diversas organizaciones sociales acerca de la necesidad de aumentar la edad jubilatoria. Sin ir más lejos, hace poco esa fue la nueva medida implementada por la administración Sarkozy, medida que ha de ser imitada en breve en otros países sin lugar a dudas.

Esta iniciativa obedece al resultado de estudios realizados por organismos competentes en torno al crecimiento progresivo de la población envejecida, tales como las Naciones Unidas que tomando el período 1950 y 2050 concluyeron que el incremento de la curva de envejecimiento terminará superando al final del mismo a las de jóvenes y niños.

Lo concreto es que las variaciones demográficas que están teniendo lugar en el planeta son realmente significativas en varios aspectos, pero en lo inherente a la incidencia sobre finanzas públicas, el envejecimiento poblacional, parece ser lo que más preocupa a los gobernantes al punto tal que es ahí donde toman las medidas concretas.

El mencionado informe de las Naciones Unidas observa además que están teniendo lugar cambios estructurales sustanciales, tanto como que la pirámide social se constituirá de jóvenes y niños mientras que en la base sólo habrá personas mayores de 65 años.

Esta estructura nunca se registró en la historia de la humanidad, y las consecuencias no sólo se reflejarán en la familia, las relaciones y la calidad de vida, sino también en la economía, su desarrollo, los tipos de actividades laborales, el consumo, el ahorro, la inversión, jubilaciones, pensiones, subsidios, transferencias de capital, migraciones, etc.

Entre los factores clave promotores de este fenómeno encontramos la decreciente tasa de nacimientos como consecuencia del ritmo de vida de las últimas décadas, enfermedades, guerras, terrorismo, cambio en los hábitos alimentarios, deterioro del medioambiente, cambio climático, consumo de drogas de manera cada vez más masiva, incremento de casos de muerte por hechos de violencia, aumento de accidentes automovilísticos, consumo de alcohol y nuevas enfermedades.

Si bien desde la perspectiva política el fenómeno es una buena noticia en tanto los adultos son quienes más atención prestan a campañas electorales y participan votando, el envejecimiento poblacional sumado al aumento de la perspectiva de vida que, paradójicamente se ha dado en la misma proporción en todo el globo, preocupa y mucho a los gobiernos por las erogaciones en las que debería incurrir a futuro como producto de una mayor cantidad de beneficiarios jubilados y pensionados, lo que les reduciría sus posibilidades de contar con mayor cantidad de recursos para “otros” fines. Paralelamente, por supuesto, la tasa del PEA (población económicamente activa) bajaría drásticamente, lo que produciría un fuerte impacto en las economías mundiales también.

Actualmente la edad promedio jubilatoria de los hombres es de 65 años y la de las mujeres entre 55 y 60, mientras que en las regiones subdesarrolladas suele ser menor, es decir, unos 60 a 62 años para el hombre y 52 a 56 para la mujer dado que la perspectiva de vida es menor.

En nuestro país puntualmente, las únicas dos formas que al menos se me ocurren a mi para que cierren las cuentas en el sistema previsional (27% entre aportes y contribuciones, el resto entre Bienes personales, IVA, deducción salario, coparticipación bruta, de ganancias, combustibles, etc.), serían incrementando los tributos (en alícuotas o creando nuevos, cuestión que suena más que descabellada considerando nuestro frankeinsteniano sistema tributario “regresivamente inequitativo”), o aumentando la edad jubilatoria.

En el primer caso, se deberían incrementar los montos de aportes y contribuciones, y en el segundo, correr la edad mínima para jubilarse hacia arriba.

El control de estos ingresos fiscales mediante el control del empleo en negro resulta de crucial importancia en este caso.

Si bien la presión tributaria nacional es alta, y se siguen implementando medidas de fiscalización fuertes, frente a una economía que no crece (mas allá de que nos pinten un Dalí en el sistema de cuentas nacionales), dificulta el cumplimiento tributario y favorece la creatividad de los evasores y las elusiones.

Los estudios realizados en los últimos años en la ONU sobre nuestro país, indicaron que estamos entre las poblaciones más envejecidas de Latinoamérica. Este dato surge de la relación que ese organismo hace otorgando más de un 7 % del total de la población con edades superiores a los 60 años para considerarla sociedad envejecida, y sabiendo que en Argentina el último censo dio un promedio de 13,7 % de personas con más de 60 años. Es decir que hacia el 2050 tendremos un 23 % aproximadamente de ciudadanos que superará esa edad. Los otros dos países de la región con similares porcentajes son Uruguay y Chile.

Por último, y sólo por mencionar a colación (si bien incide más en la tasa de mortalidad que en la tasa de envejecimiento), no es menos relevante considerar junto con estos datos el deplorable sistema de atención social en sus diferentes aspectos que padecen quienes hoy están jubilados por el sistema de reparto cobrando el haber mínimo, sistema que a juzgar por lo que se viene viendo parece estar en vías de extinción, no sólo en cuanto sus prestaciones, sino fundamentalmente porque lo siguen saqueando, lo que dejarían planteado un nuevo interrogante ¿existirá hacia el 2050 un “sector pasivo” en este bendito país?

Nidia G. Osimani